La OCDE acoge con beneplácito los esfuerzos de cumplimiento de los sobornos extranjeros e insta a Colombia a movilizar a los principales organismos gubernamentales y policiales en la lucha contra el soborno extranjero
Solo dos años después de la entrada en vigencia de su legislación de responsabilidad corporativa, Colombia concluyó su primer caso de soborno extranjero contra una corporación en 2018 y actualmente está llevando a cabo 20 investigaciones de soborno extranjero en compañías. Estos son pasos alentadores, y Colombia ahora debería aumentar la participación de las agencias gubernamentales y policiales clave para implementar una política integral sobre el soborno extranjero y hacer cumplir el delito contra individuos y empresas, según un nuevo informe del Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Soborno.
Desde su evaluación de la Fase 2 por el Grupo de Trabajo en 2015, Colombia ha demostrado un compromiso limitado en términos de capacitación, sensibilización, detección y notificación de sobornos en el extranjero. En particular, la legislación de protección de denunciantes aún falta desesperadamente. El Grupo de Trabajo también señala que se necesitan más esfuerzos para fortalecer la capacidad de las agencias de aplicación de la ley para detectar, investigar y enjuiciar proactivamente el soborno extranjero. También se podrían tomar medidas adicionales para preservar las investigaciones y procesamientos de sobornos extranjeros de la influencia política.
El Grupo de Trabajo acaba de completar su evaluación de la Fase 3 de la implementación de Colombia de la Convención Antisoborno de la OCDE y los instrumentos relacionados, y recomienda además que Colombia:
- Mejorar la cooperación y coordinación entre la Superintendencia de Corporaciones y la Fiscalía (Fiscalía) para asegurar un intercambio de información más efectivo y proactivo en casos de soborno en el extranjero;
- Garantizar que las personas jurídicas que cometen sobornos en el extranjero estén sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluida la confiscación del producto del soborno;
- Adoptar con urgencia una legislación de protección de denunciantes que brinde protecciones claras y completas contra represalias a los denunciantes en los sectores público y privado.
El informe también destaca aspectos positivos de los esfuerzos de Colombia para combatir 
el soborno extranjero. En particular, la Superintendencia de Corporaciones de Colombia ha estado activa en la investigación de denuncias de soborno extranjero por parte de empresas y en la promoción de programas corporativos de cumplimiento anticorrupción. Las investigaciones de la PGO en individuos están en curso y se espera que conduzcan a una mayor aplicación. Colombia también parece tener un marco sólido para proporcionar y buscar cooperación internacional en casos de soborno extranjero. Los pasos tomados por Colombia para introducir obligaciones de notificación del soborno extranjero para los auditores también pueden mejorar la detección y sanción del soborno extranjero, aunque aún pueden ser necesarios mayores esfuerzos para mejorar la detección del soborno extranjero a través de mecanismos contra el lavado de dinero.
El Informe de la Fase 3 de Colombia muestra la actividad de cumplimiento reciente y características legales, políticas e institucionales específicas del marco de trabajo de Colombia para combatir el soborno extranjero. Colombia presentará un informe oral al Grupo de Trabajo en diciembre de 2020 sobre los progresos realizados para adoptar la legislación de protección de denunciantes. De acuerdo con el procedimiento estándar, Colombia presentará un informe escrito al Grupo de Trabajo dentro de dos años (es decir, antes de diciembre de 2021) sobre su implementación de todas las recomendaciones y sus esfuerzos de aplicación, que también estarán a disposición del público.
