Comunicado de la Oficina del Secretario General sobre el Proceso Electoral en Venezuela e Informe de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia/Departamento de Cooperación y Observación Electoral
30 de julio de 2024
En el día de la fecha la Oficina del Secretario General recibió el informe del Departamento de Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA respecto al proceso electoral presidencial en Venezuela en 2024, el cual se adjunta al presente comunicado.
La peor forma de represión, la más vil, es impedirle al pueblo soluciones a través de elecciones. La obligación de cada institución de Venezuela debía ser asegurar la libertad, la justicia, la transparencia del proceso electoral. El pueblo debía de contar con las máximas garantías de libertad política para poder expresarse en las urnas, y proteger los derechos de los ciudadanos a ser elegidos.
A lo largo de todo este proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano de su esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, haciendo que ese resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. La misma continúa hasta el día de la fecha.
El régimen madurista se burló de importantes actores de la comunidad internacional durante estos años y nuevamente se fue a un proceso electoral sin garantías, ni mecanismos y procedimientos para hacer valer esas garantías. El manual completo del manejo doloso del resultado electoral fue aplicado en Venezuela la noche del domingo, en muchos casos de manera muy rudimentaria.
Se ha hablado de auditoría o de reconteo de actas de un material electoral que no ha tenido las menores condiciones de seguridad y de control. Asimismo, debemos tener presente que, respecto a auditorías, el régimen está atrasado por lo menos 11 años, cuando se comprometió con UNASUR (en reunión del 18 de abril de 2013 en Lima) a hacer una auditoria del 100% de las actas del proceso electoral del 14 de abril 2013. Es obvio decir que la misma nunca se cumplió. Es obvio que una nueva burla sería inadmisible.
Teniendo en cuenta que el comando de campaña opositor ya presentó las actas por las que habría ganado la elección y el madurismo, incluido el CNE aún no ha podido presentar las actas por las que habría ganado lo cual a esta altura sería risible y patético sino fuera trágico; en este contexto resulta imperioso conocer sobre la aceptación de Maduro de de las actas en poder de la oposición y en consecuencia aceptar su derrota electoral y abrir el camino al retorno a la democracia en Venezuela. De no hacerlo, sería necesaria la realización de nuevas elecciones, pero en este caso con las MOEs de la Unión Europea y la OEA presentes y un nuevo CNE para que se reduzca el margen de irregularidad institucional que plagó este proceso.
La carga de las injusticias sobre el pueblo de Venezuela continúa, ese pueblo es víctima una vez más de la represión, sin lugar a dudas la característica gubernamental más relevante, fruto de una gestión ineficiente que ha sembrado las más graves crisis humanitaria y migratoria que ha conocido la región.
No hace tanto el Secretario General Luis Almagro expresó que “Ninguna revolución” “puede dejar a la gente con menos derechos de los que tenía, más pobre en valores y en principios, más desiguales en las instancias de la justicia y la representación, más discriminada dependiendo de dónde está su pensamiento o su norte político.”
El Secretario General asimismo expresa que lamenta la falta de memoria acumulativa de actores de la comunidad internacional lo cual lleva sistemáticamente a repetir errores, así como a obliga a la Secretaría General a reiterar pronunciamientos y conceptos vertidos desde hace mucho tiempo.
Resumen del Informe sobre las Elecciones Presidenciales en Venezuela – 2024
1. Introducción
El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó un informe el 30 de julio de 2024, en el que concluye que, en las circunstancias actuales, no pueden reconocerse los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclaman ganador a Nicolás Maduro en la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
Más de seis horas después del cierre de la votación, el CNE realizó un único anuncio en conferencia de prensa, indicando que había procesado el 80% de las mesas de votación y declarando ganador al candidato oficialista, sin otorgar el detalle de las mesas procesadas, sin publicar las actas y brindando únicamente los porcentajes agregados de votación que habrían recibido las principales fuerzas políticas. El CNE falsamente calificó estos datos como “irreversibles”. Las cifras publicadas en el canal oficial revelaron, además, errores aritméticos.
