CIM: Declaración de Panamá

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COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES

CIM/DEC. 17 (XXXIX-O/22)

Declaración de PANAMÁ

“TENDIENDO PUENTES PARA UN NUEVO PACTO SOCIAL Y ECONÓMICO LIDERADO POR MUJERES”

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 26 de mayo de 2022) (versión pendiente de revisión por la Comisión de Estilo)

LAS DELEGADAS TITULARES Y ALTERNAS ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MU- JERES DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (CIM/OEA), reunidas en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, los días 25 y 26 de mayo de 2022 en ocasión de la Trigésima Novena Asamblea de Delegadas de la CIM;

TENIENDO PRESENTE:

Los derechos consagrados en instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos y su carácter universal, indivisible e interdependiente;

Los derechos consagrados en instrumentos internacionales y regionales de igualdad de género y derechos de las mujeres, principalmente la Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos a la Mujer (1948, OEA), la Convención sobre la Elimi- nación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979, ONU, CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994, OEA, Convención Belém Do Pará), el Convenio sobre igualdad de remuner- ación (1951, OIT, C100), y el Convenio sobre la protección de la maternidad (2000, OIT, C183), así como de las recomendaciones y observaciones generales de los órganos de seguimiento a estos instrumentos, cuando corresponda;

Los compromisos establecidos en instrumentos políticos internacionales y regionales sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres, principalmente la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Declaración y Programa de Acción de la Con- ferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993), la Declaración y Plataforma de Ac- ción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995, Beijing), la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad (2000), el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mu- jer y la Equidad e Igualdad de Género (2000, PIA), la Carta Democrática Interamericana (2001), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015, Agenda 2030 y ODS) y las Estrategias y Compromisos adoptados por la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe; y

Los compromisos adquiridos mediante las Declaraciones de la Asamblea de Delega- das de la CIM, incluyendo sobre el Fortalecimiento de los Mecanismos Nacionales de la Mujer (Santiago, 2008), Mujeres y poder (Ciudad de México, 2010), el Empoderamiento económico y político de las mujeres (San José, 2012), los Derechos económicos de las mujeres (Lima, 2016) y los Derechos políticos de las mujeres (Santo Domingo, 2019).

RECORDANDO ESPECIALMENTE:

Que la CIM, desde su fundación en 1928, ha sido el espacio multilateral por excelencia para la igualdad de género y los derechos de todas las mujeres, en el que se construyen consensos para avanzar en esta agenda como la piedra angular sobre la cual se ha construido el programa de trabajo de la Comisión;

El Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad e Igualdad de Género (2000), adoptado por la Asamblea General de la OEA, otorgó a la CIM los mandatos de:

  1. “Fortalecer a la CIM como principal foro generador de políticas hemisféricas para la promoción de los derechos de la mujer y la igualdad de género, y dotarla de recursos técnicos, humanos y financieros, inclusive por medio de contribuciones voluntarias, a fin de que promueva las iniciativas necesarias para implementar los objetivos y hacer el seguimiento de este programa” (Línea de acción 1.7);

  2. “Hacer de la cooperación internacional y de la cooperación horizontal entre los Estados Miembros, uno de los instrumentos de implementación del presente programa” (Objetivo General 3);

  3. “Fortalecer las relaciones y fomentar las actividades de cooperación solidaria y de coordinación con otros órganos regionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en las Américas” (Objetivo General 4); y

  4. “Desarrollar con las organizaciones de la sociedad civil acciones para: a) Promover esfuerzos conjuntos con organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil a fin de establecer acciones para la efectiva aplicación, seguimiento y evaluación de políticas, programas y proyectos dirigidos a promocionar los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género, y b) Realizar estudios y análisis sobre el estado que guarda la aplicación de los derechos humanos de las mujeres en los respectivos países” (Línea de acción 2.2.5);

La Declaración de Lima sobre la Igualdad y la Autonomía en el Ejercicio de los Derechos Económicos de las Mujeres (2016), adoptada por la XXXVII Asamblea de Delegadas de la CIM, que consolidó una serie de compromisos y mandatos en torno a temas clave: i) la identificación de brechas y barreras persistentes y el diseño de medidas para cerrarlas; ii) la inserción laboral de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia; iii) la valoración económica y social del trabajo no remunerado en el hogar, en particular el trabajo de cuidados y la promoción de la corresponsabilidad; y iv) el liderazgo de las mujeres en la planificación, la asignación de recursos y la formulación de políticas en el ámbito económico; y

La Declaración de Santo Domingo sobre la Igualdad y la Autonomía en el Ejercicio de los Derechos Políticos de las Mujeres para el Fortalecimiento de la Democracia (2019), adoptada por la XXXVIII Asamblea de Delegadas de la CIM, que consolidó una serie de compromisos y mandatos en torno a cuatro temas clave: i) la paridad; ii) el liderazgo de las mujeres; iii) la violencia contra las mujeres en la vida política; y iv) la gobernanza electoral con perspectiva de género.

