Son varios los casos en investigación sobre ayudas estatales, esta vez, es España que está en la mira. Tras recibir una denuncia, la Comisión ha iniciado una investigación exhaustiva para averiguar si una serie de medidas públicas otorgadas a la empresa minera española Iberpotash supusieron una ventaja selectiva frente a sus competidores infringiendo las normas sobre ayudas estatales de la UE.
Iberpotash (que pasó a denominarse ICL Iberia Súria & Sallent en 2014) es propietaria y explota varias minas de potasa en la Comunidad Autónoma de Cataluña, España. La potasa se utiliza principalmente para fabricar fertilizantes. La extracción y la transformación primaria de la potasa producen también sal como subproducto.
En 2012 la Comisión recibió una denuncia en la que se señalaba que Iberpotash se beneficiaba de varias medidas de ayuda estatal en apoyo de sus actividades mineras, a saber:
Garantías financieras ofrecidas a organismos públicos para la protección del medio ambiente
La primera medida se refiere a las garantías financieras ofrecidas por Iberpotash a los organismos públicos autonómicos para cumplir sus obligaciones de protección medioambiental. Estas obligaciones están relacionadas con los residuos generados por las minas de Iberpotash y las garantías que se supone deben cubrir el coste potencial de la rehabilitación de los terrenos.
La investigación de la Comisión se va a centrar ahora en determinar si el importe de la garantía financiera, fijado originalmente en dos millones de euros, es muy inferior al que exigen las normas medioambientales, en particular la Directiva sobre residuos de las industrias extractivas de la UE y las normas nacionales y autonómicas pertinentes. De confirmarse, la empresa habría obtenido una ventaja financiera.
Financiación de las medidas de protección medioambiental
En segundo lugar, las autoridades españolas financiaron en su totalidad los €7,9 millones de los costes para el recubrimiento físico de una escombrera de Iberpotash y para la reducción de la contaminación. La Comisión valorará si estos costes deberían haber sido sufragados por Iberpotash, por ser el contaminador. De confirmarse, esto supondría una infracción del principio de quien contamina, paga, ya que sería una autoridad pública la que estaría cubriendo los gastos de limpieza en lugar de la empresa responsable de la contaminación.
Ambas medidas pueden haber concedido a Iberpotash una ventaja selectiva frente a sus competidores, que tienen que asumir estos costes, por lo que supondría ayuda estatal a tenor de la normativa sobre ayudas estatales de la UE.
La Comisión proseguirá su investigación para averiguar si sus dudas iniciales se ven confirmadas o no. La apertura de una investigación pormenorizada brinda a los terceros interesados la oportunidad de presentar observaciones sobre las dos medidas evaluadas, sin perjuicio del resultado de la investigación.
