Entrevista al Embajador Oscar Maúrtua de Romaña quien dirige con acierto y prestigio la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Por medio de cinco preguntas deseamos recoger algunas de sus reflexiones sobre temas de la coyuntura internacional.
Apreciado Embajador Maúrtua de Romaña ¿Cuál ha sido la estrategia del Perú para fortalecer su proyección hacia el Asia-Pacífico mediante su participación en APEC y el proceso de adhesión a la OCDE, y qué avances ha alcanzado hasta la fecha?
Desde aquel ya histórico discurso de Barack Obama ante el Parlamento australiano en noviembre de 2011, en el que afirmó que “la región de Asia-Pacífico es una prioridad absoluta para la política de seguridad de Estados Unidos”, el pivote estratégico hacia el Pacífico dejó de ser una tendencia discutible para convertirse en el dato estructurante del orden internacional del siglo XXI. El Perú, miembro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) desde 1998, se anticipó a esa lectura y, durante las últimas dos décadas, ha trabajado con perseverancia para transformar su ubicación geográfica en un verdadero activo de política exterior y desarrollo económico. Entre los hitos más importantes destacan las tres Reuniones de Líderes Económicos de APEC realizadas en el Perú, en los años 2008, 2016 y 2024. Esa trayectoria exhibe logros muy significativos, aunque también revela los desafíos propios de un país que aspira a ser el puente más sólido de América Latina con el Asia-Pacífico. La adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es la otra gran apuesta institucional que, junto con el anclaje en APEC, define la proyección peruana. El Perú inició su acercamiento formal en 2014, cuando el Consejo de la OCDE aprobó el lanzamiento del Programa País, una hoja de ruta que implicó reformas en gobernanza pública, integridad, lucha contra la corrupción, política regulatoria, fiscalidad y medio ambiente. En 2022, tras el reiterado compromiso un año atrás de incentivar tal incorporación plena, la OCDE invitó al Perú a iniciar el proceso de adhesión, paso que abrió la fase más exigente de evaluación técnica por parte de 26 comités sectoriales. A mediados de 2026, el país ha superado ya la mayoría de los exámenes en áreas como inversión, gobernanza corporativa de empresas públicas, política química y pesca, y se encuentra en la recta final de los dictámenes en comercio, empleo y asuntos fiscales internacionales. El gobierno ha presentado al Congreso dos reformas constitucionales requeridas (una sobre gestión de recursos hídricos y otra sobre el fortalecimiento de la carrera pública) y la previsión es que el Consejo de la OCDE pueda invitar formalmente al Perú como miembro pleno en la reunión ministerial de 2027. Ser el quinto país latinoamericano en la organización (tras México, Chile, Costa Rica y Colombia) consolidaría un marco normativo que brinda certidumbre a la inversión y eleva los estándares de política pública. La participación del Perú en APEC y su incorporación al proceso de asociación a la OCDE constituyen pilares de una política exterior renovada y visionaria de cara al siglo XXI, con una incidencia significativa en el desarrollo nacional.
¿Cuáles fueron los principales mensajes que transmitió el Papa León XIV durante su visita a España respecto a la inteligencia artificial?
