Primera Presidenta de la Corte Suprema del Perú

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La Dra. Elvia Barrios es jueza de la Corte Suprema desde 2011 y ha presidido la Comisión de Justicia de Género, formada en 2016. Ha sido Vocal superior de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y presidenta de la Sala Penal Corporativa para procesos ordinarios con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima.
En su plan de gobierno para el Poder Judicial figuran cinco ejes de trabajo: integridad y transparencia; transformación digital; y descarga procesal y fortalecimiento jurisdiccional, modernización institucional, y acceso a la justicia y políticas públicas.

DISCURSO APERTURA DE GESTIÓN 2021 – 2022. DRA. ELVIA BARRIOS ALVARADO

PRESENTACIÓN 

Celebramos el Bicentenario de la Independencia del Perú y en la que el Libertador don Jose de San Martin, hace casi 200 años, enarbolando el estandarte de la libertad en el centro de la ciudad, proclamó nuestra independencia y arengo “El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende”. 

Antes, un 12 de febrero 1821, al dictar el Estatuto Provisorio de Huaura señaló “Me abstendré de mezclarme jamás con el ejercicio de la función jurisdiccional porque su independencia es la única y verdadera salvaguarda de la libertad del pueblo”. 

JUSTICIA, INDEPENDENCIA y LIBERTAD, aparecen unidas inescindiblemente al grito libertario y hoy identifican los valores por los que debe discurrir el camino de la justicia, haciendo eco a los ideales fundacionales de la República, al sueño patrio de construir una sociedad justa, inclusiva, igualitaria y democrática. 

Las circunstancias que nos tocan vivir son extremadamente especiales y difíciles. Por un lado, lo especial de esta ocasión es la de dar inicio al Año Judicial conmemorando el Bicentenario de la República. Pero, por otro lado, tal conmemoración ha de realizarse en el contexto de una crisis sanitaria, económica, social y política que atraviesan también nuestras instituciones haciendo débil nuestra democracia, fragilizando los Poderes del Estado, entre ellos, el Poder Judicial, lo que nos plantea retos diversos. 

Conmemorar significa reconstruir una imagen del pasado. De ese pasado que nos ayude a identificar qué somos y qué tenemos en común como personas, como sociedad y como Nación. Esta identidad es el catalizador para cimentar las instituciones, generar espacios de encuentro, pero también de respeto a las reglas de juego democráticas que debemos cumplir en el presente republicano. 

De cara al futuro, y haciendo una autocrítica -pues el ejercicio del poder asi lo requiere- esta conmemoración histórica, debe servir para diseñar grandes líneas estratégicas como Nación, basadas en el consenso. Solo así podemos convertir la conmemoración del bicentenario en una promesa o apuesta por la construcción de una verdadera República con ciudadanos y ciudadanas proactivos y demandantes de servicios públicos de calidad, pero igualmente responsables y cohesionados en una sociedad abierta y tolerante. La integración social y económica y el diálogo democrático son las condiciones que permiten a las naciones superar las crisis y enfrentar los graves problemas estructurales y de injusticia social aún pendientes de resolver en la agenda pública. 

¿Qué tanta actualidad tiene esta correlación entre identidad nacional, estrategia, integración y crisis? En mi concepto mucha. El comienzo del presente milenio nos va marcando la ruta de los problemas que tendremos que enfrentar como civilización. Vivimos un periodo de la historia sustentada en el avance vertiginoso de la ciencia y tecnología, pero en la que debemos repensar nuestra relación con la naturaleza.  La crisis sanitaria y también ambiental, impacta en todos los ámbitos de nuestras vidas. Es un punto de inflexión que ha desnudado nuestras debilidades estructurales en el ámbito sanitario, económico, educativo, de infraestructura, pero también en el sistema de justicia. 

Este especial contexto histórico nos coloca ante la alta responsabilidad de consolidar al Poder Judicial, como garante de los derechos fundamentales, la gobernabilidad democrática y la paz pública, para el desarrollo integral y sostenible de la Nación. Debemos buscar sintetizar los valores de toda República: libertad, democracia, justicia social y equilibrio de poderes. Pero, en el caso nuestro, considerando también los valores comunitarios de nuestros antepasados de integridad, laboriosidad y honestidad 

¿En qué situación nos encontramos a la hora actual? 

