La constante actuación del Secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha permitido encontrarnos en este momento con informes y pruebas, aún cuando muchos pensaron en la bondad del proyecto Chavista actuado por Maduro.

En el Tercer Informe sobre la Situación en Venezuela, del 19 de julio de 2017, el Secretario General Almagro señaló la existencia de “evidencias que apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano en una campaña planificada para aplastar la oposición al Régimen.”

El 14 de septiembre de 2017, el Secretario General designó un Panel de Expertos Internacionales Independientes con la tarea de analizar si existe una base razonable para establecer que si el Gobierno de Venezuela, durante el mandato del Presidente Nicolás Maduro, ha cometido crímenes de lesa humanidad, y determinar si hay fundamento para remitir la situación a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional.

Venezuela es Estado Parte del Estatuto de Roma desde el 1 de julio de 2002.

El Panel de Expertos Internacionales Independientes ha recomendado que:

• Se remita el Informe a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional para que ésta abra una investigación de los crímenes presentados en este Informe.
• El Secretario General invite a los Estados Parte en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la Fiscalía de la CPI, y a que pidan a la Fiscal la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad que se recogen en este Informe, de conformidad con lo que establece el Artículo 14 del Estatuto de Roma.

El Informe se divide en dos partes.

La Parte I, redactada por la Secretaría General de la OEA, tiene como base los testimonios de los testigos que comparecieron en tres rondas de audiencias públicas organizadas por la Secretaría General; de las declaraciones de las víctimas y los familiares de las víctimas presentadas a la Secretaría General, así como de documentos escritos y otras evidencias enviadas por diversas organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales, y por organizaciones intergubernamentales; se ha utilizado además información públicamente disponible.

La Parte II del Informe fue redactada por el Panel de Expertos Internacionales Independientes, y en ella se presenta una evaluación jurídica de los méritos para remitir la situación en Venezuela a la Corte Penal Internacional. Se expone el análisis meticuloso e imparcial realizado por el Panel de la información y las evidencias contenidas en la Parte I del Informe, así como de otros documentos recopilados y evaluados por el Panel, y se incluye un examen de la jurisprudencia y los precedentes internacionales pertinentes.

Se analiza la jurisprudencia internacional pertinente y se evalúan los requisitos, incluidas las cuestiones de jurisdicción de la CPI, admisibilidad, los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad, y los actos propiamente dichos.

Más de 12.000 venezolanos han sido detenidos arbitrariamente desde la elección del Presidente Maduro en 2013, lo que arroja una media de unas siete personas al día, todos los días desde su elección.

El número de presos políticos en Venezuela es el más elevado desde la dictadura militar de la década de 1950; en el momento álgido de las protestas de 2017 había 676 presos políticos. Después de estabilizarse en torno a 220 en los primeros cuatro meses de 2018, el número de presos políticos se disparó en las semanas previas a las fraudulentas elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Al 13 de mayo de 2018, había 338 presos políticos tras las rejas. Desde 2013, ha habido más de 1.300 presos políticos. Los centros de detención funcionan de manera autónoma, y habitualmente se ignoran las órdenes de liberación de los presos emitidas por los tribunales. Se han presentado también pruebas que revelan la complicidad criminal de jueces y fiscales al ordenar esos arrestos arbitrarios, encarcelaciones y privaciones de libertad.

El delito de persecución por motivos políticos ha estado presente en todos los crímenes de lesa humanidad plasmados en este Informe, e invocando las violaciones de los derechos a la vida, la libertad personal y la integridad personal. Asimismo, el Panel estima que existe fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se dan los elementos del delito de lesa humanidad de persecución fundada en motivos políticos, de conformidad con lo que establece el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma.

El Panel ha evaluado la información presentada respecto de la crisis humanitaria y estima que la utilización de la crisis como instrumento de política para presionar a un segmento de la población que está en la oposición, o que es considerada opositora al Régimen, así como la negación de la crisis por parte del gobierno y su negativa de aceptar asistencia humanitaria, constituye múltiples violaciones de derechos fundamentales, como el derecho a la vida; el derecho a la integridad personal; el derecho a la salud, y el derecho a la alimentación, y que por consiguiente se trata de un delito de persecución fundada en motivos políticos, comprendido en el ámbito de actuación del Panel.

En conclusión, habiendo recibido y evaluado un volumen considerable de información de diferentes fuentes, el Panel de expertos – Santiago Cantón (Argentina), Irwin Cotler (Canadá), y Manuel Ventura Robles (Costa Rica), ha  estimado que «existe fundamento suficiente que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, de conformidad con lo que establece el Artículo 7 del Estatuto de Roma. El Panel recomienda que el Secretario General de la OEA remita este Informe y la evidencia recopilada por la Secretaría General a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional para su investigación. Asimismo, el Panel recomienda que el Secretario General de la OEA invite a los Estados Parte del Estatuto de Roma a que soliciten la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad expuestos en este Informe, y a que remitan a la Fiscal de la Corte Penal Internacional la situación en Venezuela, que es un Estado Parte de la Corte, todo de conformidad con el Artículo 14 del Estatuto de Roma.»

El Artículo 7 del Estatuto de Roma establece que se entenderá como crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos que enuncia “cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de ese ataque.”