La ciudadanía peruana es hoy víctima de su propio deber constitucional: el voto obligatorio y, en gran medida, de su falta de unidad. El domingo 7 de junio acudimos a las sedes de votación en silencio, muy lejos de lo que alguna vez llamamos una «fiesta electoral». Fuimos porque debíamos votar. La preocupación era directamente proporcional a la desilusión de tener que elegir entre candidatos que muchos consideran alejados de las expectativas y necesidades del país.
Ante las alarmantes denuncias de fraude surgidas durante la primera vuelta, la renuncia del jefe de la ONPE, Corvetto, y la apertura de investigaciones cuyos resultados demorarán en conocerse, numerosos sectores solicitaron detener la contienda electoral. Sin embargo, el pedido no prosperó. Tras marchas, reclamos y cuestionamientos públicos, prevaleció el argumento hay que respetar el «cronograma electoral». Una respuesta técnica que es percibida como insuficiente, se olvida que la legitimidad de toda autoridad descansa, en última instancia, sobre la confianza y la voluntad soberana de los ciudadanos.
El problema del elector peruano no es únicamente la calidad de los candidatos. Es también la sensación de que quienes hoy aspiran al poder ya tuvieron oportunidades de influir sobre el rumbo del país y no lograron responder a las demandas más urgentes de la ciudadanía: seguridad, justicia, crecimiento económico y control de las economías ilícitas.
Aún no sabemos quién será el próximo presidente. Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía percibe que cualquiera sea el resultado, la legitimidad política de los actores en contienda será puesta a prueba desde el primer día. Ambos aspiran a la presidencia, pero durante los años marcados por los gobiernos de Castillo y Boluarte, Jerí y Balcazar, así como por la actuación del Congreso, no destacaron por impulsar soluciones efectivas frente a la inseguridad ciudadana ni por enfrentar con decisión fenómenos como la expansión de la minería ilegal, cuya dimensión económica y criminal continúa erosionando las bases del Estado y del bienestar nacional.
El pacto de la impunidad: las leyes que debilitaron la lucha contra el crimen
El malestar ciudadano no surge únicamente de percepciones o desencuentros políticos. Se sustenta también en decisiones legislativas concretas adoptadas durante los últimos años por un Congreso que, en opinión de amplios sectores de la sociedad civil, ha debilitado las herramientas del Estado para combatir la corrupción, el crimen organizado y las economías ilícitas. Entre las normas más cuestionadas figuran:
- Ley 32108 (Crimen Organizado): modificó aspectos centrales de la legislación aplicable a las organizaciones criminales y a las facultades de investigación, generando fuertes críticas de fiscales, jueces y especialistas en seguridad.
- Ley 31751 («Ley Soto»): redujo determinados plazos de prescripción penal, una medida interpretada por diversos sectores como un beneficio para personas sometidas a investigaciones por corrupción y otros delitos.
- Ley 32054: incorporó modificaciones relacionadas con la responsabilidad de las organizaciones políticas, limitando las posibilidades de investigar estructuras partidarias bajo determinados supuestos de criminalidad organizada.
El efecto acumulativo de estas reformas ha contribuido a fortalecer la percepción ciudadana de que el sistema político se protege a sí mismo mientras las demandas de seguridad y justicia permanecen sin respuesta.
Cómplices del oro de sangre: el blindaje a la minería ilegal
Ningún ejemplo resulta más revelador que la incapacidad del sistema político para enfrentar la expansión de la minería ilegal, una actividad que hoy representa una de las principales amenazas económicas, ambientales y de seguridad para el Perú. Durante los últimos años, el Congreso ha optado reiteradamente por prorrogar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), mecanismo concebido originalmente como una herramienta transitoria de formalización. En la práctica, sus sucesivas ampliaciones han sido interpretadas por numerosos especialistas como una postergación permanente de las decisiones de control y fiscalización que el problema exige. El costo de esta inacción es extraordinario.
- Exportaciones ilícitas en crecimiento: según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), el Perú exporta más de 104 toneladas al año de oro extraido ilegalmente. El valor de estas exportaciones habría alcanzado aproximadamente US$ 11,500 millones, convirtiendo al país en uno de los principales centros de extracción y exportación ilegal de oro en Sudamérica al mundo.