La reciente visita pastoral del Papa León XIV a España ha trascendido las fronteras de la liturgia eclesiástica para convertirse en un fenómeno de movilización sociopolítica, catalizado por la masiva receptividad de las cohortes juveniles dentro del espacio público. Esta fisonomía demográfica de la audiencia permitió al Sumo Pontífice instrumentalizar su magisterio moral como una plataforma de interpelación global dirigida a las nuevas generaciones, a quienes definió como los custodios del porvenir de la humanidad. El núcleo discursivo de la visita se insertó de manera audaz en el debate contemporáneo sobre la gobernanza algorítmica y los riesgos existenciales asociados al despliegue irrestricto de la Inteligencia Artificial (IA) generativa y los sistemas de automatización profunda. En este escenario, Iberoamérica ha puesto de manifiesto la vigencia de su tradición cristiana como uno de los referentes culturales y religiosos que continúan configurando su identidad regional. La recepción del mensaje pontificio refleja la relevancia que dicha herencia conserva en la articulación de las reflexiones éticas sobre los desafíos emergentes del orden internacional y del desarrollo tecnológico. El Papa León XIV, en su primera encíclica, articuló una crítica ontológica hacia lo que denominó el «tecnocentrismo utilitarista», recusando explícitamente la supuesta neutralidad de los constructos matemáticos y de los modelos de aprendizaje automático. El argumento papal sostiene que todo código y algoritmo subsume sesgos heurísticos, decisiones políticas y prioridades axiológicas preexistentes que, de no ser fiscalizadas bajo criterios humanistas, tienden a reproducir asimetrías sociales y a erosionar el discernimiento ético. Frente a este panorama, el Pontífice propuso el concepto de un «humanismo digital antropocéntrico», instando a los jóvenes científicos, tecnólogos y ciudadanos a liderar una gobernanza ética transnacional. Su llamado enfatizó la urgencia de establecer marcos de supervisión humana y «responsabilidad por diseño» (accountability by design), garantizando que la innovación tecnológica permanezca estrictamente indexada a la defensa de la dignidad inalienable del individuo y a la preservación de la verdad como un bien público inalienable. De igual manera, la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que me honro en presidir, promovió la Declaración Latinoamericana sobre Inteligencia Artificial, Humanidad y Responsabilidad Internacional de los Estados, un hito jurídico impulsado conjuntamente por las 3 principales sociedades científicas de derecho internacional de la región. Este instrumento reviste una especial importancia desde la perspectiva de la doctrina jurídica latinoamericana, pues constituye uno de los primeros esfuerzos colectivos por formular principios comunes que orienten el desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial desde el Derecho Internacional. Pueden encontrar esta significativa declaración en el siguiente enlace: https://sociedadperuanadederechointernacional.blogspot.com/2026/06/nota-de-prensa-spdi-n-076-2026.html
¿Cómo ha evolucionado la situación política en Venezuela y qué impacto han tenido los recientes terremotos sobre la capacidad de respuesta del Estado?
La república hermana de Venezuela atraviesa una crisis sistémica de naturaleza compuesta, caracterizada por la imbricación de una disrupción política. El panorama institucional del país experimentó un giro radical tras la ejecución de la intervención armada estadounidense bajo la operación denominada «Resolución Absoluta», acción que culminó con el arresto y remoción forzosa del régimen de Nicolás Maduro. Este escenario preveía el inicio de una transición democrática sumamente precaria y tutelada por factores externos, orientada al desmantelamiento del andamiaje corporativista del Estado y la restitución del pluralismo político. Sin embargo, la viabilidad de este reordenamiento político quedó severamente comprometida por un fenómeno sísmico de magnitudes catastróficas que alteró drásticamente las prioridades operativas del territorio. El país fue impactado de manera casi simultánea por dos eventos sísmicos de gran magnitud, registrándose movimientos de 7.2 y 7.5 en la escala sismológica de Richter. Este fenómeno natural generó un efecto multiplicador de ondas de choque que causó el colapso estructural inmediato de la infraestructura habitacional, hospitalaria y de transporte en el eje centro-norte del país, con especial afectación en el área metropolitana de Caracas y el litoral de La Guaira. El balance preliminar de la catástrofe refleja la magnitud del colapso. Más de dos mil víctimas mortales confirmadas, once mil heridos de diversa consideración y una cifra crítica de desaparecidos que supera los cuarenta mil individuos. La destrucción física de los centros de mando y las redes de distribución de servicios básicos ha neutralizado la capacidad de respuesta de las agencias estatales en transición, sumiendo a Venezuela en una emergencia humanitaria compleja que depende estrictamente del despliegue de contingentes y ayuda internacional bajo esquemas de gobernanza de crisis global. Ante la magnitud del desastre, el imperativo de la cooperación internacional, y en particular la República del Perú, desempeñe un rol de vanguardia humanitaria y rescate. El Estado peruano ha desplegado una estrategia de contingencia solidaria caracterizada por el envío inmediato de brigadas especializadas en búsqueda y rescate urbano, insumos biomédicos de alta complejidad y sistemas autónomos de potabilización de agua. De este modo, la acción de la comunidad internacional, liderada en su vertiente subregional por la iniciativa peruana, busca contener el colapso sanitario y viabilizar un canal de auxilio humanitario desideologizado, indispensable para preservar la resiliencia social frente a la imbricación de la crisis política y la catástrofe tectónica.
