Las 11 recomendaciones de la Cumbre de la PAS sobre Tráfico de Órganos

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Comprender al Papa Francisco para un europeo no es tan fácil y realmente sorprende también a los latinoamericanos por la sencillez y profundidad de sus actos. Monseñor Marcelo Sanchez Sorondo, Canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias y de la Ciencia Sociales nos relataba, durante una cena con un grupo de periodistas que seguiamos un curso en el Vaticano, que enviaron una carta al Papa presentando una serie de actividades anuales, como respuesta recibieron unas líneas escritas en el mismo sobre de la carta enviada. Estas líneas han dado lugar a un importante trabajo que precisamente ha sido clausurado el día 9 de febrero en la Casina Pio IV.

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Estas líneas ha significado, para la Academia y para su Canciller, un gran trabajo que como señala la presentación del Convenio “El tráfico de órganos viola los principios de justicia, equidad y respeto de la dignidad humana, en tanto engloba no sólo la venta de órganos, sino que también se ha convertido en una forma de  esclavitud que explota a trabajadores en condiciones de servidumbre, poblaciones migrantes, refugiados que huyen de los genocidios que se cometen en sus países de origen, prisioneros ejecutados y menores: en una palabra, a los desposeídos y a los excluidos.”

 

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Monseñor Marcelo Sanchez Sorondo, Canciller de la Pontificia Academia de las Ciencias sociales

Si trás este tráfico se esconde una escasez de órganos disponibles para la realización de trasplantes; anualmente, el tráfico de órganos no se detiene; señala la presentación que entre los lugares en los que este flagelo tiene lugar, “cabe mencionar a Asia, México y otros países latinoamericanos, Egipto, Paquistán e India. Los principales receptores son Canadá y EE.UU. y países de Europa Occidental, Australia, y del Golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Y dentro de Irán, se ha llegado a legalizar la venta de órganos humanos.”

Han sido realizados diferentes Convenios  y la Cumbre PAS del 2017 ha dado 11 recomendaciones  sobre la Trata de Órganos que se proponen a los Gobiernos nacionales, regionales y municipales, a los Ministerios de salud, al Poder Judicial, a los líderes de las principales religiones, a las Organizaciones médicas profesionales y al público en general para su implementación alrededor del mundo:

1. Que todas las naciones y todas las culturas reconozcan la trata de personas con fines de extracción de órganos y tráfico de órganos, lo cual incluye el uso de órganos de prisioneros ejecutados y pagos a donantes o familiares de donantes fallecidos como delitos que deben ser condenados en todo el mundo y procesados legalmente a nivel nacional e internacional.

2. Que los líderes religiosos alienten la donación ética de órganos  y condenen la trata de personas con el propósito de extraer órganos y traficar con órganos.

3. Que las Naciones proporcionen los recursos para lograr la autosuficiencia en la donación de órganos a nivel nacional -con cooperación regional, según proceda- reduciendo la necesidad de trasplantes mediante medidas preventivas y mejorando el acceso a los programas nacionales de trasplante de manera ética y regulada.

4. Que los gobiernos establezcan un marco jurídico que proporcione una base explícita para la prevención y enjuiciamiento de los delitos relacionados con el trasplante y proteja a las víctimas, independientemente del lugar donde se hayan cometido los crímenes, por ejemplo, al convertirse en Parte en el Consejo de la Convención Europea contra la Trata de Órganos.

5. Que los profesionales de la salud realicen una revisión ética y médica de los donantes y receptores que tenga en cuenta sus resultados a corto y largo plazo.

6. Que los gobiernos establezcan registros de todas las adquisiciones de órganos y trasplantes realizados dentro de su jurisdicción, así como todos los trasplantes que involucren a sus ciudadanos y residentes que se realicen en otra jurisdicción y compartan los datos apropiados con los bancos de datos internacionales.

7. Que los gobiernos desarrollen un marco legal para que los profesionales de la salud y otros profesionales comuniquen información sobre casos sospechosos de delitos relacionados con trasplantes, respetando sus obligaciones profesionales hacia los pacientes.

8. Que las autoridades responsables, con el apoyo del sistema judicial, investiguen los trasplantes sospechosos de implicar como delito cometido dentro de su jurisdicción o cometido por sus ciudadanos o residentes en otra jurisdicción.

9. Que las autoridades responsables, los proveedores de seguros y las organizaciones benéficas no cubran los costos de los procedimientos de trasplante que involucren la trata de personas con fines de extracción de órganos o tráfico de órganos.

10. Que las organizaciones de profesionales de la salud que participan en el trasplante promuevan entre sus miembros la concienciación y el cumplimiento de los instrumentos jurídicos y las directrices internacionales contra el tráfico de órganos y la trata de personas con fines de extracción de órganos.

11. Que la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de Europa, los organismos de las Naciones Unidas, incluida la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y otros organismos internacionales cooperen para permitir una recopilación completa de información sobre los delitos relacionados con trasplantes, sobre su naturaleza y alcance y sobre la organización de las redes criminales implicadas.

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