- Impacto internacional: el oro extraído ilegalmente ingresa posteriormente a cadenas globales de comercialización y refinación. Entre los principales destinos figuran India, Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Estados Unidos. El debate también ha alcanzado a Suiza, país que ha reforzado los mecanismos de trazabilidad y certificación del origen del metal.
- Ganancias para las organizaciones criminales: mientras el Estado pierde importantes recursos tributarios y enfrenta graves daños ambientales, las organizaciones vinculadas a la minería ilegal obtienen beneficios económicos extraordinarios, capaces de alimentar redes de corrupción, lavado de activos e infiltración institucional. La consecuencia es visible: una economía ilícita que continúa expandiéndose mientras el Estado pierde capacidad para ejercer control efectivo sobre amplias zonas del territorio nacional.
Roberto Sánchez: los procesos pendientes y la contradicción del discurso
El riesgo de confiar únicamente en discursos de justicia social se refleja en la trayectoria reciente de Roberto Sánchez, quien enfrenta diversos cuestionamientos judiciales y políticos que contrastan con la imagen pública proyectada por su organización. La Fiscalía le atribuye haber ocultado y desviado aproximadamente 280 mil soles provenientes de aportaciones y cuotas de militantes de su propia organización política hacia cuentas personales y de familiares cercanos. Como consecuencia de estas investigaciones, el Poder Judicial dispuso el inicio del juicio oral por presuntas irregularidades en la información presentada ante la ONPE, proceso en el que enfrenta un pedido de pena privativa de libertad e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.
Más allá del resultado final del proceso judicial, el caso ha generado una profunda decepción entre militantes y aportantes que confiaron recursos y expectativas a una organización que se presentaba como alternativa ética frente a las prácticas tradicionales de la política peruana. Durante el gobierno Castillo, por diecisiete meses permaneció al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Sánchez fue objeto de diversas denuncias vinculadas a presuntos actos de peculado y negociación incompatible. Entre los cuestionamientos más recurrentes figura el uso del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) para la contratación de personal vinculado políticamente a su entorno, situación que ha sido materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Su gestión también ha sido objeto de críticas por la ausencia de una estrategia eficaz para reposicionar internacionalmente al Perú tras la pandemia. Las controversias en torno a la gestión del acceso a Machu Picchu, la persistencia de circuitos informales y la lenta recuperación de los flujos turísticos han alimentado el debate sobre los resultados obtenidos por el sector durante ese período.
Existe además un episodio reciente que ayuda a comprender la forma en que determinados actores políticos entienden su relación con las normas. Tras la jornada electoral del 7 de junio, Roberto Sánchez acudió al establecimiento penitenciario de Barbadillo para reunirse con Pedro Castillo y seguir junto a él el conteo de votos. La visita no habría llamado particularmente la atención si no fuera por las interrogantes que plantea respecto de las condiciones en que se produjo. De acuerdo con las reglas ordinarias del establecimiento penitenciario, las visitas se encuentran sujetas a horarios, procedimientos y autorizaciones específicas. En el caso de un congresista, una visita realizada en ejercicio de sus funciones institucionales debería estar respaldada por una comunicación del Congreso de la República. Diversos observadores han señalado que el día y las condiciones de la visita no corresponderían a los supuestos habituales previstos para este tipo de ingresos. Si tales observaciones son correctas, el problema no sería la reunión con Pedro Castillo en sí misma. El problema sería la eventual utilización de una prerrogativa pública para sortear procedimientos que resultan obligatorios para cualquier ciudadano.
La cuestión es especialmente relevante porque Sánchez no es un ciudadano cualquiera. Es un candidato presidencial. Quien aspira a dirigir el país debería ser el primero en demostrar respeto por las reglas y procedimientos del Estado. La confianza ciudadana en el Estado de Derecho no se construye únicamente mediante grandes discursos. También se construye a través del respeto cotidiano de las normas que rigen la vida pública. La pregunta es simple: si durante una campaña electoral se considera legítimo actuar al borde de las reglas o prescindir de ellas, ¿qué garantías existen de que la conducta será distinta cuando se ejerza el poder?
