Ante el primer Congreso bicameral de esta nueva etapa constitucional, y en representación del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros presentó la política general del Gobierno para el periodo 2026–2031. Señaló que el país ha recibido un Estado desordenado, entrampado por la burocracia y que llega tarde al delito, a las emergencias y a las necesidades de las familias. Un Estado que complica al ciudadano, que genera trámites inútiles y que obstaculiza en lugar de servir.
Afirmó que el Perú no está mal por falta de diagnóstico ni por ausencia de democracia o libertad económica, sino por la falta de liderazgo, gestión y por haber tolerado incapacidad, improvisación, abandono y corrupción. Explicó que existen insumos guardados durante años, órdenes de servicio que requieren explicación y kits escolares sin distribuir, evidencia de un Estado que no convierte recursos en soluciones.
El Gobierno planteó cinco ejes de política general: reducir la inseguridad ciudadana; reducir la vulnerabilidad frente a desastres y cambio climático; fortalecer el desarrollo integral de las personas; elevar la productividad con empleo formal e integración económica del territorio; y consolidar la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho.
Sobre seguridad, afirmó que es la amenaza directa contra la libertad y la economía. El Gobierno recuperará la autoridad del Estado con mayor capacidad operativa, inteligencia tecnológica y presencia policial. Se concentrará en extorsión, sicariato, crimen organizado, tráfico ilícito de drogas y economías ilegales. Se identificaron fallas críticas como la “puerta giratoria” del Código Procesal Penal, discrepancias entre instituciones y la pérdida de capacidad operativa de la Dirección Nacional de Inteligencia. Se anunció la presentación acelerada de la delegación de facultades para corregir estos problemas.
Se fortalecerá el sistema de flagrancia, se ampliarán unidades especializadas contra la extorsión y se modernizará la identificación criminal con tecnología biométrica y biovigilancia inteligente. Se ejecutarán más de 50,000 operativos y se endurecerá el régimen penitenciario para internos de alta peligrosidad, bloqueando comunicaciones y reduciendo visitas. Se trasladará a internos de delitos menores a hangares y cuarteles para descongestionar penales y mejorar el control.
En el segundo eje, sobre desastres y cambio climático, se anunció la instalación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno del Niño. Se identificaron 536 puntos críticos para limpieza y descolmatación. Se impulsarán intervenciones preventivas en pesca, agricultura, infraestructura y defensa. Se fortalecerá la capacidad de búsqueda y rescate urbano, duplicando y luego cuadruplicando los grupos USAR. Se implementará el plan nacional de drenaje pluvial “Drena Más” y se utilizará empleo temporal como herramienta de prevención.
En el tercer eje, sobre desarrollo integral, se priorizará la primera infancia, la reducción de anemia, la atención materna, el acceso a agua segura y la modernización de servicios de salud. Se fortalecerán redes integradas de salud, se reducirán brechas de citas médicas y medicamentos, y se impulsará una educación centrada en comprensión lectora, razonamiento matemático, educación cívica y financiera. Se combatirá el trabajo infantil y se fortalecerá la transición de educación al empleo. Para adultos mayores, se implementará atención domiciliaria articulada con telemedicina.
En el cuarto eje, sobre productividad, se impulsará inversión, reglas claras y simplificación tributaria. Se crearán comisiones presidenciales para enfrentar informalidad laboral, profundizar mercados financieros, acelerar inversión pública y reducir evasión tributaria. Se simplificarán regímenes tributarios para que las empresas pequeñas puedan crecer sin fragmentarse. Se reactivará infraestructura de riego, se impulsarán proyectos energéticos y se masificará el gas natural para transporte público. Se fortalecerá conectividad vial, ferroviaria y digital, y se promoverá inversión minera responsable. Se invertirá en investigación pesquera y se formalizará la propiedad para dinamizar la economía.
En el quinto eje, sobre gobernabilidad democrática, se reafirmó que la democracia, el Estado de derecho y la separación de poderes no son negociables. El Gobierno defenderá la institucionalidad, la libertad de prensa y los derechos fundamentales. Se impulsará un enfoque presupuestario responsable, ampliando compras corporativas y simplificando reglas tributarias y aduaneras. Se promoverá diálogo entre Ejecutivo y Legislativo para acelerar soluciones y evitar confrontaciones estériles.
