Era noviembre de 1977. El Perú se encontraba bajo el gobierno militar liderado por el general de división Francisco Morales Bermúdez, quien había asumido el poder tras el “Tacnazo” de 1975, inaugurando la llamada “segunda fase” del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada.
Hoy, mayo de 2026, el país es conducido por un presidente interino izquierdista, José María Balcázar, abogado cajamarquino de más de 80 años, con una larga trayectoria en cargos públicos de representación.
Dos contextos distintos. Dos momentos políticos aparentemente opuestos.
Y, sin embargo, una misma constante.
En ninguno de los dos casos —1977 y 2026— la relación intergeneracional se ha expresado como un gesto de apertura, ni como una apuesta por el futuro del país.
En noviembre de 1977, un joven peruano, funcionario del Ministerio de Alimentación, obtuvo una beca para estudiar un año en la ETH de Zúrich. Destacó académicamente. El Gobierno suizo decidió extender su formación por dos años adicionales.
El resultado fue inesperado y brutal: el becario recibió una comunicación del Estado peruano con reproches, fue separado de su cargo y se le exigió el pago de una suma considerable.
Ante esta situación, el encargado de cooperación de la Embajada de Suiza en Lima dirigió una carta al entonces ministro, el general EP Rafael Hoyos Rubio. En ella formulaba preguntas que hoy, casi medio siglo después, siguen resonando con inquietante actualidad:
¿Corresponde este modo de proceder a la política del Gobierno, cuando un profesional dispuesto a regresar para poner sus conocimientos al servicio de su país se ve confrontado a tantos obstáculos que decide establecerse en el extranjero?
¿Es por estos medios que se puede poner fin a la fuga de cerebros de cuadros altamente calificados?
¿No corre el riesgo el Perú de afectar los programas de becas ofrecidos por otros países y organismos internacionales?
La respuesta del Estado peruano no fue una revisión del caso.
Fue la expulsión.
El funcionario suizo fue declarado persona non grata y obligado a abandonar el país en un plazo de ocho días.
Cuarenta años después, el país enfrenta una escena distinta, pero con ecos familiares.
Más de 300 jóvenes peruanos han superado procesos altamente competitivos para acceder a estudios en el extranjero. No se trata de concesiones simbólicas: han aprobado exámenes exigentes, dominan lenguas extranjeras y han sido admitidos en universidades de primer nivel.
Sin embargo, al momento de concretar el apoyo estatal, reciben una respuesta desconcertante: no hay financiamiento disponible para la Beca Bicentenario.
El argumento es igualmente inquietante: “muchos no regresan”.
La conclusión implícita parece ser otra: mejor que no partan.
Escuchando recientemente al presidente interino izquierdista José María Balcázar en la Cámara de Comercio de Lima, no percibí una narrativa orientada a integrar a esta generación ni a aprovechar su potencial. Tampoco una señal clara de confianza en quienes, en pocos años, deberán conducir el país.
Esto plantea una pregunta que no es menor:
¿Existe, entre las generaciones que han administrado el Estado y aquellas que están llamadas a transformarlo, una forma de resistencia —quizá silenciosa, quizá no del todo consciente— frente a lo que estas nuevas trayectorias representan?
No se trata de negar la movilidad educativa. Tampoco de cuestionarla. Se trata de algo más profundo: La dificultad de integrar, sin temor, aquello que transforma.
Cuarenta años después, sin uniforme ni discurso revolucionario, un gobierno interino de izquierda repite la misma reacción ante lo que no logra controlar. Ahí está el límite.