¿Qué panorama político dejaron las recientes elecciones presidenciales en el Perú y Colombia y cuáles son las principales implicancias para la política exterior peruana?
Los recientes procesos electorales celebrados en el Perú y Colombia confirman la consolidación de un escenario de fragmentación política y polarización ideológica que dificulta la construcción de consensos parlamentarios en la región andina. En la República del Perú, el escrutinio definitivo al 100% de las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ratificó la victoria en segunda vuelta de la candidata de derecha Keiko Fujimori, quien obtuvo el 50.14% de los votos válidos frente al 49.86% alcanzado por el representante de la izquierda, Roberto Sánchez. Este estrecho margen de apenas 49,641 sufragios, en un universo electoral de más de 18 millones de votantes, evidencia una sociedad nítidamente fracturada en dos mitades, configurando una crisis latente de legitimidad de origen y un desafío estructural para la gobernabilidad del Poder Ejecutivo entrante. Por su parte, la República de Colombia reflejo una dinámica de paridad aritmética y antagonismo político equiparable. El Consejo Nacional Elector (CNE), tras culminar el riguroso proceso de escrutinio oficial, confirmó la elección presidencial del abogado y candidato Abelardo de la Espriella, quien consolidó el 49.2% de la votación total (representando 12,960,116 votos válidos), superando por un exiguo margen de 250,830 sufragios al senador Iván Cepeda, quien concentró el 48.7% del caudal electoral. Frente a este mapa de alta volatilidad política y fragmentación doméstica en ambos Estados, se torna imperativo que la conducción de la política exterior peruana se desvincule de las tensiones partidarias internas. La diplomacia peruana debe afirmarse sobre sus pilares históricos de predictibilidad y estricto apego al multilateralismo y al derecho internacional. Ante gobiernos vecinos caracterizados por la fragilidad de sus coaliciones internas y la radicalización del debate ideológico, la preservación de un cuerpo diplomático profesional e institucionalizado es la única garantía para salvaguardar los intereses permanentes de la República.
¿Cuál es la situación actual entre Irán y Estados Unidos y cuáles son los principales desafíos para la estabilidad de Medio Oriente?
La situación en Medio Oriente continúa siendo altamente volátil, aunque se observa una reducción de las hostilidades directas entre Irán y Estados Unidos tras el memorando de entendimiento que permitió establecer un cese temporal de las operaciones militares. No obstante, el conflicto dista de estar resuelto. Durante los últimos días, delegaciones de ambos países sostuvieron conversaciones técnicas en Doha (Qatar) con el objetivo de consolidar un acuerdo permanente. Las negociaciones se concentran en cuatro asuntos fundamentales: la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz, el futuro del programa nuclear iraní, el levantamiento gradual de sanciones económicas y la liberación de activos financieros iraníes congelados en el exterior. Si bien las conversaciones han sido calificadas como constructivas, no se ha alcanzado un acuerdo definitivo y las partes prevén reanudar el diálogo durante la segunda quincena de julio. Tanto Washington como Teherán mantienen posiciones difíciles de conciliar. Estados Unidos continúa exigiendo restricciones permanentes al programa nuclear y de misiles balísticos iraní, así como el cese del apoyo de Irán a actores armados regionales. Por su parte, Irán condiciona cualquier acuerdo al alivio efectivo de las sanciones, al reconocimiento de su soberanía y a garantías de que no se repetirán acciones militares similares a las ocurridas recientemente. En consecuencia, Medio Oriente atraviesa una etapa de transición en la que la diplomacia ha sustituido temporalmente al enfrentamiento directo, aunque la estabilidad regional continúa dependiendo del éxito de las negociaciones y de la capacidad de las potencias involucradas para evitar una nueva escalada militar.