Finalmente, el premier señaló que el Perú enfrenta grandes desafíos, pero que el Gobierno no viene a administrar problemas sino a resolverlos con acciones concretas. Reafirmó el compromiso de gobernar con firmeza, urgencia y responsabilidad, pensando en el país que se quiere dejar a las próximas generaciones.
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El inicio del discurso fue un diagnóstico severo: el Gobierno anterior: Boluarte, Jerì y Balcazar no gobernó en favor de los ciudadanos. Se encontraron materiales sin distribuir, insumos abandonados y evidencia de una gestión que no convirtió recursos en soluciones. El premier señaló que el Estado llegó tarde al delito, tarde a las emergencias y tarde a las necesidades de las familias, pero temprano para multar, cerrar negocios y generar burocracias inútiles.
En materia de seguridad, Galarreta afirmó que la lucha contra la delincuencia irá de la mano con el combate a las economías ilegales. La minería ilegal fue mencionada como uno de los motores del crimen organizado, y se anunció que los operativos continuarán de manera sostenida. La seguridad ciudadana, según el premier, no puede separarse de las actividades ilícitas que financian la violencia.
El segundo eje se centró en el Fenómeno del Niño. Se anunció la creación de una Comisión Nacional de Gestión del Riesgo, encargada de ordenar acciones preventivas antes de los efectos del fenómeno. El premier fue explícito: el Gobierno anterior no actuó. Lo que debió iniciarse hace cinco o seis meses recién se implementará ahora. El discurso transmitió confianza en la tecnología para anticipar deslizamientos, lluvias extremas y emergencias climáticas, pero también dejó claro el retraso heredado.
La conclusión implícita del premier fue contundente: la administración Boluarte–Jeri–Balcázar no estuvo a la altura de la presidencia. La falta de prevención, la ausencia de gestión y la incapacidad para ejecutar obras críticas quedaron expuestas en los primeros días del nuevo gobierno.
Galarreta también reveló un problema estructural dentro del Estado: existen normas administrativas que impiden renovar los altos cargos públicos. Estas disposiciones bloquean el ingreso de profesionales con mayores competencias, trayectoria limpia y vocación de servicio. Según el premier, el Estado mantiene reglas que protegen la permanencia de cuadros sin mérito y dificultan la incorporación de perfiles capaces de liderar una transformación institucional.
Galarreta presentó un problema de fondo que no suele mencionarse en discursos oficiales: el propio Estado peruano tiene normas que impiden renovar los altos cargos públicos. Señaló que existen disposiciones administrativas que bloquean el ingreso de ciudadanos con mayores competencias, trayectoria limpia y espíritu de servicio. En otras palabras, personas capaces, honestas y técnicamente calificadas no pueden ocupar esos encargos porque las reglas internas del aparato estatal protegen la permanencia de cuadros sin mérito y dificultan la incorporación de profesionales que podrían transformar la gestión pública.
Este señalamiento revela una falla estructural: el Estado está diseñado para reproducir mediocridad, no excelencia. Las normas vigentes impiden que perfiles con integridad y capacidad técnica integren los cuadros de gobierno, consolidando un sistema que favorece la continuidad de funcionarios sin resultados y limita la entrada de talento nuevo. Es una denuncia institucional de alto calibre: el problema no es solo quién gobierna, sino cómo está construido el Estado para impedir que gobiernen los mejores.
El premier concluyó su exposición asegurando que trabajará “con temor a Dios”, una frase que introduce un componente moral y espiritual en la narrativa del gobierno. Este cierre no es menor: busca transmitir rectitud, compromiso ético y una distancia explícita respecto a la corrupción y la improvisación que, según el propio discurso, caracterizaron a administraciones anteriores. En un país donde la confianza institucional está profundamente erosionada, el uso de esta expresión apunta a reforzar la idea de un gobierno que pretende actuar con responsabilidad moral además de responsabilidad técnica.