2. Contexto Pre-Electoral
El 5 de marzo de 2024, el CNE anunció que las elecciones presidenciales se llevarían a cabo el 28 de julio de 2024. La elección presidencial se desarrolló en un clima de intensa polarización y desconfianza hacia el sistema electoral. La desaparición de la frontera entre el Estado, el gobierno y el partido oficialista se tradujo en el control gubernamental de todas las instituciones públicas, incluyendo el poder legislativo, el sistema judicial, el ejército, la policía, el servicio de inteligencia, el CNE y distintos medios de comunicación. A esto se sumó la presencia de grupos armados paraestatales ligados al oficialismo, según documentaron diversas organizaciones nacionales e internacionales.
Desde antes de la jornada electoral, la elección presidencial se caracterizó por una sucesión de obstrucciones arbitrarias al ejercicio del sufragio activo y pasivo, en la forma de artilugios ilegales, intimidación, violencia, detenciones, expulsiones, inhabilitaciones, trabas burocráticas, uso electoral del aparato estatal y otro arsenal de obstáculos a la manifestación libre de la voluntad popular. Estas acciones buscaron inclinar la balanza a favor del oficialismo, desalentar y amedrentar a la oposición, engañar y confundir al electorado y, en general, burlar la normativa electoral y los acuerdos alcanzados en un amplio proceso de negociación con acompañamiento internacional.
3. Irregularidades en el Proceso Electoral
El 28 de julio de 2024, el CNE proclamó a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales, pero el DECO no reconoce estos resultados debido a múltiples irregularidades. Seis horas después del cierre de las urnas, el CNE realizó un único anuncio en conferencia de prensa, indicando que había procesado el 80% de las mesas de votación y declarando ganador al candidato oficialista, sin otorgar el detalle de las mesas procesadas, sin publicar las actas y brindando únicamente los porcentajes agregados de votación que habrían recibido las principales fuerzas políticas. El CNE calificó falsamente estos datos como “irreversibles” y las cifras publicadas en el canal oficial revelaron errores aritméticos.
Desde las vísperas de la elección y durante toda la jornada, millones de venezolanas y venezolanos acudieron a las urnas de forma pacífica y masiva, dentro del país y en distintas ciudades en el exterior. A pesar de que menos de 70 mil personas estaban habilitadas para votar en el extranjero, de un electorado potencial de alrededor de cinco millones, la Venezuela migrante se hizo presente en manifestaciones y concentraciones en varias partes del mundo. Aunque no pudieron ejercer su voto, sí ejercieron su voz con convicción. El cuestionable comportamiento del gobierno y del CNE resulta especialmente lamentable frente al entusiasmo ciudadano demostrado en esta elección.
4. Inhabilitación de Candidatos
La ex diputada María Corina Machado, quien ganó las primarias de la oposición con más del 90% de los votos, fue inhabilitada para ejercer cargos públicos debido a supuestas irregularidades administrativas, lo que dejó pocas dudas sobre la instrumentalización política del ente contralor. Desde el cambio de siglo, pero especialmente desde 2018, la inhabilitación de partidos políticos y de candidaturas ha limitado la pluralidad política en Venezuela, en esencia reduciendo las opciones electorales al partido de gobierno, figuras afines al oficialismo o candidaturas de la oposición con poco respaldo popular. Organizaciones de la sociedad civil registran más de 1,400 ciudadanos inhabilitados para el ejercicio de la función pública desde 2002.
5. Detenciones y Persecuciones
Hasta el 25 de julio de 2024, la organización no gubernamental Foro Penal registraba 135 arrestos arbitrarios por razones políticas, cifra que aumentó en los días siguientes. La mayoría de los detenidos estaban vinculados a la líder de oposición María Corina Machado. También se giraron órdenes de detención contra seis directivos de la campaña de Machado, quienes se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina desde abril. El día de la votación, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) aprehendió a un miembro del comando de la campaña nacional de Machado, quien se encontraba realizando actividades de logística en un municipio del estado Miranda.
6. Voto en el Extranjero
El registro electoral para los venezolanos en el extranjero fue extremadamente limitado, con solo 69,211 votantes habilitados, una disminución respecto al año anterior. Este bajo registro se atribuyó a barreras legales y operativas, y a decisiones arbitrarias del CNE. La capacidad planificada para el proceso de inscripción fue diseñada con la intención de discriminar a los venezolanos en el extranjero. En el mejor escenario, el proceso estaba concebido para permitir la inscripción de tan solo el 3.5% de los venezolanos en edad de votar en el extranjero, pero finalmente se inscribió apenas el 0.16%.
