Un Decreto Supremo que agrede la Constitución Peruana y los intereses de los peruanos.

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El recientemente nombrado presidente del Perú, por 66 votos gracias a la votación del Congreso de la República del Perú, Francisco Sagasti, ha firmado un Decreto Supremo los primeros días de diciembre del año en curso, 7 precisamente, que autoriza una preocupante concesión a una Inversión Extranjera Directa en el sector de la minería en el norte del país, en Piura, este Decreto Supremo ha sido publicado en el Diario Oficial El Peruano. Una empresa extranjera con el 99.9996% de acciones y una persona natural peruana con el 0.0004%

El DECRETO SUPREMO N° 027-2020-EM ha declarado de necesidad pública la inversión privada en la actividad minera y autorizan a la empresa minera con inversión extranjera y peruana a adquirir derechos mineros dentro de los cincuenta kilómetros de zona de frontera.

No obstante, el artículo 71 de la Constitución Política del Perú establece que, dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido y que se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente declarada por Decreto Supremo aprobado por el Consejo de Ministros.

La beneficiaria, es la empresa NUEVO ARCOIRIS S.A.C., conformada por TESORO MINERALS CORP., persona jurídica constituida bajo las leyes de Canadá, con un porcentaje de acciones de 99.9996%; y, a RAÚL ALFREDO FERREYRA MARTÍNEZ, persona natural de nacionalidad peruana, con un porcentaje de acciones de 0.0004 %. Para realizar sus actividades empresariales solicitan adquirir 9 derechos mineros ubicados en la zona de la frontera norte del país, en el departamento de Piura.

El Decreto Supremo argumenta que la industria minera es de utilidad pública y la promoción de inversiones en la actividad minera es de interés nacional; El DS considera que el interés en establecer la titularidad de los derechos mineros solicitados trasciende al interés privado, incidiendo de manera importante en el bienestar de la comunidad, toda vez que mediante dicha excepción se trata de lograr el desarrollo de las zonas de frontera, con el consiguiente aumento del nivel de vida en la zona de incidencia de las actividades mineras descritas en el presente DS.

Señala asimismo que esta pretensión cuenta con la opinión favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de fecha junio del presente año.

La Sociedad Peruana de Derecho Internacional se ha pronunciado rechazando este Decreto Supremo que viola abiertamente la Constitución. En poco tiempo el presidente Sagasti ha dado curso a acciones jurídicas con tanto riesgo de ser anuladas. Un Decreto Supremo que no toma en cuenta la opinión ciudadana, ni la de los pobladores, los cuales para llevar adelante esta IED, deberán ser transferidos a otro territorio.

Replicamos cuanto señala la Sociedad Peruana de Derecho Internacional sobre la motivación de la prohibición del artículo 71°, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en el 2009:

(…) este Colegiado determina que del tenor de la disposición constitucional se desprende que la prohibición comprende cualquier predio, tanto predios rurales como urbanos. Esto es así por cuanto: (i) La preservación del bien constitucional Seguridad Nacional (artículo 44° de la Constitución) exige tomar en cuenta que las zonas de frontera son las más susceptibles de ser afectadas por una invasión extranjera, la cual podría ser realizada de modo indirecto mediante la adquisición de terrenos en la zona por parte de extranjeros, en atención a lo cual requieren de una protección especial. Así, se justifica la restricción del derecho de propiedad a favor de la optimización de otro bien jurídico de relevancia constitucional, como lo es la Seguridad Nacional, que está directamente relacionada con la preservación de la soberanía del Estado.

Por su parte, Marcial Rubio (2012), en torno a la finalidad perseguida con la incorporación de esta norma constitucional, ha señalado lo siguiente:

En caso de un conflicto fronterizo, la faja de frontera esté bajo total e irrestricto control nacional sin que, eventualmente, los extranjeros puedan hacer daño al Perú tolerando al enemigo, permitiendo el espionaje, etcétera, mediante los derechos adquiridos en dichas zonas. Esta restricción, por tanto, es adecuada y necesaria para la seguridad nacional y deberá ser tratada dentro de la política general de fronteras a la que se refiere el artículo 44.

Asimismo, Francisco Eguiguren (2015) ha opinado que:

El origen de esta norma puede explicarse a partir de experiencias históricas vividas por el Perú. Por ejemplo, a raíz de conflictos bélicos del siglo XIX y XX con países vecinos, donde la participación de algunas empresas y personas extranjeras asentadas en zonas limítrofes y de frontera, brindó colaboración a actividades de agresión contra nuestro país. Responde pues a criterios de preservación de la seguridad interna, unidad territorial y defensa nacional.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la SPDI, “en mayoría, considera preocupante que estos Decretos Supremos puedan comprometer la soberanía nacional, así como su seguridad y defensa. La SPDI es promotora de la inversión extranjera, pero esta debe enmarcarse en la letra y espíritu de la Constitución.”

El gran experto en Inversiones Extranjeras Directas, Patrick JUILLARD Profesor Emérito de l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, cuando dictó el Curso sobre Inversiones en la Academia de La Haya, un joven africano lo increpó pues su país, Francia, tenía inversiones que ponía en riesgo la seguridad de su país, además, de obtener grandes ganancias dejando poco beneficio en la sociedad africana. La respuesta del prof. Patrick JUILLARD fue lapidaria, le señaló que él debía reclamar a los gobernantes de su país quienes no sabían o no querían tutelar, ni la seguridad de su país ni proporcionarles desarrollo. Estamos advertidos.