La democracia Latinoamericana en pocos días ha vivido una conjunción crítica. Esta criticidad se ha manifestado en Venezuela, en un cierto modo la ha construido. Luego de haber solicitado una Reunión al Consejo Permanente de la OEA el lunes 27 de marzo, el martes 28 de marzo, los países latinoamericanos solicitaron examinar la situación venezolana. Acto seguido, se publica la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) con la decisión 156 de fecha 29/03/2017, en la cual interpreta el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y ante, según este organo jurisdiccional, las omisiones de la autodisuelta Asamblea Nacional, que se mantiene en desacato y contumacia, establece que, para no entorpecer la continuidad legislativa y administrativa, el Ejecutivo Nacional podría, excepcionalmente y por el bien de la República, constituir empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin autorización de la Asamblea Nacional, por cuanto la Asamblea Nacional no está en funciones para dar cumplimiento taxativo al artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
El sábado 1º de abril, el TSJ revisó la sentencia N° 155 y 156 sobre las competencias de la Asamblea Naciones (AN) condiderada en Venezuela, de mayoría opositora y en condición de desacato, así como la inmunidad parlamentaria. Intervino el presidente Maduro, el TSJ suprimió la sentencia N° 155 de fecha 28 de marzo de 2017, en lo que respecta a la inmunidad parlamentaria y con relación al «punto 4.4 del dispositivo referido a que la Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por ésta o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho; se suprime”.
La razón de este cambio fueron las inmediatas reacciones a nivel mundial, Perú retiró de inmediato a su Embajador, acto que fue seguido por México, Chile. El presidente Maduro a negado alguna responsabilidad en la sentencia.
En Paraguay, el presidente Cartes quien no surge de la vida política activa paraguaya sino del sector empresarial, elegido en 2013 está en vísperas de terminar mandato. Como otros mandatarios latinoamericanos, ha propuesto una modificación constitucional ue permita su reelección. El procedimiento seguido causó indignación, el pueblo se volcó a las calles, incendió el primer piso del Congreso de Paraguay, Diputados paraguayos fueron heridos, uno se encuentra en coma y un partidario civil murió.
La democracia es ese bien que debemos cuidar, tutelar, vigilar de tantas tentaciones malévolas, es un derecho que no se termina por poseer, ni siempre, ni constantemente, por ello hay que vigilar.
Este mes de marzo, Perú ha vivido la crisis más aguda en tema climático, interminables lluvias, huaycos e inundaciones han generado enormes daños en pérdidas humanas en pérdidas económicas, en infraestructura creando ruptura en las comunicaciones, todo esto ha concentrado la atención de los ciudadanos y gobernantes en auxiliar las regiones agraviadas.
En aquel momento, parlamentarias, que habían dado muestra se der intelectualmente preparadas y sensatas, presentaron el 7 de marzo el “Proyecto de Ley que protege las libertades y derechos informáticos de la Población.”
El título fastidia, parte del concepto que la población peruana es incapaz de discernir la información que busca y que recibe. Segpun el proyecto, el objeto tiene como finalidad evitar la influencia en contenido y linea editorial cautelando la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos. Propone que, no podrán ser directores periodístico, editores productores las personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción en perjuicio del Estado. Tampoco podrán ser presidentes o miembro del directorio, accionistas, gerente general o apoderado de un medio de comunicación quienes hayan sido igualmente condenados por el delito de corrupción.
Ampliándose, además, a los ciudadanos investigados por el Ministerio público por dicho delito de corrupción.
Concluye, el proyecto de ley, asignando la veeduría ciudadana al Ministerio de Transportes y Comunicaciones quien deberá implementar los mecanismos de acceso de información ciudadana que garantice el cumplimiento de esta ley.
Entre gallos y medianoche este proyecto fue presentado al Congreso, en plena consternación que vivía el país, esta propuesta legislativa corrió el riesgo de haber sido aprobada con la mayoría parlamentaria que cuenta el Fujimorismo. No obstante, los medios informativos permitieron hacer conocer a la ciudadania esta propuesta de Ley que, recibió criticas y rechazo, evoca tiempos Fujimoristas pasados.
El proyecto se retiró cuando la Defensoria del Pueblo manifestó que la iniciativa atentaba directamente contra derechos y libertades fundamentales. Sin embargo, el 31 de marzo han presentado bajo el mismo título una nueva versión modificada donde no incluyen a los investigados por delito de corrupción y elimina la figura de la «veeduría ciudadana».
Es lamentable que la política peruana, se ocupe de temas inexistentes, carentes de prioridad. Más bien, la acción legislativa se ejerza como capricho para saldar heridas personales y revanchas, se maniobre a los diputados para fines poco altruistas. Este proyecto no tiene como objetivo el bien común, tiene como objetivo un bien personal y se desea castigar a determinados ciudadanos, condenados o por condenar. Sobre todo, desea impedir que la ciudadania madure en su criterio personal y social.
Se debe reconocer, que el debate motivado por el primer proyecto así como el que se está generando por este segundo proyecto sustitutivo, evidencia, que la ciudadania tiene claro sus conceptos con relación a la información y a la libertad de expresión, sin necesidad de debatirse en el Congreso, el proyecto de ley, ha sido retirado pero la testarudez insiste en la segunda versión.
Una manera de apreciar el actuar del Fujimorismo, de su jefa Keiko Fujimori, quien felizmente el pueblo peruano no la eligió. Muy visceral y poco democrática, utiliza los poderes del Estado para visiones muy personales.
