España cerrará el año con uno de los crecimientos más altos de la Unión Europea. El gobierno celebra la expansión del PIB, la recuperación del turismo y la fortaleza del mercado laboral. Pero detrás de ese éxito macroeconómico hay una realidad que incomoda a los analistas: el motor del crecimiento español son los migrantes, y lo son en condiciones que difícilmente pueden considerarse sostenibles.
Según los datos oficiales, más del 90% del aumento de la población activa en España proviene de trabajadores extranjeros. Son ellos quienes sostienen sectores enteros: agricultura intensiva, hostelería, construcción, cuidados domiciliarios y servicios urbanos. Sin embargo, muchos de estos empleos se caracterizan por salarios bajos, jornadas extensas y una precariedad que contrasta con la narrativa optimista del gobierno.
La paradoja es evidente: España crece porque incorpora mano de obra migrante, pero ese crecimiento se apoya en un modelo laboral que no garantiza movilidad social ni estabilidad. En regiones como Murcia, Almería o Valencia, la economía agrícola depende de trabajadores que viven en asentamientos informales; en Madrid y Barcelona, el auge del turismo se sostiene sobre camareros, repartidores y personal de limpieza que apenas llega a fin de mes.
Los economistas advierten que este modelo tiene límites. La productividad española sigue estancada, la inversión en innovación es insuficiente y la estructura salarial no acompaña el dinamismo del PIB. El país crece, sí, pero lo hace apoyándose en una fuerza laboral que no recibe los beneficios del crecimiento que genera.
En Bruselas, la lectura es doble: España demuestra capacidad de recuperación, pero también exhibe una fragilidad estructural que podría tensionar su cohesión social en los próximos años. La pregunta que queda abierta es si el país podrá transformar este impulso en un modelo más justo, o si seguirá dependiendo de un crecimiento que descansa sobre trabajadores invisibles.
