A pesar de los buenos propósitos la «Tarjeta Azul» no ha dado los resultados esperados. En abril de 2014, Jean-Claude Juncker presentó, durante su campaña electoral, un plan de cinco puntos sobre migración, incluido un llamamiento a Europa para que diera muestras de mayor determinación política en lo que respecta a la migración legal. En sus orientaciones políticas, el presidente Juncker anunció su intención de fomentar una nueva política europea de migración legal para hacer frente a las carencias en materia de cualificaciones y atraer a personas con talento para hacer frente mejor a los desafíos demográficos de la UE, objeto al que también contribuiría una revisión de la tarjeta azul de la UE.
El sistema de tarjeta azul de la UE, adoptado en 2009, se ha revelado insuficiente y poco atractivo hasta la fecha, por lo que está infrautilizado. Las restrictivas condiciones de admisión y la existencia de normas, condiciones y procedimientos nacionales paralelos han limitado el uso de este régimen de la UE. Únicamente el 31% de los emigrantes altamente formados a países de la OCDE escoge la UE como destino, es decir, los trabajadores cualificados prefieren otros destinos que compiten económicamente con la Unión.
Por ello la propuesta moderniza las normas vigentes y tiene por objeto mejorar la capacidad de la UE para atraer y conservar a trabajadores altamente cualificados nacionales de terceros países, ya que las tendencias demográficas apuntan a que, incluso con el mayor nivel de cualificación de la mano de obra de la UE que persigue fomentar la Nueva Agenda de Competencias, seguirá siendo necesario atraer a más personas con talento en el futuro.
La nueva propuesta establece un régimen único para toda la UE, que sustituye a los regímenes nacionales paralelos para crear empleo altamente cualificado, con el objetivo de ofrecer una mayor claridad a los solicitantes y las empresas y hacer que el sistema sea más visible y competitivo.
La propuesta refuerza los derechos tanto de los titulares de la tarjeta azul, que permite un acceso más rápido a un estatuto de residencia de larga duración, así como un acceso inmediato y más flexible al mercado laboral, como de sus familiares, garantizando que puedan reunirse con el titular de la tarjeta azul de la UE de forma simultánea, lo que debería aumentar el atractivo de la UE como destino para los trabajadores altamente cualificados que hacen falta a esta economía.
Según estimaciones, el nuevo sistema de tarjeta azul surtirá un efecto económico positivo anual de entre 1,400 y 6,200 millones EUR gracias a los trabajadores altamente cualificados que se desplacen a la UE para trabajar. Los Estados miembros seguirían siendo competentes para decidir el número de nacionales de terceros países admitidos en su territorio para buscar trabajo, de conformidad con el Tratado. También pueden llevar a cabo una verificación de la situación del mercado laboral si este sufre perturbaciones graves, tales como un elevado nivel de desempleo en una determinada profesión o sector, incluso en una parte de su territorio.
El Reino Unido, Irlanda y Dinamarca no participan en la adopción de esta Directiva, que no será vinculante ni aplicable en dichos países.
