La Ley de Hidrocarburos de Venezuela parte de una definición clave:
toda la actividad petrolera —exploración, explotación, refinación, transporte y almacenamiento— es de utilidad pública y de interés nacional. Desde el primer artículo, el Estado deja claro que el petróleo no es un bien comercial común, sino un recurso estratégico que debe ser regulado con criterios de soberanía y largo plazo
El principio central: el subsuelo pertenece a la Nación
La ley distingue con precisión entre propiedad del yacimiento y derecho de explotación.
Las concesiones no otorgan propiedad sobre el petróleo, sino un derecho limitado en el tiempo para explotarlo, siempre bajo control estatal y con obligaciones claras. Esto explica por qué el Estado mantiene amplias facultades de inspección, fiscalización y reversión de activos al finalizar las concesiones
Existe Tres formas de operar el petróleo
La ley prevé tres modelos posibles:
-
Explotación directa por el Estado.
-
Empresas públicas o institutos autónomos, con control estatal.
-
Concesiones a privados, nacionales o extranjeros domiciliados en Venezuela, nunca a Estados extranjeros ni a empresas no radicadas legalmente en el país.
En todos los casos, el Ejecutivo conserva la última palabra y puede exigir condiciones más favorables para la Nación si lo considera necesario.
Control, fiscalización y transparencia
La norma dedica capítulos completos a explicar cómo y por qué el Estado controla la actividad:
-
Derecho a inspeccionar operaciones, instalaciones y contabilidad.
-
Obligación de las empresas de presentar informes técnicos, geológicos y financieros periódicos.
-
Reserva temporal de información sensible, pero nunca indefinida: el Estado puede hacerla pública pasado un plazo prudencial.
La lógica es clara: el conocimiento del recurso pertenece a la Nación, incluso cuando la explotación la realiza un privado.
Régimen fiscal
La ley detalla con precisión los impuestos:
-
Impuesto superficial por hectárea.
-
Impuesto de explotación (16⅔ % del crudo extraído), que puede pagarse en especie o en dinero.
-
Impuestos a la refinación y al transporte, con límites para evitar cargas arbitrarias
Incluso se explica cuándo el Estado puede reducir temporalmente impuestos si los costos hacen inviable la explotación, y cuándo puede volver a aumentarlos si cambian las condiciones. No es una ley rígida: es económicamente argumentada.
Incentivo a refinar dentro del país
Un punto clave —y a menudo omitido en el debate público— es que la ley estimula la refinación nacional.
El Ejecutivo puede otorgar beneficios fiscales a quienes refinen petróleo en Venezuela, con el objetivo de agregar valor interno y no limitarse a exportar crudo.
Resolución de conflictos y soberanía jurídica
Todas las controversias derivadas de concesiones deben resolverse en tribunales venezolanos, sin posibilidad de reclamos internacionales. Esto no es un detalle técnico: es una afirmación explícita de soberanía jurídica sobre el recurso.
Conclusión
El diseño de la Ley de Hidrocarburos venezolana difiere de los modelos que proponen una distribución directa de la renta a la población. Al concentrar la gestión del sector y el control de sus beneficios en el Poder Ejecutivo, la norma deja en manos del gobierno de turno no solo la administración del recurso, sino también la disposición de su resultado económico. En ausencia de mecanismos autónomos de reparto o de fondos independientes, la renta petrolera se convierte así en un instrumento de poder político, más que en un beneficio compartido de forma estructural por la ciudadanía.
En cuanto a la pobreza la Cepal la señala en 2001 en un 43%, con una pobreza extrema de 4,4%.
Aunque la Cepal dejó de publicar este dato sobre Venezuela hace más de una década al no recibir más información del gobierno, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, registra que 73,2% de los hogares en Venezuela se encuentran en situación de pobreza de ingresos, de esos 36,5% se ubican en situación de pobreza extrema, según datos de 2024.