7. Transparencia y Observación Electoral
La transparencia y la apertura a la observación nacional e internacional constituyen pilares fundamentales de todo proceso electoral democrático. La legitimidad de los resultados emana no sólo de la investidura de los órganos electorales, sino también del escrutinio al proceso y la capacidad de las propias fuerzas políticas y de la ciudadanía en general de verificar que el proceso se conduce conforme con reglas claras, estables, justas y comunes a todos los actores.
En el sistema venezolano, los testigos actúan como veedores del proceso electoral, representando a los partidos, movimientos y grupos ciudadanos que inscriben candidaturas. La participación de los testigos está asegurada por la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) en el artículo 157 y su reglamento a partir del artículo 446. Aunque los miembros de mesa son las autoridades principales en los centros de votación, la ley establece que los testigos no pueden ser limitados en su actividad por los funcionarios de los organismos electorales subalternos. Esto significa que cada testigo tiene el derecho de observar el proceso electoral y de exigir que se registre en el acta correspondiente cualquier observación sobre posibles irregularidades.
Para estas elecciones, el CNE acreditó como observadores nacionales a cuatro organizaciones de la sociedad civil: la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE), la Fundación Proyecto Social, la Asociación Venezolana de Juristas y el Centro Internacional de Estudios Superiores. El CNE no acreditó al Observatorio Electoral Venezolano (OEV), dejando sin respuesta la solicitud de acreditación. La labor de las y los observadores internacionales, que han sido reconocidos por la CIDH como defensores de los derechos humanos, fue también obstaculizada. El Acuerdo de Barbados contemplaba el compromiso de invitar misiones técnicas de observación electoral de determinados organismos, incluidos la Unión Europea (UE), el Panel de Expertos Electorales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y el Centro Carter, “sin perjuicio del derecho de los actores políticos a invitar acompañantes nacionales e internacionales”. De estas organizaciones, únicamente el Panel de Expertos Electorales de la ONU y el Centro Carter efectivamente desplegaron misiones acotadas en territorio venezolano, aunque con restricciones considerables al ejercicio libre de sus funciones.
8. Post-Elección
El DECO concluyó que no se pueden reconocer los resultados debido a la acumulación de irregularidades que comprometieron la integridad del proceso electoral. Nicolás Maduro y otros altos funcionarios realizaron declaraciones que aumentaron la tensión y la desconfianza en el proceso electoral. Maduro advirtió sobre un posible «baño de sangre» si no ganaba la reelección, lo que fue visto como una amenaza para la estabilidad y la paz en el país.
Durante la campaña electoral y la jornada de votación, hubo numerosos ataques y restricciones a los medios de comunicación, con cierres de estaciones de radio, bloqueos de sitios web y detenciones de periodistas. Estas acciones limitaron severamente la libertad de expresión y el acceso a la información para los ciudadanos venezolanos.
9. Uso del Aparato Estatal y Clientelismo
La ausencia de una ley específica que defina claramente las reglas de la campaña electoral ha sido abordada a través de normativas como el Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y diversas resoluciones emitidas por el CNE en cada evento, incluyendo aquellas sobre publicidad y acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, estas normativas son vagas en cuanto al uso de recursos públicos para financiar campañas electorales y apenas establecen sanciones efectivas.
Una de las denuncias más frecuentes de las fuerzas opositoras y de diversas iniciativas de la sociedad civil fue la severa inequidad en la contienda, en particular el desequilibrio en la cobertura de los medios—con discursos de odio hacia el candidato opositor Edmundo González—y el uso de recursos públicos con fines electorales, junto con la falta de acción del CNE para frenar estos abusos. Organismos públicos difundieron mensajes que ensalzaban la candidatura de Maduro, mientras la propaganda de la oposición fue limitada y censurada, violando la normativa electoral vigente.
10. Conclusiones del DECO
Dada la suma de irregularidades, el DECO determinó que no se puede otorgar reconocimiento democrático a los resultados oficiales anunciados por el CNE. El informe sugiere la necesidad de reformas profundas en el sistema electoral venezolano para garantizar procesos transparentes, equitativos y justos, y destaca la importancia de la observación electoral independiente como garantía de la legitimidad democrática.
