Día Internacional de la Eliminación de la Violencia

Intervención de la Embajadora Carmen Moreno, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos 24 de noviembre de 2015

Sr. Presidente del Consejo Permanente, Embajador Bernardo Alvarez, Embajadores y embajadoras, representantes y observadores permanentes,

La CIM agradece especialmente el honor de estar ante Ustedes, porque el 25 de noviembre – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia – es un día muy relevante en el calendario de todas las personas que trabajamos para erradicar la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre no es un día para celebrar, sino para recordar la lucha de miles de mujeres que buscaron incansablemente el derecho básico a vivir una vida libre de violencia. Es un día proclamado por Naciones Unidas en reconocimiento de la magnitud y gravedad del problema, y el inicio de los 16 días de activismo contra la violencia de género, campaña promovida por el movimiento de mujeres en todas partes del mundo que naliza el 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos.

¿Y por qué debemos seguir llamando la atención sobre este tema? Porque lamentablemente para todos y todas aún seguimos luchando para erradicar estas violencias – las cifras mundiales de las que nuestra región hace parte, indican que 1 de cada 3 mujeres en las Américas es, ha sido o será víctima de violencia. Estas cifras, que han sido validadas por todos los organismos internacionales que trabajan en el tema, dan cuenta de la gravedad de la situación. Si a esta realidad le incorporamos que la mayoría de los casos de violencia registrados en nuestros países ocurren por parte de las parejas o ex parejas, un familiar o un pariente cercano, podemos a rmar que el hogar de las mujeres y las niñas de nuestra región sigue siendo el lugar más peligroso para vivir.

Por supuesto, esta violencia no sólo ocurre en los hogares: los centros de salud, de educación y de trabajo ocupan los siguientes lugares, donde el acoso, la violencia sexual, física, económica, psicológica, laboral e institucional se vuelve parte cotidiana de las vidas de las mujeres. ¿Por qué pese a los esfuerzos desplegados por todos los Estados en la región, aún la violencia contra las mujeres es parte de nuestra vida cotidiana?

Como hemos señalado ampliamente en nuestros diferentes informes y documentos, todos los países de la región tienen leyes y políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, no solo que las cifras de violencia no se están reduciendo, sino que:

• Por un lado, cada vez que las mujeres avanzan en un determinado espacio, por ejemplo el mercado laboral o la política, surgen nuevas manifestaciones de acoso y de violencia contra ellas;
• Y por otro lado, fenómenos globales como el crimen organizado, la guerra contra las drogas, las amplias oleadas de migraciones, los con ictos internos y los desastres naturales, entre otros, están proliferando y profundizado la violencia contra las mujeres, incluyendo la trata de mujeres y niñas, que representa el 80% de la trata de personas.

En una región donde la discriminación sigue enraizada en la cultura y los patrones estereotipados de género, que profundizan las relaciones desiguales de poder forman parte de nuestro discurso simbólico – tanto en las normas sociales como en los medios de comunicación – el respeto por los derechos humanos de las mujeres y la vigencia del derecho humano a vivir libres de violencia de cada una de las niñas y mujeres de las Américas, parece un objetivo inalcanzable.

Multiplicidad de normas sociales que aún no cuestionamos de manera masiva y que tienen resultados como el pago de menor salario, la carga en las mujeres de los roles de cuidado, las limitaciones estructurales a la participación política de las mujeres en los diferentes ámbitos y la violencia que se genera por su participación en la política, la tolerancia a la violencia de las y los funcionarios encargados de cumplir la ley, entre otras formas de discriminación, siguen siendo barreras que debemos derribar para avanzar en el camino de garantizar sociedades libres, con justicia social e igualdad que garanticen a las mujeres el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos.

La VI Conferencia de Estados Parte, realizada en Perú el pasado mes de octubre, fue el marco propicio para la adopción de la Declaración sobre la Violencia y El Acoso Políticos contra las Mujeres, la cual hace un llamado a los Estados para identificar estos hechos y tomar medidas que propicien la participación activa de las mujeres en la política nacional en igualdad de condiciones que los hombres para el fortalecimiento de la democracia.

Del mismo modo, las cifras de tolerancia a la violencia por parte de las y los funcionarios públicos presentada recientemente por Colombia, dan cuenta de un importante desafío que debe ser abordado por el Estado: identificar el altísimo porcentaje de tolerancia a hechos de violencia penados por la Ley. La aceptación de la violencia y su naturalización aún se encuentra en el seno de nuestras culturas sin que hayamos logrado sacarla de raíz.

Estos hechos se repiten a lo largo de la región. No en vano, el porcentaje de mujeres que acude a la administración de justicia de nuestros países es menor al 10 por ciento de mujeres que ha sido víctima de violencia, pero peor aún, menos del 1 por ciento de estas mujeres reciben una respuesta satisfactoria del sector justicia ante su demanda de hacer efectivos su derecho humano a vivir libres de violencia.

