I. Una ceremonia que marcó el inicio de una nueva etapa

Después de tres campañas presidenciales fallidas y más de una década de permanecer en el centro de la política peruana, Keiko Fujimori asumió finalmente la Presidencia de la República. A su juramentación llegaron caminando al Congreso de la República 10 mandatarios, capitaneados por el Rey Felipe VI de España, a su derecha Santiago Peña (Paraguay), a su izquierda José Antonio Kast (Chile), en la segunda fila Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay), le siguieron José Raúl Mulino (Panamá) y Nasry Asfura (Honduras). 

Ha sorprendido no poco Keiko Sofia Fujimori, en lo que a mi concierne, no perdió la calma, desde que llegó, lamentablemente en retardo, el programa hablaba de un juramente entro le 12.15, incluso los astros serían favorables si el juramento se realizaba a esa hora.

Llegar en auto no fue la mejor opción por las vías del centro histórico limeño, tal es así que a ceremonia concluida, salió del Congreso caminando hasta la sede de Palacio de Gobierno, sin escolta cercana, con francotiradores en los edificios, pero ella demostró confianza en la gente y valentía. Podemos aseverar que tuvo una actuación impecable. Vestida con un elegante vestido de color azul moche, bordado en los puños, además de su actuar discreto y preciso. Respetó el protocolo o ella lo dictó, tal vez, pero nada de lo que sucedió hizo pensar a una emotividad desbordante, para una que intentó tres veces llegar a la presidencia, estaba en perfecta modalidad oriental. Su juramento, que pudo haber sido un momento de alta algarabía, con su amigo de vieja data Micky Torres, hoy presidente del Senado, hoy ella Presidenta, en fin todo un insistente esfuerzo, trabajado durante años. Si todos la votamos, por temor o por razón, ahí la tenemos, por cinco años es la presidenta del Perú. La primera mujer elegida democráticamente para ser presidenta del Perú.

Su actitud contrastó con la intensa polarización que caracterizó buena parte de la política peruana durante la última década.

La investidura reunió a diez jefes de Estado y de Gobierno, así como a representantes de diversos países. La delegación española estuvo encabezada por el Rey Felipe VI, reflejando la importancia de la relación histórica entre ambos países. Estados Unidos estuvo representado por Christopher Landau, vicesecretario de Estado y el embajador en Perú, Bernie Navarro.

Antes de que Keiko Fujimori pronunciara su discurso, la bancada de izquierda abandonó el hemiciclo en señal de protesta por las víctimas mortales registradas durante el gobierno de Dina Boluarte. La escena evocó inevitablemente otro momento de la política peruana: en 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski se disponía a dirigir su mensaje al país, fue la bancada fujimorista la que se retiró del Congreso tras la derrota electoral de Keiko Fujimori.

Diez años después, el contraste resulta evidente. La presidenta recién juramentada mantuvo la compostura, siguió el protocolo sin responder a la provocación y continuó con su discurso. Quienes esperaban encontrar a la Keiko Fujimori confrontacional de entonces se encontraron con una dirigente que, al menos en esta ceremonia, proyectó una imagen de serenidad y control.

Ese primer gesto marcaría también el tono del discurso que vendría a continuación.

II. Un discurso sin confrontación

Quienes esperaban un discurso marcado por la revancha política encontraron una intervención muy distinta.

Keiko Fujimori optó por un mensaje cuidadosamente estructurado, con un tono sereno y una narrativa orientada hacia el orden institucional, la reconstrucción del Estado y la reconciliación nacional. Desde las primeras líneas dejó claro que deseaba imprimir un sello distinto al inicio de su gobierno.

Comenzó agradeciendo a Dios y poniendo en sus manos la responsabilidad que acababa de asumir al servicio del Perú. Pidió «sabiduría para decidir, fortaleza para perseverar y para no olvidar jamás que el poder solo encuentra sentido cuando se ejerce para servir».

Al referirse al juramento presidencial lo calificó como «el más sagrado que puede asumir un ciudadano: defender la Constitución, proteger las libertades de nuestro pueblo y consagrar cada día de mi vida a la grandeza y al bienestar del Perú».

Precisó, además, que el mandato que iniciaba tendría una duración de cinco años, «ni un día más». La frase, pronunciada con especial énfasis, provocó uno de los aplausos más prolongados de la ceremonia.

No era una precisión casual. Después de los años de inestabilidad política vividos por el país, el mensaje buscaba transmitir una idea de respeto al orden constitucional y a los plazos establecidos por la Carta Magna.

