Una de las caras más oscura de la relación Estado-Empresa, que no siempre ocupa amplios espacios digitales y montañas de papel, es la corrupción. El caso Odebrecht, ha sacado a luz la crisis generalizada en Latinoamérica, con mayores evidencias en una docena de países
Las emergentes democracias sufren acelerada desestabilización, con centenas de juicios y prisión para múltiples protagonistas. Presidentes, ministros, parlamentarios, banqueros, empresarios de toda laya junto a cómplices menores, escamotean la Justicia y burlan los deseos y esperanzas de pueblos afectados.
Vivimos el resurgimiento de la violencia en calles y plazas, nuevas organizaciones regionales como partidos y asociaciones democráticos lanzan proclamas, entretanto las economías se resienten y el futuro se torna más incierto. Las cifras oficiales sobre crecimiento económico que proclaman los gobiernos de turno, no incluyen a las mayorías. La pirámide de ingresos se estrecha cada minuto.
Manuel Romero Caro, economista con larga experiencia, que se atrevió a fundar en el Perú de 1990 el primer diario de economía y finanzas, desde su primera edición pudo percibir y revelar el oscuro horizonte que se venía con el remate de las empresas públicas a poderosas firmas extranjeras.
Ese flujo de dólares, incluyendo del narcotráfico, nunca antes percibido, creó el espacio para ampliar la corrupción que hoy se conoce y se reproduce en América, con los mismos métodos y argucias. Esta afirmación se constata en “La negociación del Acuerdo con Odebrecht, que ha sido un fracaso”, según síntesis de Romero Caro, que forma parte de un esfuerzo personal y de apoyo de varios especialistas y organizaciones internacionales de periodistas, que han brindado caminos para la intervención de la Justicia, pero que tampoco avanza como lo exige la ciudadanía.
El Caso Odebrecht ya forma parte de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros países más de América Latina, que detalla coimas de dinero y sobornos, a presidentes, expresidentes y funcionarios del gobierno de 12 países: Angola, Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Odebrecht, fundada en Brasil en 1944, creó su «Caja B» a finales de los años 2010 con el nombre de «Sector de relaciones estratégicas» para disimular la maraña de su delictuosa actuación, pero la estructura ilegal venía operando desde 1987, según consta en los registros que guardó una funcionaria durante tres décadas, hasta entregarlos a la justicia de su país y a la Comisión del Congreso que asumió la investigación.
El Perú, sobresale entre 2005 y 2014, cuando Odebrecht hace pagos de sobornos a funcionarios que comprenden los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), según se desprende del acuerdo firmado por la compañía con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo entonces que apoyaría en todo lo que sea necesario para la investigación, y después también PPK, fue descubierto como parte de la telaraña.
Atalaya Económica, blog de Gestión, diario que creó en 1990, permite recordar la feria o remate de empresas que propició Fujimori. Y hoy salen a luz nuevos detalles sobre los pagos secretos vinculados a 5 proyectos “nuevos”, proceso que muestra el fracaso de la negociación del Acuerdo.
Romero Caro, considera que un factor indispensable para llevar a buen puerto cualquier negociación es el nivel de credibilidad de las partes involucradas. Sin ese factor, o una mínima parte del mismo, las negociaciones fracasarán o serán prolongadas y más costosas. Y en el caso del Grupo Odebrecht (Odb) la verdad no ha sido precisamente el sello distintivo de su cultura empresarial.
Si retrocedemos en el tiempo encontraremos muchos ejemplos de esto. Y esta “característica“ va de rey a paje. Es así que ya se han publicado diversas mentiras e inconsistencias de parte de Marcelo Odebrecht.
Por su parte, otro directivo de la misma organización, Jorge Barata, tampoco se queda atrás. Solo 2 ejemplos referidos al GSP: él siempre negó que Edgar Ramírez, presidente del comité de Pro Inversión que otorgó la concesión del GSP a Odebrecht hubiera trabajado para el Grupo Odb. Sin embargo tanto él como el ex ministro de Energía Mayorga trabajaron para dicho grupo. Inclusive por haber mantenido dicha vinculación hasta un período menor a dos años de la fecha en que ambos asumieron responsabilidades en ProInversión y el MEM, legalmente debieron de haberse abstenido de participar en asuntos vinculados con dicho Grupo, lo que no hicieron.
Pero las mentiras no son cosa del pasado ni la nueva Odebrecht se ha reconvertido como afirman sus defensores. Por ejemplo, un ex miembro de relaciones públicas, Gustavo Gorriti, ha afirmado que Odebrecht es “una compañía que se encuentra ahora en profundo proceso de reforma y que hoy colabora plenamente en la tarea de identificar la corrupción y los corruptos” (IDL-R, “Hipócritas y bribones”, 23.1.19).
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