El Comité de Libertades Civiles evalúa el informe sobre el estado de derecho de la Comisión de 2021, que puede ser útil, pero muchos de sus aspectos deben mejorarse para que pueda ser realmente efectivo.
El 20 de abril 2022, el Comité de Libertades Civiles concluyó su evaluación del Informe anual sobre el estado de derecho de 2021 de la Comisión. El informe de propia iniciativa (aprobado con 54 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención) reitera que el trabajo de la CE en este ámbito es útil, destacando al mismo tiempo que el Parlamento espera mejoras significativas. En particular, los eurodiputados lamentan que, a pesar de las críticas del Parlamento, la Comisión todavía no haya ampliado el alcance de su informe para incluir la totalidad de los valores del artículo 2, siga sin diferenciar entre infracciones sistémicas e individuales y aún no haya realizado un análisis más exhaustivo, evaluación profunda y transparente, incluida la adopción de medidas en respuesta a las infracciones.
Entre otras sugerencias, para que los informes anuales de la Comisión sean plenamente efectivos, el Parlamento pide:
- alejarse de la “documentación descriptiva” y optar por un enfoque “analítico y prescriptivo” que identificaría tendencias transversales, incluidas posibles vulnerabilidades sistémicas, a nivel de la UE;
- más claridad metodológica, más tiempo y mayor participación de las partes interesadas, y más recursos de la CE asignados a la tarea;
- un vínculo directo entre las conclusiones del informe y la activación de mecanismos correctivos (p. ej., el artículo 7, la condicionalidad presupuestaria y los procedimientos de infracción, así como los pasos para el establecimiento de un mecanismo integral permanente;
- la creación de un “índice de estado de derecho” cuantitativo, además de la evaluación cualitativa, basado en una evaluación del desempeño de los estados miembros al final de cada capítulo; y
- el establecimiento de una “Semana de los valores de la UE” anual cada septiembre.
El Comité de Libertades Civiles lamenta que el informe no reconozca claramente el “proceso deliberado de retroceso del estado de derecho” en Polonia y Hungría, ni identifique otras deficiencias en varios países de la UE. El texto también destaca que la simple presentación de “deficiencias o incumplimientos de diferente naturaleza o intensidad” corre el riesgo de banalizar las infracciones más graves.
El informe también aborda las numerosas preocupaciones relacionadas con el estado de los valores de la UE, en particular, la selección intencional de grupos minoritarios en algunos países; amenazas a la independencia judicial y la primacía del derecho de la UE; SLAPP; corrupción, restricciones a la libertad de expresión y pluralismo mediático; desafíos a la democracia de la UE; el impacto de las medidas relacionadas con COVID en las libertades civiles; amenazas a los derechos fundamentales de las minorías, grupos vulnerables y solicitantes de asilo; y ataques a los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de las personas LGBTIQ.
El ponente Terry Reintke (Verdes/ALE, DE) comentó: «La Comisión no debe contentarse con describir simplemente las violaciones del estado de derecho. El informe debe tener fuerza en el futuro: la Comisión debe hacer que sus recomendaciones específicas por país sean vinculantes. Las violaciones del estado de derecho mencionadas en el informe deben convertirse en un posible desencadenante del mecanismo de condicionalidad que conduce a la cancelación de los fondos de la UE».
Se espera que el informe se presente para su adopción en la sesión plenaria del PE del 18 al 19 de mayo en Bruselas.