TOMANDO NOTA:

De la adopción de la resolución AG/RES. 2976 (LI-O/21) “Promoción y protección de derechos humanos” por la Asamblea General de la OEA en su quincuagésimo primer período ordinario de sesiones, (octubre de 2021), particularmente el capítulo xii “Fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) para la promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres”, el cual:

  1. instó a la CIM a que analizara “…las brechas existentes, mismas que se han acentuado en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, con el fin de ofrecer medidas y/o estrategias para … avanzar hacia la igualdad, el empoderamiento y la plena realización de la autonomía de todas las mujeres, respetando y valorando la plena diversidad de las situaciones y condiciones en que se encuentran”; y

  2. solicitó a la CIM que profundizara “…la transversalización del enfoque de género a través de la identificación de nuevos sectores y alianzas de trabajo y la protección y el fortalecimiento de los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de la Mujer como rectoras de las políticas nacionales de igualdad”; y

Del Informe de la Presidenta (CIM/doc.06/22) y del Informe de la Secretaría Ejecutiva de la CIM (CIM/doc.07/22) sobre la implementación del Plan Estratégico 2016-2021 de la CIM y del posicionamiento y los avances logrados en términos del fortalecimiento y la visibilización del rol de la CIM como foro político hemisférico para los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

RECONOCIENDO:

Que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en toda su diversidad son claves para el efectivo ejercicio de sus derechos humanos y para el logro de su plena autonomía, su participación igualitaria en la toma de decisiones, fortaleciendo su rol y contribución como sujetas activas de la democracia y el desarrollo;

Que desde un enfoque de interseccionalidad, que comprenda la interconexión de formas múltiples de discriminación, exclusión y desigualdad,4 existen todavía importantes

4 El término interseccionalidad y su derivado interseccional que se utilizan a lo largo de esta Declaración se entenderán de la forma señalada en este párrafo desigualdades entre distintos colectivos de mujeres en el ejercicio de sus derechos, especialmente de mujeres en situación de vulnerabilidad o pertenecientes a grupos históricamente discriminados;

Que la pandemia del COVID-19 ha representado una profunda transformación social, económica y de salud, que ha exacerbado las brechas de desigualdad de preexistentes, evidenciando un impacto de género diferenciado y profundizando problemáticas socio- económicas y de violencia que requieren un abordaje integral desde los enfoques de derechos humanos, igualdad de género e interseccional, entendido para garantizar la eliminación de las persistentes desigualdades;5

Que la CIM, desde el inicio de la pandemia, expresó su preocupación por la ausencia de las mujeres, en su diversidad, en espacios de toma de decisiones y constató que el incremento de las mujeres en los cargos de gobierno, fruto de la aplicación e implementación de las leyes de paridad y de otras medidas especiales, no ha implicado necesariamente la participación de las mujeres, en su diversidad, en pie de igualdad en relación con los hombres en espacios libres de violencia;

Que la CIM, también visibilizó, desde el inicio de la pandemia, los impactos diferenciados sobre las mujeres de las políticas aplicadas por los Estados para enfrentar la pandemia en términos de la participación económica y la inserción laboral de las mujeres en su diversidad y de la división de los roles de género en términos de la distribución de la carga de cuidados;

Que la pandemia del COVID-19 representa también una oportunidad en términos de visibilizar la existencia de las brechas, la caída de las certidumbres, la necesidad de forjar nuevos arreglos integrales para eliminar las desigualdades, y la apertura de nuevas oportunidades de diálogo, articulación y construcción de alianzas;

Que la persistencia y el aumento de las resistencias y dificultades estructurales que la agenda de igualdad de género encuentra en los espacios de la acción social, institucionalidad y gobernanza, tanto a nivel local, nacional como regional, constituyen barreras al goce y ejercicio de los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas;

La importancia de los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de la Mujer para promover la transversalidad, igualdad y equidad de género;