Hace pocos días en el II Seminario de Buenas Prácticas en materia de justicia de género y violencia que realizamos en Colombia, con la participación de las más altas Cortes de Justicia y la Corte Constitucional de Colombia, una de las participantes afirmaba que las mujeres no accedían al sistema – no porque no lo conocían, sino quizás porque lo conocían demasiado.

Una afirmación como esta pone en nuestro trabajo un desafío tan amplio como el desafío que supone ser la región con el mayor índice de reconocimiento de derechos pero al mismo tiempo con la brecha de realización más grande entre el reconocimiento formal de la norma y el ejercicio efectivo del derecho.

Desde la Comisión Interamericana de Mujeres como Secretaría del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Para – el MESECVI – hemos venido resaltando los avances y desafíos que enfrentan los Estados para combatir este flagelo. La revisión metódica de los esfuerzos que se han hecho da cuenta de un importante avance en materia de legislación, reconocimiento de derechos y planes nacionales que han apuntalado a una región formalmente más igualitaria y con cada vez más medidas de protección para las mujeres y las niñas.

Los resultados dan cuenta también del abismo entre el reconocimiento y la realidad de la vida cotidiana de las mujeres. Efectivamente la región ha avanzado en el proceso de sanción de la violencia. El uso del derecho penal como herramienta simbólica de nuestros países ha dado como resultado que más de 70 por ciento de los países sancionan diferentes actos de violencia contra las mujeres – incluyendo la violencia física, sexual, psicológica, laboral, patrimonial, obstétrica y política, por mencionar solo algunas.

Pero el uso del derecho penal y del poder punitivo del Estado no ha sido suficiente para garantizar un contenido pedagógico que combata los estereotipos sociales que profundizan, reproducen, masifican y perpetúan la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Por ejemplo, las cifras aportadas por los 19 Estados que participaron en la fase de seguimiento de la Segunda Ronda de Evaluación del MESECVI, muestran un gran número de niñas entre 10 y 14 años víctimas de violencia sexual. De estas cifras hablan los embarazos precoces cuyos responsables habitualmente doblan la edad de las niñas y en general son parte del entorno familiar o de confianza. A esta cruda realidad se suma el hecho de que en buena parte de nuestros países, las víctimas de violencia sexual son víctimas también de maternidades forzadas. Más drástico aún, la ausencia de medidas encaminadas a garantizar una atención integral a estas niñas cuyo proyecto de vida se ve gravemente afectado.

El MESECVI ha llamado la atención sobre la necesidad de descifrar los mecanismos sociales, mediáticos y educativos que vienen estancando los esfuerzos implementados por los Estados. La Declaración de Pachuca: Fortalecer los esfuerzos de prevención de la violencia contra las mujeres, asumida por el Mecanismo en pleno, busca fortalecer la prevención primaria de la violencia contra las niñas y las mujeres como parte de una respuesta integral y multisectorial en el ámbito de la educación y de la comunicación, ampliando el enfoque de género y de derechos humanos en la curricula educativa, no solo en el sector educativo sino también en el sector formativo de actores relevantes en los sectores de salud, justicia y seguridad.

En el mismo sentido y con el objetivo de erradicar los mecanismos de profundización de los estereotipos en el consumo cultural de nuestros pueblos, la Declaración de Pachuca también hace un llamado a los medios de comunicación social para que se eliminen las imágenes y mensajes sexistas y discriminatorios, así como, en un llamado a la autorregulación de los medios para articular experiencias de veedurías, consejos de evaluación y monitoreo de mensajes que puedan profundizar valores contrarios a los derechos humanos y al derecho de las mujeres y las niñas a vivir en un mundo libre de violencia.

Igualmente, el Segundo Informe de Seguimiento del MESECVI destaca la necesidad de la región de seguir invirtiendo en las medidas, políticas y programas destinados a prevenir la violencia. El informe destaca que al menos 11 países de la región están realizando esfuerzos etiquetando presupuesto a planes y proyectos de rango nacional. Igualmente, se han ampliado las encuestas nacionales sobre violencia y se ha avanzado en los esfuerzos por mejorar los registros administrativos para que den cuenta de una manera más detallada del fenómeno de la violencia contra las mujeres y las niñas en la región, así como se ha ampliado la oferta de servicios de atención y los programas de empoderamiento económico para las mujeres – en reconocimiento de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos de las mujeres.

Reiteramos nuestro compromiso con esta causa y seguiremos tratando con todos y todas para erradicar la violencia contra las mujeres. Como enfatizó el Secretario General, la erradicación de la violencia de género es imprescindible en un mundo donde pretendemos dar más derechos a más personas.

Muchas gracias.