El Poder Judicial, enfrenta serios problemas de legitimidad. Los productos o servicios de la política pública jurisdiccional son percibidos como insuficientes o tardíos. A nuestra insuficiencia para cumplir con nuestro rol constitucional, por factores estructurales que históricamente han afectado el servicio de justicia, se añade la corrupción y nuevos riesgos que exigen respuestas creativas y rápidas. 

Al respecto, la crisis sanitaria global condicionará el rumbo de la política jurisdiccional del próximo decenio. Este nuevo escenario incierto, apremiante y complejo, sobrepasa las previsiones del planeamiento estratégico institucional del Poder Judicial. Los ocho objetivos estratégicos que nos hemos comprometido a cumplir y están en el Plan Estrategico Institucional 2020-2030, deben ser priorizados y concretados en acciones urgentes para garantizar el funcionamiento del servicio de justicia, con las restricciones y dificultades operativas y de gestión de recursos que plantean la pandemia y sus consecuencias. 

Se trata de emprender acciones concretas que encaminen al Poder Judicial en su misión de contribuir a la gobernabilidad democrática y a la construcción de una sociedad desarrollada, inclusiva y pacífica, brindando un servicio de administración de justicia pronta, moderna, transparente y eficaz. 

¿Qué debemos hacer? 

El cumplimiento de nuestra misión requiere de medidas transversales y urgentes que coadyuven a un servicio de justicia con valor público, brindado por un Poder Judicial percibido como autónomo e independiente y que goce de la aceptación de la ciudadanía. Por ello me corresponde consolidar a la institución que ahora presido como Poder del Estado, fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, mejorar el diseño del flujo de litigiosidad atendida por nuestra entidad para hacerlo más expeditivo y ágil, implementar la transformación digital, fortalecer nuestros recursos estratégicos y obtener la asignación presupuestal para el óptimo funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. 

Los problemas del sistema de justicia trascienden al Poder Judicial. Son problemas estructurales muy complejos cuya solución implica el concurso del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los organismos constitucionales autónomos, pero también de los actores sociales. La gobernanza democrática que sirva de base para superarlos supone la conciencia del rol que cada uno de los intervinientes debe cumplir. 

Por eso hoy, a nombre de los jueces y juezas del país a quienes represento, afirmo nuestro compromiso e identificación con lo que el Poder Judicial debe encarnar para la ciudadanía en un Estado Constitucional de Derecho: realizador de la justicia, la paz y la defensa de los derechos de las personas 

He señalado en mi Plan de Gobierno 2021-2022 presentado ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y la ciudadanía conforme a nuestro Plan Estratégico Institucional 2020- 2030 (que daremos estricta vigilancia y seguimiento), los ejes de mi gestión. Hoy además señalo que lo prioritario de mi gestión, será lo siguiente: 

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL 

Esta función debe cumplirse en un contexto de colaboración, interacción y respeto de los equilibrios y contrapesos entre los poderes públicos y de una comunicación fluida y sincera con la sociedad, porque somos depositarios de su confianza y son los destinatarios del servicio que brindamos. El cumplimiento de nuestra responsabilidad solo puede realizarse con un Poder Judicial fortalecido, que apueste por la integridad, transparencia, modernización y democratización del servicio de justicia, capaz de ejercer activamente su autonomía, para ser un contrapeso legítimo en el sistema democrático, y que gestione adecuadamente sus recursos, entre ellos el presupuestal. 

Sin embargo el presupuesto otorgado sigue resultando insuficiente para cubrir las brechas históricas del servicio que brindamos, constituyendo uno de los factores que afectan seriamente todo intento del fortalecimiento del Poder Judicial que importe el mejoramiento de la calidad del servicio. Invertir en justicia no es un gasto público es generar bienestar común. 