5 Estados Unidos no está de acuerdo con la eliminación de “mujeres y niñas” de este párrafo. La mención específica de las niñas indica un reconocimiento de que las niñas pueden enfrentar desafíos únicos que no están incluidos en las discusiones sobre mujeres. Esto incluye, entre otros, acceso reducido a educación primaria y secundaria de calidad y otras oportunidades en comparación con sus pares masculinos, así como estigma y aislamiento debido a la menstruación, mayor riesgo de complicaciones y muerte relacionadas con el embarazo temprano, acceso restringido a servicios de salud e información, incluida la atención e información sobre salud sexual y reproductiva, y mayores riesgos de formas específicas de violencia de género, incluido el matrimonio infantil, precoz y forzado, así como el incesto.

Que los reajustes políticos y presupuestarios impactan profundamente y debilitan las instituciones públicas dedicadas al tema de género y su capacidad de expandir las estrategias para la igualdad y de posicionar la transversalidad de género en el quehacer público a nivel nacional y subnacional;

Que la creciente y fortalecida vocería de la diversidad de organizaciones que promuevan y defienden la igualdad de género y los derechos de todas las mujeres, incluidas las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, ocupan un papel crucial en la construcción y avance de la agenda transformadora de igualdad de género, con contribuciones significativas imbuidas en compromiso, innovación y creatividad organizativa y continúan exigiendo un diálogo permanente con las instituciones del Estado en su responsabilidad de garantizar derechos; y

Que la agenda de igualdad de género ha avanzado también gracias a las alianzas entre mujeres y otros grupos que abogan por la igualdad, pero que persiste como una cuestión particular de las mujeres y no como una necesidad y exigencia universal que compete a todos los integrantes de la sociedad, para el bien de la humanidad.

CONSCIENTES DE QUE:

Las políticas públicas para implementar y potenciar la agenda de igualdad de género en la región requieren del fortalecimiento de alianzas y la coordinación integral de la sociedad, en todos los sectores y niveles;

La lucha por la igualdad requiere de solidaridad entre mujeres, en posiciones de liderazgo, entendiendo esto como liderazgo sororal y que implica: i) un arreglo político entre todas las mujeres, alrededor de metas comunes y agendas concretas para la igualdad de género, para potenciar su empoderamiento e incidencia en el mundo, y ii) una responsabilidad ética de las mujeres que ocupan posiciones de liderazgo;

Un Estado defensor de los derechos de todas las mujeres y comprometido con la igualdad de género es aquel que cree en la inclusión, se abre a la participación de voces ciudadanas y así fortalece su institucionalidad con acciones afirmativas y/o medidas especiales de carácter temporal, según corresponda, a fin de potenciar la igualdad de género para el bien de la humanidad y su importancia para la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, a través de los pilares de la paridad y la igualdad de oportunidades en la gobernanza, la reestructuración de los cuidados, y la seguridad y protección de todas las mujeres y niñas para su pleno bienestar, la búsqueda del buen vivir y la universalización de sus derechos;

La CIM ha incorporado en su agenda de trabajo acciones específicas para facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas de mujeres lideresas, representantes de pueblos indígenas, afrodescendientes, como otros grupos culturales, y regiones del mundo, con el fin de posicionar en la región un diálogo de alto nivel multicultural y con conciencia de solidaridad entre mujeres, entendiendo esto como conciencia sororal, que permita el desarrollo de un Estado defensor de los derechos de todas las mujeres y com- prometido con la igualdad de género, que refuerce la legitimidad del ejercicio del poder de las mujeres en su diversidad en todos los ámbitos;

La CIM ha visibilizado y promovido los importantes avances de la región hacia las democracias paritarias, fundamentalmente a través de reformas legislativas en materia de paridad, entendiéndola como una medida de justicia que incorpora tres dimensiones: (i) la oportunidad de participación igualitaria en los cargos de toma de decisión en los sectores público y privado, desde el plano internacional al plano local; (ii) el ejercicio del poder político y económico en condiciones de igualdad, esto es, libres de discriminación y violencia basada en género; y (iii) la incorporación en la política pública de la agenda de derechos de las mujeres y la igualdad de género de manera transversal a los marcos normativos y las políticas públicas a nival interno con una perspectiva interseccional, intergeneracional, e intercultural (y de derechos humanos), recordando que la participación igualitaria de las mujeres es un elemento esencial de la democracia;