Pero el verdadero eje del discurso apareció inmediatamente después.

Sin rodeos, la presidenta realizó un severo diagnóstico del Estado peruano.

«Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación, por la ausencia de una visión de país y por la corrupción.»

A partir de ese momento el discurso abandonó el tono ceremonial para convertirse en una exposición sistemática de las principales deficiencias que, según el nuevo gobierno, caracterizan la administración pública.

Habló de miles de obras paralizadas o deficientemente ejecutadas; de un sistema de salud incapaz de responder oportunamente a las necesidades de la población; de servicios básicos que nunca llegaron a millones de ciudadanos; y de un transporte caótico que diariamente les arrebata tiempo, oportunidades y, en demasiadas ocasiones, la propia vida.

La presidenta atribuyó esta situación a décadas de gobiernos que, según afirmó, renunciaron «con indiferencia y dejadez» a cerrar las profundas brechas sociales que aún dividen al país. Sostuvo, además, que numerosas instituciones terminaron respondiendo a intereses particulares antes que al interés público, favoreciendo privilegios en la contratación estatal y debilitando la libre competencia.

No se limitó, sin embargo, a formular un juicio político.

Para sustentar sus afirmaciones recurrió a cifras oficiales de la Contraloría General de la República, recordando que solo durante el año 2023 el Estado habría perdido más de 24 mil millones de soles, equivalentes a casi el trece por ciento del presupuesto público ejecutado. Añadió que la ineficiencia del gasto supera anualmente los 40 mil millones de soles y que las deficiencias en las compras públicas representan pérdidas cercanas al cinco por ciento del Producto Bruto Interno.

Como consecuencia de esa situación, recordó que casi la mitad de los colegios públicos se encuentran en malas condiciones y que el setenta y dos por ciento de la red vial departamental continúa sin pavimentar.

Afirmó que ese manejo ineficiente también alcanza las compras públicas, donde la mala gestión en la adquisición de bienes, obras y servicios genera pérdidas de hasta el 19 % del gasto contratado, equivalentes en promedio al 4,9 % del PBI. Como consecuencia, recordó que cerca de la mitad de los colegios del país se encuentran en mal estado y que el 72 % de la Red Vial Departamental continúa sin pavimentar.

En materia de seguridad ciudadana hizo especial referencia a la extorsión. Señaló que, durante 2024, el 24 % de las empresas del país fueron víctimas de algún delito. Reiteró, una vez más, que «la situación en que recibimos el Estado es tan catastrófica que ha generado que el Perú tenga hoy la mayor desigualdad de ingreso de toda América Latina». También denunció el incremento de la anemia en niños de seis a treinta y cinco meses de edad, calificándolo de inmoral.

Frente a este panorama, aseguró haber llegado al gobierno para «ofrecer método, disciplina, trabajo y una ruta clara». Reiteró que le esperan «1.826 días de gestión», durante los cuales «cada ministerio, cada región y cada funcionario público tendrá que trabajar intensamente, con metas medibles y rendición de cuentas constante».

Se propuso «transformar las bases de nuestra convivencia nacional». Prometió retomar el crecimiento económico para generar una prosperidad inclusiva y solidaria, poner en marcha una nueva forma de gobernar y hacer que el Estado vuelva a estar al servicio del ciudadano, «porque la burocracia no puede convertirse en una barrera entre el ciudadano y sus derechos». Finalmente, aseguró que «cada sol del presupuesto público será administrado con absoluta transparencia».

Citó el incremento de la extorsión y recordó que durante 2024 casi una cuarta parte de las empresas del país fue víctima de algún delito. Del mismo modo calificó de inmoral el incremento de la anemia infantil y afirmó que el Perú presenta hoy uno de los mayores niveles de desigualdad de ingresos de América Latina.

Fue precisamente esa descripción del Estado la que le permitió introducir la idea central de todo su programa de gobierno.

Según la presidenta, el país no necesita únicamente nuevas políticas públicas. Necesita reconstruir la capacidad del Estado para cumplir eficazmente sus funciones.

Sobre esa premisa desarrolló los siete grandes objetivos nacionales que estructurarán los próximos 1.826 días de gestión.

III. Los siete objetivos para reconstruir el Estado

El primer objetivo nacional estuvo centrado en las emergencias y la seguridad ciudadana.

Con relación al Fenómeno del Niño, anunció que «los agricultores que se vean afectados por el fenómeno climático recibirán asistencia financiera y técnica». Se trata de una propuesta novedosa, al contemplar no solo ayuda de emergencia, sino también apoyo económico directo para la recuperación del sector agrícola.

