Carta de Mario Draghi. Deuda pública y Ocupación

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La pandemia de Coronavirus es una tragedia humana de proporciones potencialmente bíblicas. Muchas personas hoy viven con miedo a sus vidas o lloran a sus seres queridos. Las acciones que los gobiernos están tomando para evitar la crisis en sus sistemas de salud son valientes y necesarias, y deben ser apoyadas.

Sin embargo, estas acciones también conllevan costos económicos enormes e inevitables. Muchas personas arriesgan sus vidas, y muchas más arriesgan perder sus medios de vida. En el frente económico, las noticias empeoran cada día. Las empresas de todas las industrias se enfrentan a una caída en los ingresos, y muchas ya se están reduciendo y despidiendo trabajadores. Una recesión profunda es inevitable.

El desafío que enfrentamos es cómo actuar con suficiente fuerza y ​​velocidad para evitar que la recesión se convierta en una depresión prolongada, agravada por una gran cantidad de fallas que dejarán daños irreparables. Ya ahora está claro que la respuesta que tendremos que dar a esta crisis debe implicar un aumento significativo de la deuda pública. La pérdida de ingresos en el sector privado, y todas las deudas en que se incurrirá para compensarlo, deben absorberse, total o parcialmente, de los presupuestos públicos. Niveles de deuda pública mucho más altos se convertirán en una característica permanente de nuestras economías e irán de la mano con medidas de cancelación de deuda privada.

El papel del Estado es precisamente utilizar el presupuesto para proteger a los ciudadanos y la economía de los choques de los cuales el sector privado no es responsable y que no puede absorber. Los Estados siempre lo han hecho durante las emergencias nacionales. Las guerras, el precedente más importante, se financiaron con el aumento de la deuda pública. Durante la Primera Guerra Mundial, solo una parte de entre el 6 y el 15% del gasto militar de Italia y Alemania se financió con impuestos, mientras que en Austria-Hungría, Rusia y Francia, los impuestos nunca se utilizaron para pagar los enormes costos de la guerra. Años de guerra y apalancamiento obligatorio han erosionado la base impositiva de todos los países del mundo. Hoy sucede lo mismo con la pandemia y el consiguiente bloqueo de muchos países.

La pregunta fundamental no es si, sino cómo el Estado puede hacer un buen uso de su presupuesto. La prioridad, de hecho, no solo debe ser proporcionar ingresos básicos para quienes pierden sus empleos, sino que antes que nada deben proteger a las personas en riesgo de perder su empleo. Si no hacemos esto, saldremos de esta crisis con una ocupación y una capacidad de producción dañados permanentemente, pero las familias y las empresas tendrán dificultades para reorganizar los balances y reconstruir el capital.

Los subsidios de empleo y de desempleo y la postergación de los plazos fiscales son pasos importantes que ya han sido introducidos por muchos gobiernos, pero proteger el empleo y la capacidad productiva en un momento de pérdida dramática de ingresos requiere un apoyo inmediato en términos de liquidez. Es un paso esencial para que todas las empresas puedan cubrir los costos de gestión durante la crisis, tanto para las grandes empresas como, aún más, para las pequeñas y medianas empresas, para los trabajadores y los empresarios autónomos. Varios gobiernos ya han introducido medidas positivas para canalizar la liquidez a las empresas en dificultades, pero se necesita un enfoque más global.

Los países europeos tienen diferentes estructuras financieras e industriales, por lo tanto, la única forma efectiva de poder llegar a cada grieta en la economía es movilizando todos sus sistemas financieros: los mercados de bonos, principalmente para las grandes empresas, los sistemas bancarios y los sistemas postales en algunos países. Todo esto debe hacerse de inmediato, sin demoras burocráticas. Los bancos en particular se expanden a todos los rincones del sistema económico y pueden crear dinero instantáneamente, permitiendo sobregiros o abriendo líneas de crédito.

Esta es la razón por la cual los bancos deben comenzar rápidamente a prestar fondos sin costo a las empresas que desean salvar empleos, y dado que de esta manera se convierten en un vehículo para las políticas públicas, el capital que necesitan para llevar a cabo esta actividad debe ser provisto por el gobiernos, en forma de garantías estatales sobre cualquier otra línea de crédito o préstamo. Ningún obstáculo, ni de carácter regulatorio ni de garantías, debe obstaculizar la creación, en los balances de los bancos, de todo el espacio necesario para este fin. Además, el costo de estas garantías no debe basarse en el riesgo crediticio de la empresa que se beneficia de ellas, sino que debe ser igual a cero independientemente del costo de financiamiento del país que las emite.

Sin embargo, las empresas no tienen que recurrir al apoyo de liquidez simplemente porque el crédito será asequible. En algunos casos, por ejemplo, en el caso de empresas con una acumulación de pedidos atrasados, las pérdidas serán recuperables y, por lo tanto, la deuda se podrá pagar. En otras áreas, probablemente no será posible.

Algunas empresas pueden absorber la crisis por un corto período de tiempo, endeudarse para mantener a su personal en el negocio, pero las pérdidas que acumularían de esta manera corren el riesgo de poner en peligro su capacidad de invertir en el futuro. Además, si el brote de virus y los bloqueos relacionados persistieran por más tiempo, realmente estas compañías podrían permanecer en el negocio solo en la medida en que la deuda acumulada para mantener a sus empleados en el trabajo hasta ese momento fuese cancelara.

Hay dos hipótesis: o los gobiernos compensan directamente los gastos de quienes están endeudados, o compensarán las garantías de los insolventes. De los dos, siempre que se pueda contener el riesgo moral, la primera hipótesis es mejor para la economía, mientras que  la segunda será probablemente menos gravosa para los presupuestos. Si se quieren proteger los empleos y la capacidad productiva, en ambos casos los gobiernos tendrán que absorber una gran parte de la pérdida de ingresos causada por el cierre del país.

La deuda pública crecerá, pero la alternativa, la destrucción permanente de la capacidad de producción y, por lo tanto, de la base impositiva, sería mucho más perjudicial para la economía y, en última instancia, para la credibilidad de los gobiernos. También debe recordarse que, a la luz de los niveles actuales y los posibles niveles futuros de las tasas de interés, el aumento de la deuda pública no implicará costos de servicio.

Desde cierto punto de vista, Europa está bien equipada para hacer frente a esta crisis extraordinaria: tiene una estructura financiera granular, capaz de canalizar fondos hacia cualquier rama de la economía que lo necesite. El sector público es fuerte y capaz de dar una respuesta política rápida. Y la velocidad es esencial para ser eficaz.

Ante la imprevisibilidad de las circunstancias, se necesita un cambio de mentalidad, al igual que el operado en tiempos de guerra. La crisis a la que nos enfrentamos no es cíclica, la pérdida de ganancias no es culpa de nadie que la padezca. Dudar ahora puede tener consecuencias irreversibles: el recuerdo de los sufrimientos europeos durante la década de 1920 sirva como una advertencia.

La velocidad con la que se deterioran los presupuestos privados, debido al cierre inevitable y deseable de muchos países, debe abordarse con la misma rapidez en el despliegue de las finanzas públicas, la movilización de los bancos y el apoyo mutuo, como europeos, para enfrentar esta que es, evidentemente, una causa común.

El autor de esta carta es Mario Draghi, quien fuera Presidente del Banco Central Europeo.
Traducción Panorámical.eu

 

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