Sentir la gravedad de un momento histórico
no es un signo de miedo, sino de lucidez.
El Jurado Nacional de Elecciones convocó a los peruanos a las 7:30 de la mañana del domingo 17 de mayo para anunciar los resultados de la segunda vuelta presidencial. Hora inusual. Fecha imposible de ignorar para quienes recuerdan que, 46 años atrás, el 17 de mayo de 1980, en Chuschi (Ayacucho), fueron quemadas las ánforas electorales, dando inicio formal a la guerra armada de Sendero Luminoso contra el Perú. Legítimamente, debemos preguntarnos: ¿quién controla la democracia y las instituciones del país?
Muchos peruanos sintieron esa coincidencia como un símbolo inquietante en medio de un país herido, polarizado y cansado. Después de más de un mes de las votaciones, resultados que debimos tener en 24 horas, recibimos silencio institucional. No somos importantes; las jerarquías son otras. Los nombres de los finalistas que pasarán a la segunda vuelta que elegirá al/la presidente/a del Perú son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Las instituciones sostienen que el proceso fue limpio. Una parte importante del país no les cree.
La crisis de confianza electoral se profundizó con la renuncia del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, hoy bajo investigación. Muchos ciudadanos han presentado denuncias y acciones de amparo; las múltiples marchas no fueron escuchadas; las auditorías internacionales nunca llegaron. Solo silencio, un silencio absurdo por parte de los servidores del Estado. El cronograma no debe interrumpirse.
Y el país quedó suspendido en una sensación amarga: la de haber perdido el control de su propia democracia. ¿Y dónde quedaron las Misiones de Observación Electoral? Aquellas que llegaron al Perú para garantizar transparencia, observar el proceso y transmitir confianza. Sin embargo, para millones de ciudadanos terminaron convertidas en figuras silenciosas frente a un país que pedía respuestas, auditorías y explicaciones.
El caso López Aliaga como síntoma
Lo relevante es que Rafael López Aliaga, el candidato fuerte, con un plan de gobierno que prometía un crecimiento del 7.5% y obras por doquier, salió de la contienda. Renunció a la Alcaldía de Lima para postular a la presidencia. Conoce por dentro los pecados de los inversores en el Perú. Se enfrentó a los “peajes de la corrupción” en el caso Rutas de Lima, el frente más visible de una batalla de dimensiones geopolíticas que levantó la moral del país frente a la impunidad del caso Lava Jato, aún no resuelto por el Poder Judicial.
Se enfrentó a la constructora brasileña Odebrecht y al contraataque del fondo canadiense Brookfield, comprador de “buena fe”, ante el CIADI por un monto histórico de 2,700 millones de dólares. López Aliaga asumió el costo político y fiscal de defender la soberanía del Estado. Si conectamos este caso con el megaproyecto Gasoducto Sur Peruano, que siguió el mismo modelo de prácticas ilícitas durante el gobierno de Humala y Nadine Heredia, hoy asilada en Brasil, vemos un patrón. Como alcalde, López Aliaga acusó a Odebrecht de haber obtenido la licitación gracias a la corrupción durante la gestión de Susana Villarán, disolviendo unilateralmente el contrato.
Debe recordarse que el elemento “corrupción” es relevante también para el CIADI. El tribunal emitió un laudo final condenando al Perú a pagar 302 millones de dólares a Enagás; sin embargo, la ejecución quedó suspendida debido a los recursos de anulación interpuestos por el Estado tras revelarse nuevos hechos de corrupción.
La fractura moral del país
Odebrecht destruyó mucho más que gobiernos. Es célebre lo dicho por el entonces ministro de Justicia, Daniel Figallo: “¿Sabes quién es Odebrecht? Pone y saca presidentes. Es dueño de Latinoamérica.” La empresa, que gozó del apoyo de Lula da Silva, destruyó la confianza de América Latina en sí misma: penetró ministerios, campañas electorales, partidos políticos, sistemas judiciales y megaproyectos públicos. Jorge Barata, su representante en el Perú, se convirtió en símbolo de una época donde política, dinero y poder comenzaron a confundirse peligrosamente.
El Perú entero comenzó a perder la fe en sus instituciones. La contienda actual lo confirma: el exfiscal José Domingo Pérez, quien investigaba el caso Lava Jato, se incorporó al equipo político de Roberto Sánchez.
Quien ha perdido más que cualquier peruano es Rafael López Aliaga. Lejos de amilanarse, se remangó las mangas: estudió, investigó, desplegó abogados y expertos informáticos, denunció las “Planillas 900000”, renunció a su curul de senador, anunció que luchará desde fuera del Congreso y organizó marchas masivas. La democracia, tan magullada, esperaba una reacción institucional tras la salida de Corvetto. No ocurrió. Todos permanecieron en sus puestos. No sabemos qué sucederá; hay planes no declarados. Para muchos, la intención parece ser repetir el escenario de 2021: gran ilusión Fujimori, elegido Castillo. Ahora sería el turno de Sánchez.
Tal vez López Aliaga nunca llegue a la presidencia. Hoy eso ya no es lo central. Lo que representa para miles de personas es otra cosa: la idea de que el Perú todavía puede defenderse, que puede cambiar de piel, que rendirse no puede ser el destino nacional. Los ciudadanos sienten que todavía vale la pena defender la democracia, incluso cuando la confianza parece rota. Hay esperanza: no somos más ni pusilánimes ni indolentes.
Y si algo comienza a renacer hoy en el Perú, es la convicción de que unidos todavía podemos recuperar el país, defender nuestras instituciones y evitar que el miedo, la corrupción y la resignación vuelvan a decidir nuestro destino.