En materia de seguridad ciudadana fue aún más enfática. Aseguró que el Estado recuperará «cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado». Dentro del marco de la Constitución, anticipó que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos.

Se trata de un anuncio de especial relevancia, pues supone otorgar a las Fuerzas Armadas un papel más activo en la conducción de las operaciones durante los estados de emergencia. La presidenta aseguró, además, que devolverá a las fuerzas del orden «el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merecen para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien».

La estrategia no se limitará a combatir la delincuencia común. Anunció que el Estado enfrentará «las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal», aunque advirtió igualmente que serán «implacables con quienes traicionen el uniforme».

El segundo objetivo nacional estuvo orientado a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos «desde la gestación hasta la tercera edad». En un discurso que, por momentos, recordó las políticas propias de un gobierno de centro, anunció la reorganización de los programas sociales y de los servicios públicos alrededor de tres grandes políticas de Estado.

La primera estará dedicada a la Protección Integral de la Primera Infancia, la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Para la etapa escolar anunció el relanzamiento del PRONAA, con el propósito de garantizar que los estudiantes de los colegios públicos reciban una alimentación nutritiva, segura y de calidad. «Ningún niño puede aprender adecuadamente con hambre», afirmó, agregando que la educación pública debe volver a convertirse en la principal herramienta de igualdad y movilidad social.

Asimismo, anunció un programa multisectorial destinado al desarrollo integral de los adolescentes, cuyo objetivo principal será prevenir el embarazo adolescente.

La segunda política de Estado, denominada «Jóvenes con Futuro», buscará impulsar la inserción económica de los jóvenes. Recordó que más de 250.000 peruanos entre los 14 y 24 años no encuentran empleo. Para ello anunció la ampliación y el fortalecimiento de programas como Jóvenes Productivos, Capital Semilla Joven y el apoyo integral al emprendedor. Del mismo modo, se ampliará Beca 18 para facilitar el acceso de más jóvenes a la educación superior.

La tercera política de Estado estará dirigida a la Protección Integral del Adulto Mayor, bajo el programa «Cuidando la experiencia». El gobierno implementará progresivamente una pensión universal para los adultos mayores en situación de pobreza y duplicará el monto de Pensión 65, pasando de S/ 350 bimestrales a S/ 700 para quienes se encuentren en situación de pobreza extrema.

En materia de infraestructura, anunció la culminación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao y la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6. También impulsará sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, además de los trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca.

Entre las obras viales prioritarias mencionó la culminación de la Nueva Carretera Central, así como la ejecución de las carreteras Oyón-Ambo, Canta-La Viuda-Unish, Puerto Ocopa-Atalaya, la Longitudinal de la Sierra, la Carretera Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N.º 4, acompañadas de un programa nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales.

Finalmente, anunció una profunda reforma del funcionamiento del Estado. Planteó simplificar la administración pública, eliminar duplicidades y desarrollar «un profundo proceso de desregulación que elimine normas innecesarias y libere al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas que hoy solo consumen tiempo, recursos y oportunidades».

Como parte de esa modernización, anunció la creación de la Autoridad Nacional Digital, la implementación de una Identidad Digital para cada ciudadano y la transformación integral del sistema de compras públicas, que representa el 24 % del gasto nacional.

Quienes esperaban encontrar un programa de gobierno inspirado exclusivamente en el legado del fujimorismo histórico descubrieron una propuesta con prioridades diferentes. El énfasis en políticas sociales integrales, la protección de los grupos más vulnerables y la reorganización del Estado revelan una evolución del discurso político de Keiko Fujimori respecto del que caracterizó al gobierno de su padre.

Keiko Fujimori anunció, además, una gran reforma del servicio civil, señalando que «la carrera pública volverá a reconocer el mérito, la capacitación permanente y la vocación de servicio». Prometió, asimismo, poner orden en las cuentas públicas, eliminando el gasto innecesario y utilizando «cada sol del Estado con responsabilidad». Enfatizó que la estabilidad fiscal «no es solo una cifra: es la condición necesaria para crecer, generar confianza y sostener las políticas sociales que necesitan los peruanos».

El propósito, explicó, es reactivar los tres grandes motores que generan ingresos para las familias: el trabajo, la inversión y la empresa.

Una de las propuestas que mayor sorpresa provocó fue el anuncio del incremento de la Remuneración Mínima Vital a S/ 1.300 de S/ 1,130 (vigente desde enero de 2025 por el Decreto Supremo N.° 006-2024-TR), medida que irá acompañada de un bono compensatorio, por única vez, destinado a las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de facilitar la incorporación de trabajadores a la formalidad y ayudar a afrontar el mayor costo laboral.