La CIM ha destacado la importancia de la autonomía económica de las mujeres, incluso en relación al goce de sus derechos humanos en la búsqueda de su propio desarrollo económico), porque el desarrollo económico sostenible de los países de la región requiere su incorporación en la economía, en por lo menos siete ámbitos de particular importancia para las mujeres: la economía de los cuidados, la economía informal, la economía rural, el trabajo doméstico remunerado, el turismo, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMES) y la tecnología, que muestran todavía importantes brechas de género y que han sido particularmente afectados por la pandemia que han sido exacerbados por la pandemia del COVID-19;

En la serie de documentos sobre la emergencia global de los cuidados elaborada en el contexto de la pandemia del COVID-19, la CIM ha posicionado el trabajo no remunerado y remunerado de cuidados, asumido históricamente por las mujeres para el sostenimiento de la vida y como la base del desarrollo social, económico y político de nuestros países, como un punto de partida fundamental de los nuevos arreglos;

La transformación estructural para lograr la autonomía económica de las mujeres en la región requiere de la configuración de un sistema de corresponsabilidad entre el Estado, el sector privado y los hogares en su totalidad, traduciéndose así en sistemas nacionales de cuidados, acompañados por marcos normativos que aboguen por la igualdad de condiciones laborales, y el acceso a sistemas de salud de calidad que prioricen la salud mental de las mujeres; y

Por considerar los cuidados un tema estructural para el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, la CIM elaboró la Ley Modelo Interamericana de Cuidados como una herramienta que ofrece a los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas y las personas una ruta para reconocer, redistribuir, regular y generar nuevas formas de atención de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado en consonancia con el principio de corresponsabilidad social, así como visibilizar y reconocer la contribución histórica de las mujeres en esta materia a la que se suman esfuerzos como la Alianza Global por los Cuidados, lanzada por México con el apoyo de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres).

DECLARAN SU COMPROMISO DE:

En la construcción de alianzas y la articulación de la igualdad de género para el bien de la humanidad y tomando en cuenta su importancia para la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales:

  1. Fortalecer a la CIM como instancia facilitadora de espacios, encuentros y diálogos con la diversidad de organizaciones que promueven y defienden la igualdad de género y los derechos de las mujeres, incluyendo organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, recuperando sus voces y aportes a la construcción y el fortalecimiento de una agenda regional conjunta por la igualdad de género y la defensa y promoción de los derechos humanos de todas de las mujeres en su diversidad y su salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos;

  2. Tender puentes para ampliar y enriquecer el diálogo político con y entre las Delegadas de la CIM, altas autoridades de género y de la mujer de otros continentes y mujeres defensoras de los derechos de las mujeres y mujeres feministas de distintas generaciones, pertenencias étnico culturales y otras diversidades en la búsqueda de establecer un espacio estratégico: i) de reflexión para generar siner- gias, alianzas y oportunidades de colaboración; ii) para identificar y compartir experiencias, buenas prácticas, lecciones aprendidas y medidas concretas; y iii) fomentar acompañamientos solidarios entre mujeres, entendido como acompañamiento sororal, en el diseño y la implementación de acciones para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y la igualdad, particularmente en un con- texto de retroceso e incertidumbre producto de la pandemia del COVID-19;

  3. Promover alianzas estratégicas y arreglos multisectoriales con otros actores clave, tales como la academia, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, entre otras, a fin de posicionar la agenda de igualdad de género desde sus distintos ámbitos de influencia, reforzar la responsabilidad compartida por esta agenda, coordinar estrategias y crear sinergias transformadoras;

  1. Promover las acciones, alianzas y espacios necesarios para construir nuevos arreglos para la igualdad de género liderados por las mujeres en lo social, cultural, económico y político, que tengan como punto de partida el reconocimiento de los diversos liderazgos de las mujeres y la solidaridad entre ellas, entendida como sororidad, como una ética política transversal;

  2. Apoyar a la CIM en sus esfuerzos de construir herramientas regionales operativas que permitan a los Estados identificar las brechas existentes que previenen el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, reconociendo desigualdades sistémicas donde se cruzan diversas situaciones y múltiples formas de discrim- inación para potenciar el aporte y el talento humano de las mujeres en el mundo político y productivo económico en condiciones de igualdad y no discriminación;

  3. Establecer la jerarquización al más alto nivel de los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las Mujeres u otras entidades relevantes para el efectivo cumplimiento de su función de entes rectores y gestores de las políticas de igualdad de género, derechos humanos de las mujeres y fortalecerlos con recursos humanos, técnicos, políticos, administrativos y financieros suficientes, según corresponda;

