¡¿Inmunidad Parlamentaria!?

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“Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe”, reza en el alma popular de los latinoamericanos para explicar que el delito nunca goza de impunidad infinita. Puede aplicarse también a los EEUU, donde no bastó la mayoría del Senado que aprobó el “empeachment” contra el expresidente republicano a través de subterfugios numéricos. 
En el Perú, los capitales informales, provenientes de la cocaína, contrabando fronterizo, empresas constructoras como Odebrechet que por décadas monopolizó obras públicas sobornando la pirámide gubernamental… crearon la conducta colectiva del delito como simple informalidad familiar. 

Por el momento es un avance que la ciudadanía peruana haya respaldado la eliminación de la inmunidad, atribución que tenía el legislador para impulsar la armonía en la convivencia social, pero que ha sido deformada en forma y fondo. De inmediato, las mafias del legislativo, se encarnaron en la estructura social del Perú, estaban preparándose para que el nuevo parlamento, a elegirse el 15 de Abril del 2021, (Bicentenario de la Independencia de la Corona Española), libere al jefe nacional de la corrupción: Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violación de DDHH y desbalance de fondos fiscales a su favor…. 

Bibliotecas enteras de las universidades con facultades de Derecho abordan el tema del “Poder” y sus derivaciones: impunidad, inmunidad, desgobierno…masificación. Sin duda no basta la eliminación de las leyes nacionales, si no desaparece la estructura del privilegio, que concede, implícitamente, libertad infinita para la “acumulación” del dinero y otros bienes. Viva el Liberalismo, abajo el Estatismo es otro dislate para justificar la inmunidad… 
En Brasil, por ejemplo, alarmante número de sus congresistas enfrenta acusaciones de conducta criminal. La mayoría de los países en desarrollo otorgan inmunidad judicial a los legisladores para disgusto de sus ciudadanos… 
En el Reino Unido, Estados Unidos y otros países conceden inmunidad “reducida”. Sus diputados pueden votar y hablar libremente en el Parlamento sin preocuparse por posibles demandas criminales. El concepto “amplio” de inmunidad es más controvertido: algunos legisladores afortunados disfrutan de inmunidad frente a todo tipo de persecución, que sólo se puede levantar con votación parlamentaria. 

La reciente liberación de un juicio del expresidente republicano pone en evidencia que urge revisiones de los procesos y porcentajes de la votación. Colombia, en 1982, mostró a un Pablo Escobar, el mayor narco de la historia, quien ganó la inmunidad después de su elección a la Cámara de Representantes de Colombia. 

The Times NY y The Economist coincidieron en señalar que las leyes de inmunidad causan estragos, pero también pueden ayudar a frenarlos a través de la salvaguardia de la separación de poderes. En una democracia frágil, como es el caso de América Latina, donde el estado de derecho es débil y el poder judicial es a menudo corrupto, los legisladores corren el riesgo de persecución por motivos políticos. Si no se controla, el ejecutivo puede detener a miembros de la oposición con el fin de aumentar su poder y reducir su responsabilidad. 

En el caso de los EEUU urge una nueva Constitución, porque las enmiendas no son suficientes para convivir en el siglo XXI. 
COROLARIO. La corrupción no permite el desarrollo integral de una sociedad, distorsiona el aparato productivo, privilegiando obras de construcción, lo que desalienta al contribuyente reduciendo la recaudación, condicionando procesos de privatización, y el alma nacional de una comunidad, de ciudadanía, de nacionalidad. 
En Estados Unidos, su carta magna de 1787, reconoce la inmunidad parlamentaria. “Los senadores y representantes recibirán por sus servicios una remuneración que será fijada por la ley y pagada por el tesoro de los Estados Unidos. En todos los casos, exceptuando los de traición, delito grave y perturbación del orden público, gozarán del privilegio de no ser arrestados durante el tiempo que asistan a las sesiones de sus respectivas Cámaras, así como al ir a ellas o regresar de las mismas, y no podrán ser objeto en ningún otro sitio de inquisición alguna con motivo de cualquier discusión o debate en una de las Cámaras” 
Pero el caso del ex presidente D. Trump, quien fue absuelto en su segundo juicio político (impeachment) en el Senado, no se alcanzaron los votos “suficientes” para que el fuera condenado por “incitación a la insurrección” por los eventos del 6 de enero en el Capitolio. 57 congresistas (50 demócratas y 7 republicanos) votaron a favor de condenar a Trump, mientras que 43 optaron por absolverlo. Eran necesarios 67 votos (dos tercios del Senado) para declarar culpable al exmandatario. Cifra mágica que reduce  la naturaleza deontológica de una Institución. 
Ese juicio político estaba relacionado a la actuación del expresidente cuando un grupo de sus seguidores asaltó el Capitolio el mismo día que el Congreso se reunía para certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de noviembre. En ese asalto, cinco personas perdieron la vida. 
El debate recién empieza … 
Fuentes; Biblioteca Digital del Congreso de Washington. Colegio de Abogados de Lima. Congreso regional de Arequipa, Perú. Biblioteca de La Habana, Biblioteca de la República Checa. Biblioteca de Emmitsburg, MD.