Por: Isabel Recavarren
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Una investigación sobre una organización criminal implicada en trafico de drogas que se había asentado en el Callao, provincia constitucional del Perú tiene el puerto homónimo. La Fiscal Rocío Sanchez Saavedra, dirige la Fiscalía provincial corporativa especializada contra el crimen organizado, ella requirió al Poder judicial dar la orden de levantamiento del secreto a las comunicaciones a los delincuentes implicados. En el desarrollo de la investigación, y escucha de llamadas, la Policía, encargada de esta labor, comunica a la Fiscal Sánchez Saavedra que las comunicaciones de los investigados se realizan también con abogados, funcionarios del Poder judicial, Jueces. Se configuraban otros delitos: contra la Administración pública, Tráfico de influencias y etc. proporcionan nuevos números telefónicos.
La Fiscal Rocío Sanchez Saavedra separa los nuevos hechos de los anteriores, se abren dos investigaciones. En enero 2018, vuelve a solicitar al Juez Serapio Roque Guamancondor la autorización de levantar el secreto de las comunicaciones de dichos teléfonos, estos números, se descubrirá posteriormente, pertenecían al Presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, al Juez de la Corte Suprema, César Hinostroza Pariachi. La investigación se amplió a 22 personas, entre estas, el chofer, el asesor, el secretario, ex-magistrados, empresarios, todos hombres y en compadrazgo.

Desde el domingo 8 de julio, el Perú y en especial Lima, ha sido inundada por audios donde, con voz clara y actitud de gran compadrazgo, conversan acordándose los resultados de sentencias, viaje al Mundial de Futbol, almuerzos, cenas, regalos, favores para las esposas, y etc.. Uno de los primeros audios reporta un caso de violación de una menor de 11 años, este audio ha devastado a la ciudadania, se escucha al Juez Supremo Hinostroza Pariachi responder a una llamada telefónica que le informa de un proceso que se encuentra en su jurisdicción: «Cuántos años tiene? ¿diez años? once añitos….pero ¿quién le ha hecho eso? Yo voy a pedir el expediente para verlo ¿Qué es lo que quieren? ¿qué le bajen la pena o lo declaren inocente?.»
Este diálogo confirma que nos encontramos con Jueces de la más alta jurisdicción del país que negocian las sentencias, discuten la tarifa de cuánto cuesta una menor violada, utilizan la función pública para sus fines personales, sin importarles mínimamente la condición que se vive en el Perú ante violaciones y feminicidios. Las mujeres peruanas viven la justicia denegada, entre ellas, Arlette Contreras
Hinostroza Pariachi ha sido removido de la Sala Suprema Penal, pero, es tal su fuerza en el ámbito de la corrupción judicial, que ha sido nombrado en otra Sala Suprema y es más, le han dado vacaciones. El Presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodriguez, no lo toca, le teme. Han retirado del sito web del Poder Judicial todas las sentencias emitidas por Hinostroza Pariachi. Muchos le deben favores y nombramientos, esa es la protección, la protección del «Perú profundo». El Poder judicial está lleno de provincianos, una mafia.
¿Quién es Hinostroza Pariachi? pertenece al «Perú profundo» ese Perú marginado, de origen indígena, provinciano que llega a Lima, en los años ’70 ingresaron, sobre todo, a la Universidad San Marcos. No lo recuerdo, mis colegas de Universidad me lo han recordado, hombre taciturno, que llegó de Jauja, siempre estudiaba, lo llamaban «corchito». Las diferencias sociales, raciales y culturales del Perú son fuertes, los provincianos que llegan quieren triunfar, algunos ajustándose al sistema decente otros utilizando malas artes, esa es «la parte mala del Perú profundo». Hacen grupo buscando crear red. La RED de Hinostroza Pariachi o «corchito» está afectando la democracia del Perú. Tiene 22 años en el Poder Judicial.
Esta Red, en complicidad con el Consejo Nacional de la Magistratura, selecciona a Jueces y Fiscales, un audio refiere «aquí no entran los mejores, sino, los mejores amigos». Recientemente han recibido obsequios para ir al Mundial de Rusia, estadía en el Sheraton participación en todos los partidos. Quince días de inasistencia al trabajo, y ahora, como vemos, le han dado vacaciones.

Los periodistas, la reserva moral del Perú, fueron quienes divulgaron los audios, el programa dominical «Panorama» con Roxana Cueva e «IDL Reporteros» con Gustavo Gorriti, por medio de la prensa escrita y entrevistas, nos han permitido entender la punta del iceberg que seguirá surgiendo lentamente en el Perú. La reacción de la RED fue inmediata, trataron de amedrentarles yendo a la sede de IDL Reporteros sosteniendo tener una orden judicial para decomisar los audios, cosa inaudita que atenta contra la libertad de prensa, le solicitaron la orden escrita al funcionario, ésta no existía. Hay una situación efervescente en Lima, la ciudadania ha salido espontáneamente a las calles en una Marcha contra la Corrupción.