La prevalencia de jueces y juezas provisionales en la judicatura ocasiona en algunas oportunidades disfuncionalidades que debemos superar. De 3,417 jueces y juezas que ejercen el cargo 1,467 son provisionales (43%); siendo por ello un imperativo cubrir las plazas vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la República y en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada donde se juzgan los casos más emblemáticos de la judicatura. Con respeto y dentro del marco de su autonomía, señores de la Junta Nacional de Justicia, requerimos se nombren a los jueces y juezas titulares,de lo contrario llegaremos a la paradoja que al concluir funciones cuatro Jueces Supremos por limite de edad, en el presente año, tendrán que presidir las Salas de la Corte Suprema, jueces o juezas provisionales. 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD. 

Uno de los grandes problemas que aquejan hoy al sistema social, económico y político de nuestro país es la corrupción. Este flagelo socava no sólo la institucionalidad, la democracia, el buen gobierno y las posibilidades de desarrollo, sino también y sobre todo la confianza ciudadana, la cohesión social y con ello la gobernabilidad. 

El Poder Judicial no ha resultado indemne a este fenómeno. Ello se refleja en los hechos difundidos en los medios de comunicación y que se encuentran actualmente en investigación; en los altos índices de desconfianza de la población con este Poder del Estado. ¿Podemos ponernos de lado frente a esta realidad? Evidentemente no. 

La lucha contra la corrupción constituye un enorme desafío para el Poder Judicial, porque tiene la doble tarea de accionar contra la corrupción externa, pero también y especialmente contra la corrupción interna. En ese marco, anuncio que apoyaré decididamente a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada que conocen los procesos emblemáticos. Pondré especial énfasis en fortalecer los sistemas de supervisión y de control disciplinario del Poder Judicial. 

Las acciones serán concretas, perceptibles a los ojos de la ciudadanía y medibles, los jueces y juezas del Perú tenemos la obligación de cambiar la percepción negativa del Poder Judicial que se ve reflejada en el descrédito y desaprobación de la ciudadanía, para ello desarrollaremos una cultura organizacional basada en la integridad y la transparencia, ambas fundamentales de cara a combatir eficazmente la corrupción. Igualmente implementaremos de forma progresiva el sistema de Gestión de Riesgos en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, asi como la continuación de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno con ISO 37001 y su proceso de certificación en la Cortes Superiores de justicia del país. 

La lucha contra la corrupción nos compromete a todos y todas los peruanos, porque su presencia en el sistema de justicia nos perjudica, la desconfianza ciudadana en el sistema de justicia mina la paz social, la economía -ahuyenta o retrae las inversiones-, y con ello traba nuestras posibilidades de desarrollo como país emergente. Por ello, el esfuerzo institucional del Poder Judicial debe ser complementado por los otros poderes públicos y la participación de la población y los usuarios de los servicios judiciales a quienes estos actos afectan directamente. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Las crisis son oportunidades de cambio y esta que nos está tocando vivir ha generado un nuevo escenario tecnológico en el que no hay vuelta atrás. La transformación digital es uno de los mayores desafíos en mi gestión y requiere transfomar la cultura organizacional e innovar la forma de prestar los servicios judiciales. La tecnología permite realizar el control en línea, brinda rapidez, accesibilidad permanente, reduce las oportunidades de corrupción, genera ahorro de recursos públicos, descarta el uso del papel que propicia el trabajo en términos de ecoeficiencia. 

Mi compromiso es acelerar este proceso y darle prioridad a potenciar el talento humano para que se adapten adecuadamente a las nuevas tecnologías. Todos y todas somos necesarios. 

En esta gestión impulsaré la innovación tecnológica, como con el “Proyecto Tucuy Ricuy” para la automatización y reducción dramática de los tiempos de atención en los casos de violencia de género. Este proyecto se realizará mediante la alianza con el laboratorio de inteligencia artificial de la Universidad de Buenos Aires y estará a Cargo del Dr. Cesar San Martin Castro. 

Así mismo daré todas las garantías para la ejecución diligente de los proyectos de inversión mas grandes e importantes para modernizar la justicia. Con el financiamiento del Banco Mundial (BM) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) ejecutaremos en cinco años los programas de Inversión “Mejoramiento de los servicios de justicia no penal a través de la implementacion del expediente judicial electrónico” y “Mejoramiento de los 5 Servicios de justicia en materia penal” con la utilización de tecnología de clase mundial como la inteligencia artificial. 

