Se congela el proceso de adhesión de Turquía a la UE

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Tras una declaración del Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía, los eurodiputados Fabio Massimo Castaldo e Ignazio Corrao presentaron la siguiente Resolución.

Considerando que la Unión Europea y el Parlamento Europeo han condenado firmemente el golpe de Estado militar fallido en Turquía y que este país sigue siendo un país candidato a la adhesión a la Unión Europea; que el uso de medidas de represión en el marco del estado de excepción no son apropiadas para un país candidato y contravienen los valores democráticos en los que se basa la Unión Europea, así como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP);

Desde el intento de golpe de Estado, las autoridades han detenido a doce miembros de la Gran Asamblea Nacional Turca y a unos ciento cincuenta periodistas, incluido el periodista alemán Deniz Yücel, es el mayor número de periodistas detenidos en cualquier país en la actualidad; que 40.000 personas han sido detenidas, más de 31.000 siguen privadas de libertad, y 129.000 funcionarios siguen estando suspendidos (66.000) o han sido cesados (63 000), sin que hasta la fecha se hayan presentado cargos contra ellos; que muchos defensores de los derechos humanos, incluidos algunos altos funcionarios de Amnistía Internacional en Turquía también han sido detenidos; que estas privaciones de libertad constituyen un importante ataque contra las libertades políticas y la democracia en Turquía;

Considerando que los copresidentes, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, así como otros ocho diputados al Parlamento del partido HDP fueron detenidos por la policía turca el 4 de noviembre de 2016, tras la suspensión de su inmunidad de acuerdo con la ley votada el 20 de mayo de 2016; que, al menos cincuenta coalcaldes elegidos democráticamente han sido cesados, que, como mínimo, otros cuarenta coalcaldes han sido detenidos, y que el Gobierno ha nombrado a gestores al frente de la mayor parte de los municipios dirigidos por alcaldes del HDP.

Considerando que esta continua vulneración de los derechos humanos ejercida por el Gobierno turco anula la voluntad democrática de millones de electores y fragiliza la ya de por sí débil dinámica democrática local en el país;

Tras el intento de golpe de Estado, las autoridades turcas también han cerrado un gran número de medios de comunicación, han detenido a periodistas kurdos y a otros, y han prohibido que la gente escriba acerca de su opinión sobre la situación en Turquía; que el juicio contra los periodistas del diario Cumhuriyet constituye un ejemplo específico; que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) debe ser retirado de la lista de organizaciones terroristas de la UE;

Turquía no cumple todavía los criterios establecidos para la liberalización de los visados; en el marco del estado de excepción establecido tras el golpe de Estado fallido en julio de 2016, Turquía ha eliminado las garantías contra la tortura y los malos tratos; que personas acusadas de terrorismo o de estar vinculadas con el intento de golpe de Estado corren el riesgo de sufrir torturas durante la detención policial; a un gran número de personas en prisión en Turquía se les niega el acceso a un abogado;

Considerando que el apartado 5 del marco de negociación para la adhesión con Turquía dispone que, en caso de violación grave y persistente de los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, la Comisión puede recomendar la suspensión de las negociaciones y proponer las condiciones para su eventual reanudación; que Turquía ya no satisface de manera suficiente los criterios de Copenhague, puesto que no respeta los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea; que un cese temporal de las negociaciones comportaría que se congelaran las conversaciones en curso, no se abrieran nuevos capítulos, ni se emprendieran nuevas iniciativas en relación con la adhesión de Turquía;

Considerando que la invasión turca en Siria vulnera los criterios para ser un país candidato;

1.  Recuerda su petición, expresada en su anterior resolución sobre Turquía, de que las negociaciones de adhesión se congelen y solo se considere su reanudación cuando se haya restablecido el Estado de Derecho;

2.  Denuncia que, tal como anunció el Gobierno turco el 5 de enero de 2018, se haya prolongado el estado de emergencia;

3.  Condena firmemente la intervención militar turca en el noroeste de Siria, así como la violación de la integridad territorial y la soberanía de Siria que ya ha causado decenas de muertos y centenares de heridos, incluso entre la población civil; pide que se lleve a cabo un embargo de armas a Turquía; pide que se ponga fin de inmediato a la invasión y se retiren las tropas turcas de la región de Afrín;