  4. Alentar que los procesos de transversalización de la igualdad de género permeen toda la estructura del Estado, donde corresponda, a través de la creación y asignación presupuestaria suficiente para el funcionamiento de instancias gubernamentales permanentes de coordinación intersectorial e interinstitucional, con mandato, especialmente entre los Mecanismos Nacionales para el Adelanto de las Mujeres y otras instancias del Gobierno, dotándolas de recursos humanos, técnicos y políticos, así como de un presupuesto específico, y especialmente con las unidades centrales de planificación y presupuestación, para participar en el diseño y la ejecución de los planes de desarrollo y presupuestos públicos, según corresponda, incorporando la perspectiva de género en la planificación y presupuestación nacional, subnacional y local; y

  5. Continuar fortaleciendo el diseño de instrumentos robustos de recopilación de datos, desagregados y con perspectiva de género, la presentación de informes y la construcción de indicadores específicos alineados con los ODS, desde un enfoque de interseccionalidad y en las diferentes etapas de su vida, para facilitar el diseño y la implementación de políticas públicas.

En el ámbito de los derechos económicos de las mujeres:

  1. Promover la adopción de marcos normativos, legislación, y políticas públicas que tengan como objetivo atender los cuidados con corresponsabilidad social, tomando como referencia, entre otras herramientas, la Ley Modelo Interamericana de Cuidados, para que las mujeres puedan participar activamente en el mundo laboral y productivo;

  2. Fortalecer los marcos jurídicos y regulatorios para facilitar la inserción y reinserción laboral y el emprendimiento para el pleno ejercicio de los derechos económicos de las mujeres, incluyendo: i) iniciativas para aumentar la participación de empresas lideradas por mujeres en procesos de compras públicas; ii) regulaciones para facilitar el acceso de las mujeres a productos financieros, capital semilla y apoyos para el emprendimiento; iii) regulaciones relativas a incrementar la reinserción laboral de las mujeres y iv) legislación e iniciativas que aborden la protección por razones de maternidad y la lactancia y que promuevan la eliminación de la discriminación hacia todas las mujeres sobre esa base, así como la conciliación laboral y familiar y la corresponsabilidad familiar y social de los cuidados;

  3. Promover medidas para incrementar la participación de mujeres en su diversidad y la paridad de género en cargos de toma de decisiones en el sector empresarial;

  4. Promover la adopción de medidas jurídicas y regulatorias con miras a cerrar las brechas salarial y ocupacional de género;

  5. Proteger el acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, como un componente esencial de la capacidad de las mujeres de participar libre e igualitariamente en la vida económica;

  6. Fortalecer los marcos jurídicos y regulatorios para la inclusión financiera de las mujeres, que promuevan el pleno acceso de las mujeres a los productos y servicios financieros en igualdad de condiciones;

  7. Fomentar alianzas intersectoriales para movilizar recursos y diseñar políticas que tengan en cuenta las necesidades particulares de las mujeres en el diseño de servicios y productos financieros;

  1. Reforzar los programas de educación financiera con perspectiva de género para que las mujeres tengan las herramientas necesarias para la toma de decisiones financieras y fortalezcan sus capacidades financieras para así mejorar su autonomía y bienestar económico y social, e impulsar la incorporación de la perspectiva de género en las estrategias nacionales de inclusión y educación financiera; y

  2. Fortalecer los marcos jurídicos y regulatorios de inclusión digital, incluyendo: i) acciones para cerrar la brecha digital de género y promover el acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y las comunicaciones; ii) acciones para promover la educación y alfabetización digital de las mujeres; iii) regulaciones para incentivar y fomentar emprendimientos de mujeres en áreas STEM; y iv) ac- ciones dirigidas a incrementar la ciberseguridad y reducir los riesgos y diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres en el ecosistema digital.