La transformación digital requiere el Plan de Gobierno Digital del Poder Judicial y un rediseño en todas las áreas y procesos institucionales, asi como de sus flujos de trabajo y de las competencias de los colaboradores. 

DESCARGA PROCESAL 

Iniciamos el año 2021 con 2,601,4551 expedientes judiciales en giro, en trámite 1,113,685 y en etapa de ejecución 1,487,770. 

De ello, en la Corte Suprema de Justicia tenemos pendientes de resolver un aproximado de 40,873 expedientes.. En ningún lugar del mundo es razonable que una Sala Constitucional de la Corte Suprema cuente con 17,000 procesos previsionales pendientes de resolver, con miles de ciudadanos/as de la tercera edad que tienen la esperanza de una pensión digna. Esa no es justicia con rostro humano, ahí el sustantivo “justicia” pierde su nombre. Como parte de una serie de medidas que implementaremos para reducir esa carga procesal, vamos a conformar tres equipos de descarga especializados de asesores jurisdiccionales que desempeñaran tareas de apoyo a las Salas Supremas para acelerar la descarga procesal, dos equipos para las Salas Constitucionales Supremas que conocen procesos previsionales, y un equipo para las Salas Penales de la Corte Suprema. 

Ello sin desmedro de la pronta aprobación del Congreso de la República y una Ley que desarrolle la fución casacional inherente a la Corte Suprema. 

Estas medidas se implementarán progresivamente y previa evaluación de la carga procesal en la Cortes Superiores de Justicia. 

La existencia de una Sala Penal Permanente y una Sala Penal Transtoria en la Corte Suprema de Justicia de la República complejizan la consolidación de la jurisprudencia, lo que debe solucionarse a la brevedad. El Plan de Descarga Procesal se orienta también a que la Sala Penal Permanente, asuma su rol de Sala Casacional Penal, y la Sala Penal Transitoria se encargue de todos los procesos regidos por el Código de Procedimientos Penales hasta su liquidación. 

Requerimos culminar el proceso de implementacion de la reforma procesal penal y acanzar en la consolidacion de la oralidad en las reformas civil y laboral, por los multiples beneficios que estas reformas encarnan en términos de celeridad, transparencia y eficacia, de ahí que la provisión de los recursos es necesaria. 

La doble instancia que garantiza nuestra Constitución no se puede agotar siempre en la Corte Suprema de Justicia porque desnaturaliza la finalidad de la uniformización de la jurisprudencia y la adecuada aplicación del derecho material y procesal . La Corte Suprema debe avocarse a construir precedentes judiciales que nos permiten predictibilidad en la administración de justicia y sentar las bases jurisprudenciales que se requieran para una justicia diferente. Por ello hemos formulado un Proyecto de Ley de Casación que restringe el ingreso de causas a la Corte Suprema para tal fin y aprovecho la presencia de la Presidenta del Congreso de la República para solicitarle que sea debatido y aprobado con carácter prioritario.

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1 Dato a noviembre de 2020, información proporcionada por la Sub Gerencia de Estadística. 

2 Fuente SIJ Supremo. 

GENERO Y JUSTICIA 

La Administración de Justicia no puede ser ajena al problema de la violencia contra las mujeres. Esta tiene sus raíces en la discriminación estructural histórica que existe contra nosotras, pero combatirla no es sólo es responsabilidad de las mujeres, los hombres también deben estar firmemente involucrados en la transformación de esta sociedad que debe ser igualitaria. Por ello, la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial a mi cargo hasta la fecha, será esta vez liderada por un Juez Supremo Titular, el doctor Carlos Arias Lazarte. Asimismo, seguiremos promoviendo la institucionalización del enfoque de género en la organización judicial. 

Fortaleceremos los servicios digitales del Poder Judicial, la interoperabilidad con la PNP y el uso de aplicativos teconológicos para la protección de las víctimas de violencia. Afianzaré la continuidad de la implementación del Sistema Nacional Especializado de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar; será nuestra bandera de acción. Continuaremos trabajando en alianzas estratégicas con la cooperación internacional que en estos últimos tres años han sido un soporte fundamental para la institución, en especial desde la arista de erradicar y sancionar la trata de personas y otras formas de explotación sexual y laboral. Un delito invisible que demanda mayor acción. 