Keiko Fujimori: un perdón insuficiente para una parte del electorado
Por su parte, Keiko Fujimori intentó durante la campaña tomar distancia de los errores políticos del pasado mediante un pedido público de perdón. Sin embargo, para una parte importante de la ciudadanía dicho gesto no resulta suficiente. El rechazo que despierta su candidatura no se limita a los acontecimientos más recientes. Es el resultado de una larga acumulación de conflictos políticos, enfrentamientos institucionales y decisiones que dejaron una profunda huella en la vida pública peruana. Una parte importante de la ciudadanía recuerda el papel desempeñado por el fujimorismo en la crisis política que culminó con la salida de Pedro Pablo Kuczynski de la Presidencia. Aunque años después, ahora, se produjeron gestos de acercamiento y reconciliación, los efectos políticos de aquel periodo no desaparecieron. La política no funciona mediante absoluciones retrospectivas. Cada decisión tiene consecuencias institucionales, económicas y sociales que terminan afectando la confianza de los ciudadanos y la imagen del país. Durante años, Keiko Fujimori ejerció el liderazgo de una bancada disciplinada y determinante en el Congreso. Precisamente por ello, resulta difícil separar su figura de las decisiones adoptadas por ese bloque parlamentario. Para muchos ciudadanos, el problema no radica únicamente en los errores del pasado, sino en la percepción de que ese poder político no fue utilizado para impulsar reformas capaces de mejorar sustancialmente la seguridad ciudadana, fortalecer las instituciones o enfrentar con decisión fenómenos como la corrupción y las economías ilícitas.
Para una parte de la ciudadanía, la trayectoria política de Keiko Fujimori también ha estado marcada por una forma particularmente rígida, la ruptura con su hermano Kenji Fujimori y la conducción disciplinada de una bancada que durante años siguió fielmente sus directrices alimentaron la percepción de un liderazgo poco inclinado a la conciliación y al consenso. La política democrática exige firmeza, pero también capacidad para construir acuerdos duraderos. Muchos ciudadanos recuerdan que varios de los episodios más traumáticos de la crisis política peruana estuvieron acompañados por una dinámica de confrontación permanente entre los principales actores institucionales. Por ello, el problema para una parte del electorado no reside únicamente en los errores cometidos, sino en la duda respecto de si ese estilo de conducción política ha sido realmente revisado.
La ciudadanía y la reconstrucción nacional
La intención de las líneas anteriores no es afirmar que el Perú se haya inclinado masivamente hacia una ideología determinada. Por el contrario, busca explicar el profundo malestar de una ciudadanía que percibe que las opciones presentadas no respondían a las expectativas de renovación, seguridad y desarrollo que el país demanda.
Para muchos peruanos, el dilema electoral no consistía en elegir entre dos proyectos capaces de entusiasmar al país, sino entre alternativas que acumulaban cuestionamientos, desconfianza y responsabilidades políticas que no pueden ser ignoradas. Esa sensación explica buena parte del desencanto que acompañó este proceso electoral. Pero la historia no termina con los candidatos. El verdadero desafío comienza después de las elecciones.
El desenlace de esta crisis nos enfrenta a una verdad ineludible: una mayor participación ciudadana es urgente y necesaria. No podemos seguir entregando cheques en blanco cada cinco años ni limitarnos a observar pasivamente el deterioro de las instituciones. La vigilancia ciudadana, la exigencia de rendición de cuentas y la defensa permanente del Estado de Derecho deben convertirse en prácticas cotidianas y no únicamente electorales.
Quizá la lección más importante de este proceso sea comprender que nada es inevitable. Ninguna crisis política, ningún deterioro institucional y ninguna deriva populista son fenómenos irreversibles. Las democracias se debilitan cuando los ciudadanos se resignan a ser espectadores y se fortalecen cuando asumen su papel como protagonistas de la vida pública.
Quizá el reto más urgente del Perú no sea únicamente elegir mejores gobernantes, sino construir un proyecto nacional capaz de devolver esperanza a los ciudadanos. Los descontentos, los olvidados y quienes sienten haber sido tratados injustamente no pueden seguir siendo abandonados al discurso fácil del populismo. Debemos encontrar espacios de escucha, participación y representación dentro de la democracia.
El populismo se alimenta de la frustración. La democracia se fortalece cuando ofrece caminos reales de progreso y reconciliación. Por ello, además de exigir responsabilidades a nuestra clase política, debemos ser capaces de construir un movimiento ciudadano de reconciliación nacional que permita reencontrarnos como país y recuperar la confianza en nuestras propias capacidades.
La esperanza también es una política pública. Y quizá sea la más importante de todas.
