Una reunión de dos días, el 3 y 4 de septiembre, que derivó en una declaración, propiciada por una carta enviada por Aministía Internacional a los gobiernos América Latina y el Caribe en la que expresa que estos “deben asumir su responsabilidad colectiva de proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona que huya de Venezuela”.

La declaración fue firmada por Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, len la ciudad de Quito, Ecuador. La reunión tuvo por objeto intercambiar información y buenas prácticas con miras a articular una coordinación regional con respecto a la crisis migratoria de ciudadanos venezolanos en la región.

La Declaración suscrita contiene 18 puntos en los cuales se reconoce los esfuerzos realizados para acoger adecuadamente a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana, en particular a os vulnerables y continuar, cada país, contribuyendo a mitigar el grave problema por el cual atraviesan los ciudadanos venezolanos además de la implementación de políticas públicas destinadas a proteger los derechos humanos de todos los migrantes. Reconociendo el aporte de la cooperación técnica y financiera proporcionada exterior, la cual deberá ser además dirigida a los sectores priorizados por cada Estado, a fin de que éstos puedan incrementar sus acciones y programas hacia la regularización migratoria.

Un punto de gran importancia constituye el numeral  5  donde “Se exhorta  al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que tome de manera urgente y prioritaria las medidas necesarias para la provisión oportuna de documentos de identidad y de viaje de sus nacionales, como cédulas de identidad, pasaportes, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio y certificados de antecedentes penales, así como de las apostillas y legalizaciones que fueran requeridas por sus ciudadanos en vista de que la carencia de tales documentos ha generado: limitaciones al derecho a la libre circulación y movilidad; dificultades en los procedimientos migratorios; impedimentos a la circulación extra regional; afectaciones a la inserción social y económica en los países de acogida; y, por el contrario, ha incentivado la migración irregular.”

Asimismo, acuerdan, “acoger los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”, así como, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, la OIM, establecer un programa regional con miras a lograr una migración ordenada y segura. Proporcionar el acceso a los servicios de salud y educación públicas y a las oportunidades en el mercado laboral, reconociendo que Colombia, Ecuador y Perú requieren de un especial apoyo por el corredor migratorio que se ha constituido hacia los mismos así como luchar de forma coordinada contra la discriminación, la intolerancia y la xenofobia e implementar, en la medida de lo posible para cada país, iniciativas y esfuerzos estatales, individuales y/o conjuntos, en dicho sentido.

Se reitera y se solicita brindar atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados por lo que se exhorta al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que acepte la cooperación de los gobiernos de la región y de los organismos internacionales, “con el fin de atender la situación de sus respectivas comunidades establecidas en Venezuela”.

Se prospecta una nueva Reunión sobre Movilidad Humana, para la segunda semana de noviembre, en la ciudad de Quito.  

Se fortalece “el rol de la CAN y del MERCOSUR para abordar, de manera integral y articulada, el flujo masivo de nacionales venezolanos y que permita adoptar acciones inmediatas para atender esta crisis migratoria de carácter humanitario. Igualmente, en los ámbitos de la Conferencia Regional de Migraciones, y la Conferencia Sudamericana de Migraciones.”

Concluye la declaración, agradeciendo a los Organismos Internacionales presentes  y al Gobierno de la República del Ecuador.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here