Empoderar a las mujeres ayuda a promover el crecimiento económico y es crucial para el desarrollo sostenible, hemos logrado avances importantes particularmente en esferas que desafían el poder, sin embargo, la lucha por la igualdad de género tiene una agenda pendiente y hay una brecha por saldar. La confianza depositada en mi persona por la Sala Plena de la Corte Suprema para conducir este Poder del Estado advierte un espíritu renovado que reconoce el rol de la mujer en los escenarios de toma de decisiones.Que agradezco profundamente. 

De ahí que hoy en el escenario judicial la paridad no solo es una obligación convencional sino histórica y moral que debe materializarse en la estructura judicial, por ello, anuncio que en la conformación de las Salas de la Corte Suprema habrá paridad de género con meritocracia, lo que debe extenderse a todos los distritos judiciales del país. Igualmennte solicito a la Junta Nacional de Justicia que hoy nos acompañan que consideren en su Reglamento de selección y ascenso de Juezas y Jueces alguna medida afirmativa que permita equiparar la presencia mujeres en la administración de justicia, con ello, cerrar las brechas de género en la carrera judicial y generar las condiciones para la presencia paritaria de las mujeres en salas y Juzgados de diversa especialidad. 

ACCESO A LA JUSTICIA 

La falta de acceso al sistema de justicia afecta fundamentalmente a la población que se encuentra en condición de vulnerabilidad por diferentes causas. 

Otorgaré mi apoyo decidido a la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad que dirige la Juez Suprema Janet Tello Gilardi, de encomiable gestión, continuaremos con la implementación de las “Reglas de  Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad” y la “Carta de Derechos del Ciudadano ante el Poder Judicial peruano” en todo el país. 

El servicio judicial descentralizado y articulado con otras instituciones denominado “Justicia Itinerante” donde se trasladan los servicios y despachos judiciales a las zonas rurales del país, se extenderá a las zonas urbano marginales. 

Igualmente la Comisión de Gestión Ambiental se hará cargo de fortalecer la gestion jurisdiccional y administrativa en el uso sostenible de los recuros institucionales (ecoeficiencia) concluyendo la implementación del observatorio ambiental en el Poder Judicial. 

Señor Presidente, deseo manifestar que hay reinvindicaciones pendientes de atención del personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, por ello requerimos una mejor escala salarial, a cambio ofrecemos elevar nuestra productividad, es urgente considerar el tercer tramo de la escala remunerativa de los trabajadores judiciales, es de justicia. 

Medidas inmediatas 

Las medidas que se ejecutaran están enlazadas entre si, son multidimensionales y buscar enfrentar de inmediato los problemas del servicio de impartición de justicia.

