Mientras exige respeto absoluto a su soberanía, Brasil ignora la de sus vecinos, tolera una economía criminal que desestabiliza la región y negocia proyectos geopolíticos sin consultar al Perú. Es hora de abrir los ojos.
Desde hace décadas existe una fricción estructural entre dos grandes territorios: Estados Unidos y Brasil. El primero considera que su radio natural de acción es todo el continente americano; el segundo se percibe como potencia regional y dueño del espacio estratégico de Sudamérica. Esta tensión define buena parte de la política hemisférica contemporánea.
Hoy, Estados Unidos ha decidido intervenir en la región porque las instituciones latinoamericanas han sido corroídas por redes políticas que permitieron la expansión de una economía de la droga que mata jóvenes, destruye territorios y bloquea cualquier posibilidad real de desarrollo. Nos guste o no, Washington ha llegado para limpiar un escenario que la izquierda regional dejó desbordarse durante años. La pregunta es si Brasil piensa lo mismo. Todo indica que no.
La táctica —no estrategia— de Brasil ha sido tolerar la consolidación de dos estructuras criminales que ya funcionan como industrias nacionales: el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV). Estas organizaciones han creado una economía paralela que opera a vista y paciencia de las instituciones brasileñas. Compran cocaína barata 
en Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, la industrializan en Brasil y la venden a Europa multiplicando su valor por veinte. Usan armamento de guerra, controlan rutas transnacionales, lavan dinero en bancos brasileños y operan empresas brasileñas de cobertura. Mientras tanto, los países vecinos cargan con la producción, la violencia, la penetración territorial y las armas. Brasil, en cambio, se queda con las ganancias.
A esta contradicción se suma otra aún más profunda: la hipocresía de un país que pretende dar lecciones de desarrollo, combate al hambre y justicia social, mientras una parte de su economía se nutre del narcotráfico que desangra a sus vecinos. Brasil se presenta como modelo de inclusión y progreso, pero dentro de su territorio operan estructuras criminales que manejan miles de millones, lavan dinero en bancos nacionales, infiltran empresas de cobertura y sostienen redes logísticas que multiplican por veinte el valor de la cocaína andina. Es imposible hablar de “desarrollo” cuando la economía criminal funciona como industria paralela, y es imposible hablar de “combate al hambre” cuando esa misma economía se sostiene sobre la destrucción social de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Paraguay. Esta doble moral revela que el discurso brasileño de soberanía y justicia social no coincide con su práctica regional.
La hipocresía es evidente. Brasil exige respeto absoluto a su soberanía, pero no concede ese respeto a los demás. El caso Odebrecht es el ejemplo más claro: una empresa brasileña que corrompió instituciones en toda Latinoamérica sin que Brasil asumiera responsabilidad plena. Lo mismo ocurrió cuando Lula envió un avión gubernamental a Lima para recoger a su aliada política, Nadine Heredia, sin esperar la sentencia peruana, burlando la justicia y la soberanía del Perú. Y ahora, cuando Estados Unidos clasifica al PCC y al CV como organizaciones terroristas, el aparato estatal brasileño pega el grito en el cielo: “no violen nuestra soberanía, son solo traficantes”.
A esto se suma el proyecto geopolítico Brasil–China para construir un corredor bioceánico que atraviesa el Perú hasta Chancay. Un plan negociado entre potencias, no entre iguales. Perú, una vez más, no es consultado. La soberanía se ignora cuando conviene.
En este contraste, la “generosidad” de Trump, entendida como la capacidad de permitir que nuevas figuras políticas emerjan, se vuelve evidente. Trump grita, polariza, domina el escenario, pero no impide que surjan liderazgos como J.D. Vance o Marco Rubio. Lula, en cambio, actúa en silencio y ocupa todo el espacio del progresismo brasileño: no formó un delfín, no construyó sucesión, y se proyecta hacia un cuarto mandato como si fuera eterno. Uno, Trump, ejerce el poder con ruido, el otro, Lula, con discreción; pero solo uno permite que exista un futuro político más allá de sí mismo.
Frente a este panorama, cabe preguntarse: ¿cuáles son los volúmenes reales de esa economía criminal brasileña que han llevado a Estados Unidos a intervenir? ¿Qué magnitud tiene la infiltración financiera, logística y territorial del PCC y el CV para que Washington decida activar su legislación antiterrorista? La reacción brasileña revela la respuesta: si Estados Unidos toca esa estructura, toca también partes sensibles de la economía brasileña.
Mientras tanto, la región sigue atrapada en una cadena desigual:
Perú carga con la producción,
Bolivia con la logística,
Colombia con la violencia,
Ecuador con la penetración territorial,
Paraguay con las armas, y
Brasil, como “país mais grande do mundo”, se lleva las ganancias.
Entonces, no debemos aceptar discursos de soberanía de quienes jamás respetaron la nuestra. Ni permitirles que nos hablen de desarrollo quienes toleran una economía criminal que se nutre del narcotráfico y desangra a los jóvenes. No aceptemos lecciones de moral de quienes enviaron aviones para burlarse de las sentencias del Poder Judicial y negociaron corredores geopolíticos sin consultarnos. No debemos engañarnos por silencios diplomáticos que esconden industrias de violencia. La región está cambiando, las potencias se están moviendo, y no podemos seguir siendo territorio de paso ni víctima de la hipocresía ajena.