Al dirigirse a los inversionistas nacionales y extranjeros, ofreció «estabilidad, seguridad jurídica y reglas claras». Aseguró que su gobierno reducirá las trabas innecesarias y devolverá predictibilidad a las decisiones del Estado, convencida de que cuando la inversión se multiplica se crean empresas, se genera empleo y crece el país.

En ese mismo contexto, afirmó que las micro y pequeñas empresas serán una prioridad nacional, recordando que constituyen la inmensa mayoría de los negocios del Perú y sostienen a millones de familias. Señaló que los emprendedores no piden privilegios, sino que el Estado deje de ponerles obstáculos y los ayude a crecer.

Por ello anunció que, durante los primeros cien días de gobierno, reactivará PROMYPE, ampliará el acceso al crédito mediante COFIDE, fortalecerá Compras MYPErú e impulsará el factoring. Posteriormente presentará políticas tributarias y laborales orientadas a reducir de manera sustancial la informalidad, sin afectar los derechos laborales. «Cuando mejora el ingreso de un trabajador, progresa una familia; cuando la inversión encuentra confianza, se genera empleo; y cuando una MYPE crece, avanza el Perú», afirmó.

El penúltimo objetivo nacional, el sexto, estuvo dedicado al fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y las instituciones. Ratificó su «absoluto respeto a la independencia de poderes y a las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y la libertad de prensa», calificándolas como la base de todo Estado democrático.

El séptimo y último objetivo estuvo orientado al fortalecimiento de la política exterior, priorizando la construcción y consolidación de alianzas para la integración. Señaló como ejes principales la Alianza del Pacífico, con el propósito de incrementar la competitividad de las economías de la región; la Comunidad Andina, para profundizar la integración entre sus pueblos; la relación con España, a la que calificó como un socio prioritario en la promoción de los intereses comunes de Iberoamérica; el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC); y la apertura de nuevas oportunidades de inversión y cooperación con los países del Medio Oriente.

En la parte final de su mensaje, la presidenta dejó de lado las cifras y las propuestas concretas para formular un llamado a la unidad nacional.

Exhortó a gobernadores regionales y alcaldes a trabajar «como un solo equipo, sin distinciones ideológicas, porque el hambre, la enfermedad y la delincuencia no tienen color político». Convocó a los emprendedores y empresarios a confiar nuevamente en el Perú, prometiéndoles seguridad jurídica y estabilidad para invertir y generar empleo formal.

Finalmente, dirigió un mensaje a los jóvenes, a los trabajadores, a las madres de las ollas comunes, a los campesinos y a los profesionales, afirmando que ellos constituyen «el motor y la razón de ser de este gobierno». Expresó su convicción de que, uniendo esfuerzos y voluntades, ninguna crisis política ni ninguna adversidad impedirán alcanzar los objetivos nacionales.

El discurso concluyó con una idea que atravesó toda su intervención: orden y reconciliación nacional. Para Keiko Fujimori ambos conceptos no solo son compatibles, sino indispensables para enfrentar los verdaderos problemas del país. «No hay dos Perú distintos; hay un solo Perú, vibrante, multicultural, fuerte y milenario que está listo para ponerse de pie», afirmó antes de asumir formalmente el compromiso de gobernar durante 1.826 días, recordando una vez más que el tiempo para cumplir sus promesas había comenzado a correr.

Naturalmente, el éxito de este ambicioso programa de gobierno dependerá ahora de su ejecución. Más allá de la voluntad política expresada en el discurso, será indispensable que el Ministerio de Economía y Finanzas confirme la disponibilidad de los recursos necesarios para financiar las distintas medidas anunciadas y establezca el cronograma de los respectivos desembolsos.

Especial atención merece el anuncio del incremento de la Remuneración Mínima Vital a S/ 1.300. Una decisión de esa magnitud, dada su incidencia en el empleo, la competitividad y los costos laborales, hace pensar que debió haber sido previamente evaluada y dialogada con el sector empresarial. El bono compensatorio destinado a las micro y pequeñas empresas parece precisamente orientado a facilitar esa transición y mitigar el impacto del aumento salarial.

El discurso ha fijado una hoja de ruta amplia y ambiciosa. A partir de ahora comenzará la etapa más compleja: convertir los anuncios en políticas públicas ejecutables y demostrar que existen los recursos, la capacidad de gestión y la voluntad política para cumplirlos durante los 1.826 días de gobierno.