  • ✔Todas las causas que se hayan visto en el año judicial 2020 deben estar resueltas y la publicación del sentido de la decisión es obligatoria. Los Presidentes/as de cada Corte Superior y Salas de la Corte Suprema de Justicia son responsables de supervisar el cumplimiento de esta disposición. Su verificación se realizará a partir del 29 de enero. 
  • ✔A partir del 29 de enero del año en curso el sentido de la decisión que se emita en un proceso judicial ( autos y sentencias ) en todos los órganos jurisdiccionales del pais, serán publicadas el día de su votación, bajo responsabilidad. Los Presidentes/as de cada Corte Superior y Salas de la Corte Suprema de Justicia son responsable de supervisar y verificar el cumplimiento de esta disposición, que se hace al amparo del Decreto Legislativo Nº 1342. Para tal efecto entrará en funcionamiento el aplicativo “Módulo de Registro de Decisiones Judiciales”, que será de acceso público. 
  • ✔Los 3,417 jueces y juezas del país contaran con “Casilleros Digitales Individuales” de acceso público, donde se archivaran digitalmente todas las resoluciones que emita el juez/za durante el ejercicio de sus funciones. La ciudadanía tendrá libre acceso al quehacer jurisdiccional, conocerá el sentido y la motivación de sus decisiones. Este casillero empezará a funcionar desde el segundo semestre de este año. 
  • ✔Todos los expedientes que seran elevados a la Corte Suprema serán digitalizados a nivel nacional, ello permitirá que dichos expedientes viajen de manera digital a través de nuestra red de datos, se elimine el uso del papel y se reduzcan considerablemente los tiempos en este proceso. Este sistema empezará a funcionar desde el segundo semestre de este año. 
  • ✔Las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas y declaración de intereses de los jueces/as, funcionarios del Poder Judicial se publicarán en un aplicativo especial del portal Web del Poder Judicial. Consideramos que todo funcionario público tiene la obligación de publicar y someter al escrutinio ciudadano sus bienes e intereses. Este sistema empezará a funcionar desde el segundo semestre de este año. 
  • ✔Las 43 Comisarías de Familia a nivel nacional van a interoperar con los juzgados de familia, ello conlleva a que la transmisión de la información entre la policía y los juzgados sobre denuncias de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como el dictado de medidas de protección para las víctimas, se realizará a través de medios tecnológicos, adiós papel y empleo del personal en notificaciones. Este sistema empezará a funcionar en cien días. 
  • ✔El aplicativo tecnológico “Botón de Pánico” que permite auxiliar a las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de manera efectiva y oportuna, se concluirá con la implementación en todos los distritos judiciales del país. Este sistema empezará a funcionar en cien días. 
  • ✔Se ampliarán los servicios digitales del Poder Judicial, entre ellos, el aplicativo “SEGURAS” que es una herramienta de geolocalización gratuita de servicios judiciales. Este sistema empezará a funcionar en cien días. 
  • ✔El Sistema de Remates Judiciales –REMAJU- que funciona en el distrito judicial de Lima, se extenderá en 19 cortes superiores de justicia en tres meses y a nivel nacional en seis meses.
  • ✔Respecto al fortalecimiento de la imagen institucional. Crearemos la llamada “Vocería Judicial” o portavoz de la entidad, con el propósito de establecer un canal directo de comunicación entre el Poder Judicial y la comunidad nacional. 

CIERRE 

Han transcurrido casi 200 años de vida republicana y en ese periodo no hemos sabido construir una “patria firme y feliz por la unión”, pues hay lugares remotos en nuestro Perú donde la justicia es un sueño, una aspiración inalcanzable. De esta realidad entonces, debe surgir en nosotras jueces y juezas del Perú una voluntad inquebrantable de encarnar un Poder Judicial comprometido con el servicio que brindamos, que deje en el camino paradigmas y ritualismos que nos alejan de la comunidad, que con actitud autocrítica y espíritu innovador nos impulse a sentar las bases profundas de un Poder judicial inclusivo, que se reinventa a si mismo para mejorar su servicio. Recuerden somos servidores públicos y a ello nos debemos. 

Al mirar nuestra historia advertimos como nos hemos alejado de aquellos pensamientos libertarios que tuvieron hombres de conocida probidad, luces y patriotismo. Ciudadanos y ciudadanas es hoy que debemos ingresar al dialogo fraterno y al consenso, en búsqueda de la paz social, pues vivimos los momentos mas aciagos de nuestra historia.  

Finalmente, me corresponde conducir los destinos del Poder Judicial, que en 200 años de historia republicana ha sido esquivo a la conducción femenina. He caminado por el sendero de la justicia desde muy joven en costa, sierra y selva, soy mujer que se ha forjado profesionalmente en los lugares y épocas mas difíciles del país, por ello consciente de que las mujeres somos motores de cambio social,con humildad y decencia asumo el compromiso de sentar las bases y pilares para lograr la modernización del Poder Judicial, que promueva todos los valores y principios que consagran nuestro sistema judicial. 

Bajo el sol del Bicentenario nos cobijamos mujeres en los escenarios importantes de decisión, ello no es casualidad. Es nuestro tiempo, es nuestro momento. Construyamos juntos con los hombres del Perú una patria libre. 

Por eso nuestro mensaje es: 

ALLINTA YACHAY aprende bien 

ALLINTA RUAY haz las cosas bien 

ALLINTA KULLAY quiere bien …a tu país. 

Muchas gracias.