En menos de dos días han renunciado y/o han sido destituidos de sus cargos, varios miembros del: Poder Judicial, Walter Ríos quien quiere acogerse a la colaboración eficaz; el Ministro de Justicia, Heresi; el consejero Guido Aguila, del Consejo Nacional de la Magistratura, también de la Fiscalía. Están comprometidos funcionarios de la Fiscalía, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, del Congreso de la República y empresarios. Keiko Fujimori ha sido mencionada en un audio, en la jurisdicción de Hinostroza Pariachi se absolvió al Secretario de su Partido Fuerza Popular, se está por resolver un juicio que involucra su campaña política por ingentes fondos sin justificativo.
El Presidente de la República, Martín Vizcarra, frente a la reacción de la ciudadania creó, con carácter de urgencia, la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia. Espera un primer informe para el 28 de julio 2018, cuando dictará su Discurso a la Nación. Quien la preside es una garantía de buen proceso, el Embajador Allan Wagner.
Crean la Comisión Consultiva denominada “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”, dependiente de la Presidencia de la República
RESOLUCIÓN SUPREMA
N° 142-2018-PCM
Lima, 12 de julio de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú establece que son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los derechos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación;
Que, asimismo, el artículo 138 de la Constitución Política del Perú señala que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes;
Que, los últimos acontecimientos de conocimiento público, sobre denuncias de corrupción, feminicidio, criminalidad organizada, entre otros que afectan a nuestra sociedad e institucionalidad democrática, y en especial a las mujeres y personas más vulnerables, nos advierten que se requiere una reforma urgente del Sistema de Administración de Justicia mediante el establecimiento, implementación y cumplimiento políticas públicas debidamente articuladas y eficaces; pues la negativa percepción ciudadana sobre la transparencia de las principales entidades que lo conforman (Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, además del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Policía Nacional el Perú) pone en entredicho la consecución de la seguridad jurídica y la justicia pronta que defiende;
Que, en el artículo 37 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se establece que las Comisiones Consultivas están conformadas por profesionales, especialistas o representantes de la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por Resolución Suprema, disponiendo, asimismo, que el cargo de miembro de la Comisión Consultiva es honorario y de confianza, y no inhabilita para el desempeño de ninguna función pública o actividad privada;
Que, en ese sentido, es pertinente crear una Comisión Consultiva conformada por personas de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad, identificadas con la defensa de la democracia y la institucionalidad y que no representen intereses de algún partido político o sector empresarial, con el encargo de proponer medidas concretas para reformar el Sistema de Administración de Justicia a fin de construir una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible;
De conformidad con la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
Estando a lo acordado;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Creación de la Comisión Consultiva
Crear la Comisión Consultiva denominada “Comisión de Reforma del Sistema de Justicia”, dependiente de la Presidencia de la República.
Artículo 2.- Objeto
La Comisión tiene por objeto proponer medidas urgentes y concretas para reformar el Sistema de Justicia a fin de aportar a la construcción de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible.
Artículo 3.- Conformación
La Comisión está integrada por las siguientes personas:
1. Allan Wagner Tizón, quien la presidirá,
2. Delia Revoredo Marsano,
3. Hugo Sivina Hurtado,
4. Samuel Abad Yupanqui,
5. Eduardo Vega Luna;
6. Ana Teresa Revilla Vergara y
7. Walter Albán Peralta.
La participación de los miembros de la Comisión es ad honórem.
Artículo 4.- Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica de la Comisión está a cargo del Despacho Presidencial. Tiene como función apoyar el trabajo de la Comisión, entre otros, para la solicitud, recopilación y análisis de información, organización de reuniones y elaboración de actas y redacción de documentos.
Artículo 5.- Colaboración, asesoramiento y apoyo
Para el cumplimiento del encargo, la Comisión podrá invitar a sus sesiones a personas y representantes de instituciones especializadas en la materia, y recibir aportes orientados al cumplimiento de su objeto.
Artículo 6.- Informe
A los 12 días de su instalación, la Comisión presentará al Presidente de la República un primer informe con recomendaciones de medidas urgentes y concretas para la reforma del sistema de justicia. Dicho informe incluirá la propuesta de creación de un mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, que garantice la sostenibilidad de una reforma integral.
Artículo 7.- Duración
La Comisión continuará en ejercicio de su mandato, vigente hasta la instalación del mecanismo de coordinación y articulación de los diversos actores del sistema de justicia, oportunidad en la hará entrega de sus recomendaciones finales al Señor Presidente de la República, en sesión del Consejo de Ministros.
Artículo 8.- Financiamiento
La implementación de lo dispuesto en la presente norma no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.
Artículo 9.- Refrendo
La presente Resolución Suprema es refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Presidente de la República
CÉSAR VILLANUEVA ARÉVALO
Presidente del Consejo de Ministros
SALVADOR HERESI CHICOMA
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
Foto de Portada: Embajador Allan Wagner
Anthony Niño de Guzmán/ El Comercio