4.  Condena enérgicamente todas las medidas –injustificadas sin reservas– adoptadas tras el golpe de Estado fallido de julio de 2016, que han conducido al encarcelamiento de miles de personas, incluidos funcionarios, jueces, abogados, periodistas, académicos, diputados del HDP, alcaldes, dirigentes de partidos políticos; también censura las detenciones provisionales basadas en criterios políticos o en sospechas infundadas de «enaltecimiento del terrorismo»; pide que se liberen inmediata e incondicionalmente a los copresidentes del partido HDP, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdağ, así como a todos los políticos, periodistas, académicos, defensores de los derechos humanos y, en particular a Taner Kiliç, presidente de Amnistía Internacional en Turquía, además de a todas las personas privadas de libertad sin pruebas de que se hallen individualmente implicadas en la comisión de un delito o sin cargos contra ellas;

5.  Expresa su profunda preocupación por la situación del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en Turquía; insta a Turquía a que suavice el tenso clima político tras el intento de golpe de Estado, que ha generado un ambiente en el que se limitan los derechos humanos y las libertades fundamentales, y, en particular, la libertad de expresión en los medios de comunicación y en Internet;

6.  Pide al Gobierno turco que revise —en consonancia con el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el acervo de la Unión y las prácticas de los Estados miembros– el marco jurídico turco en materia de terrorismo y de delincuencia organizada, así como su interpretación por los tribunales, los cuerpos de seguridad y los organismos encargados de hacer cumplir la ley, de manera que se garanticen el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la tutela judicial efectiva, y las libertades de expresión, reunión y asociación;

7.  Lamenta que Turquía utilice la cuestión de los migrantes y refugiados como una herramienta de negociación con la Unión, y pide a todas las partes que garanticen el respeto de todos los derechos humanos y el Derecho internacional en relación con los migrantes y refugiados; pide a la Unión, a los jefes de Estado y a los Gobiernos de los Estados miembros que revoquen la Declaración UE-Turquía, poniendo fin a este acuerdo sin condicionarlo al proceso de liberalización de visados;

8.  Pide al Gobierno turco que proteja los derechos humanos de todas las personas, incluidas aquellas que viven y trabajan en Turquía necesitadas de protección internacional;

9.  Condena enérgicamente el aumento del número de casos de tortura a los presos;

10.  Deplora el enfoque autoritario del presidente Erdoğan, no solo dentro, sino también fuera de Turquía, y los intentos de imponer medidas restrictivas y abusivas a los ciudadanos turcochipriotas y periodistas, siendo el periódico África, en Chipre, el ejemplo más reciente;

11.  Condena con la máxima firmeza posible todos los atentados terroristas perpetrados en Turquía, y respalda decididamente a la población turca;

12.  Censura toda forma de violencia y subraya que, para el futuro democrático de Turquía, también es necesaria una solución pacífica para la cuestión kurda, que solo podrá alcanzarse mediante la implicación de todas las partes y fuerzas democráticas interesadas; pide que se reanuden las negociaciones, para alcanzar una solución global y sostenible para la cuestión kurda; reitera su posición en cuanto a la eliminación del PKK de la lista de organizaciones terroristas de la UE;

13.  Condena cualquier regresión de los derechos de las mujeres en Turquía y, en particular, lamenta el proyecto de ley en el Parlamento turco que permitiría que los hombres acusados de violar a una mujer subsanen el delito si se casan con ella; deplora la declaración del presidente Erdoğan, según la cual liberará a las personas acusadas de violación para ganar espacio en las cárceles;

14.  Muestra su preocupación por las últimas declaraciones del presidente Erdoğan, según las cuales en Turquía no hay personas LGBTI; condena la declaración de la oficina del gobernador de Ankara, de 19 de noviembre de 2017, relativa a la decisión de prohibir definitivamente cualquier acto previsto por organizaciones LGBTI; expresa su inquietud porque, como consecuencia de ello, se han prohibido tres ediciones consecutivas del Pride Estambul y otras manifestaciones del orgullo en la región; lamenta el hecho de que tras la declaración, otras regiones han prohibidos actos LGBTI; destaca que esto constituye una grave vulneración de las libertades de expresión y de reunión consagradas en los artículos 26, 33 y 34 de la Constitución turca, así como en los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); pide a las autoridades turcas que deroguen inmediatamente la prohibición y restauren las libertades de expresión y reunión;

15.  Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y a los Estados miembros que actúen de forma inmediata para detener la invasión del noroeste de Siria y promuevan iniciativas destinadas a lograr una paz duradera en ese país; pide a la VP/AR que reaccione ante esta situación para garantizar el respeto de la democracia y los derechos humanos en Turquía;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Turquía.

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