Iniciado en 2013, el cuadro de indicadores de la justicia en la UE es uno de los instrumentos del Estado de Derecho de la UE utilizado por la Comisión para supervisar las reformas judiciales emprendidas por los Estados miembros, y también contribuye al Semestre Europeo. El cuadro anual de indicadores de la justicia en la UE evalúa la independencia, la calidad y la eficiencia de los sistemas judiciales nacionales.
El cuadro de indicadores se centra en los tres elementos principales de un sistema judicial eficaz:
- Eficiencia: indicadores sobre duración de los procesos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes.
- Calidad: indicadores sobre la accesibilidad, tales como asistencia jurídica y tasas judiciales, la formación, el seguimiento de las actividades judiciales, el presupuesto, los recursos humanos y las normas sobre la calidad de las sentencias.
- Independencia: indicadores sobre la percepción de la independencia judicial entre las empresas y la población en general, sobre las garantías relativas a los jueces y las relativas al funcionamiento de las fiscalías nacionales.
La mejora de la eficacia de los sistemas judiciales nacionales es una prioridad bien asentada del Semestre Europeo, que es el ciclo anual de coordinación de las políticas económicas de la UE. El cuadro de indicadores de la justicia de la UE ayuda a los Estados miembros a alcanzar este objetivo al proporcionarles un análisis comparativo anual del funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales.
Tiempo necesario para resolver asuntos contenciosos civiles y mercantiles* en todas las instancias judiciales en 2016 (primera, segunda y tercera instancia / días) (fuente: estudio de la CEPEJ)
Las principales conclusiones del cuadro de 2019 son las siguientes:
- Algunas tendencias positivas en materia de eficiencia de los sistemas judiciales: El cuadro de indicadores indica que, a lo largo del período de ocho años comprendido entre 2010-2017, se observa una evolución positiva en casi todos los Estados miembros que, según el Semestre Europeo, se enfrentaban a dificultades concretas. Desde 2010, en casi todos esos Estados miembros, la duración de los procedimientos judiciales en primera instancia ha disminuido o, al menos, se ha mantenido estable. Además, los procedimientos de primera instancia en asuntos de blanqueo de capitales duran una media de hasta un año. Sin embargo, en algunos Estados miembros con dificultades en este ámbito, los procedimientos pueden durar todavía dos o más años.
- Aumentan los retos por lo que se refiere a la percepción de la independencia judicial: Según una encuesta del Eurobarómetro, en dos tercios de los Estados miembros, la percepción de la independencia del poder judicial ha mejorado con respecto a 2016. Sin embargo, en comparación con el año pasado, la percepción por la población de la independencia se ha reducido en aproximadamente tres quintas partes de los Estados miembros. La posible injerencia o presión política es la razón principal de la supuesta falta de independencia de los jueces y tribunales. En cuanto a las fiscalías nacionales, el cuadro de indicadores indica que, en algunos Estados miembros, se tienden a concentrar en manos de una única autoridad las competencias de gestión, tales como la evaluación, la promoción y el traslado de fiscales.
- Calidad de la justicia: En general, el gasto público total en los órganos jurisdiccionales se mantuvo estable en toda la UE en 2017. Para mejorar la calidad de las sentencias (basándose en los datos de las redes judiciales europeas), la mayoría de los órganos jurisdiccionales imparten formación específica a los jueces sobre la estructura y el estilo de razonamiento y de redacción de las sentencias. En algunos Estados miembros, los usuarios de los órganos jurisdiccionales pueden solicitar que se clarifiquen las resoluciones judiciales. Con respecto a años anteriores, ha mejorado el acceso en línea a las resoluciones judiciales, especialmente en lo que se refiere a la publicación de sentencias de la instancia superior: 19 Estados miembros publican actualmente todas las sentencias civiles/ mercantiles y administrativas.