En el ámbito de los derechos políticos de las mujeres:

  1. Continuar apoyando el impulso de reformas legislativas en materia de paridad en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y en los distintos niveles del gobierno, y tomar todas las medidas adecuadas para eliminar las barreras estructurales, institucionales y culturales que impiden el acceso a los cargos de toma de de- cisión y de ejercicio del poder y la participación igualitaria de las mujeres en estas posiciones;

  2. Fortalecer la participación de todas las mujeres en los partidos políticos con igualdad de oportunidades, particularmente en los espacios de liderazgo y toma de decisión, para promover su acceso a los recursos, incluyendo el financiamiento público electoral, e impulsar medidas para erradicar todas las formas de violencia y acoso político;

  3. Donde corresponda, fortalecer la gobernanza electoral desde una perspectiva de género, particularmente en lo concerniente a las elecciones y en la administración de la justicia electoral con perspectiva de género en el ámbito electoral, y la articulación de espacios que sirvan para la promoción y el intercambio de conocimiento y buenas prácticas a nivel regional; y

  4. Impulsar medidas, incluyendo las presupuestarias, para posibilitar que las defensoras de derechos humanos, en especial de derechos políticos y las organizaciones que defienden los derechos de todas las mujeres, reciban el apoyo y la protección de las instituciones del Estado, incluyendo para fortalecer su participación en los procesos de elaboración de políticas públicas y acceso a la justicia.

SOLICITAN A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CIM:

  1. Apoyar a los Estados en compartir prácticas exitosas para garantizar el ejercicio de los derechos de todas las mujeres a nivel nacional, y facilitar alianzas entre los Estados para la cooperación, incluyendo la cooperación Sur-Sur y triangular en esta materia;

  2. Potenciar los liderazgos de mujeres, jóvenes y en toda su diversidad, pertenecientes a grupos tradicionalmente excluidos, adaptando los contenidos a sus contextos específicos; favorecer las redes regionales y comunitarias de mujeres políticas; y generar conocimiento específico respecto de los liderazgos de las mujeres en el contexto regional, en el marco de paz y seguridad, y también sobre las características y potencialidades del liderazgo solidario entre mujeres, entendido como liderazgo sororal;

  3. Fortalecer el trabajo en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres en la política, con la generación de conocimiento y de nuevas herramientas para apoyar a las mujeres políticas, a los partidos políticos y a los Estados para reparar, prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia política, incluyendo en los contextos digitales;

  4. Fortalecer el trabajo para promover el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos como componente esencial del avance de la igualdad de género y el empoderamiento y la autonomía de las mujeres con la generación de conocimientos, el diálogo y la capacitación;

  5. Impulsar, fomentar y fortalecer la inclusión de las necesidades y prioridades económicas de las mujeres en el avance normativo a nivel nacional y hemisférico;

  6. Continuar y profundizar sus esfuerzos de movilización de recursos al fondo específico para proyectos de la CIM en las áreas del Plan Estratégico 2022-2026, y también cuando así lo soliciten los Estados Miembros para el fortalecimiento de los Mecanismos Nacionales de la Mujer;

  7. Continuar los esfuerzos por incorporar la perspectiva de género y profundizar su trabajo de coordinación con otros organismos e instancias de la OEA cuya labor está relacionada con el logro de las metas planteadas en esta Declaración y en el Plan Estratégico 2022-2026;

  1. Trabajar con la Secretaría de Cumbres de las Américas de la OEA para visibilizar y dar seguimiento a la representación política de todas las mujeres en el proceso y los compromisos de las Cumbres de las Américas;

  2. Continuar fortaleciendo sus relaciones de colaboración con las instituciones y organismos del Sistema Interamericano, Sistema de Naciones Unidas, organizaciones que promuevan y defiendan la igualdad de género y los derechos de todas las mujeres, incluyendo organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, otros organismos de cooperación internacional e intergubernamentales, instituciones financieras internacionales, instituciones académicas y de investigación y con el sector privado, en el marco de la implementación del Plan Estratégico 2022-2026, con miras a promover sinergias e iniciativas conjuntas de interés de los Estados Miembros;

  3. Alentar una colaboración estrecha entre la CIM, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), en especial en el proceso preparatorio de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Argentina, noviembre de 2022) cuyo tema será “La sociedad del cuidado: Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”;

  4. Agradecer, en nombre de las Delegadas ante la CIM, el apoyo del Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina (EuroSociAL+ y sus socios implementadores) al trabajo en la región, solicitando una continuación del Programa para seguir apoyando avances en políticas públicas de género y de derechos de las mujeres a través de intercambios entre ambos continentes;

  5. Teniendo en cuenta el compromiso asumido por los Estados, mediante el PIA, con la agenda internacional para los derechos de las mujeres, profundizar los esfuerzos para transversalizar la perspectiva de género en todos los órganos y entidades de la OEA; y

  6. La ejecución de todas las actividades previstas en esta Declaración estará sujeta a la disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros recursos.