CONCLUSIONES – II FORO DE INFORMALIDAD “PERÚ FORMAL: RETOS Y SOLUCIONES PARA UN FUTURO COMPETITIVO”
Marysol León Huarcaya
25 de noviembre de 2025
Señora Ministra, autoridades, panelistas, colegas y amigos:
Hoy no hemos venido a enumerar lo que ya sabemos. Hemos venido a tomar conciencia de la magnitud del desafío que enfrentamos como país. La informalidad, que por décadas toleramos como un mal menor, se ha transformado en una amenaza estructural al Estado de derecho, a la equidad tributaria y al modelo de desarrollo que el Perú necesita para insertarse con competitividad en el siglo XXI.
A lo largo de este foro, con la participación de instituciones como el IPE, la SNMPE, la Cámara de Comercio de Lima y numerosos expertos nacionales e internacionales, hemos llegado a siete conclusiones críticas. Les comparto, con espíritu de urgencia y responsabilidad, cada una de ellas.
Primera conclusión.
La informalidad no es emprendimiento. Es pobreza productiva institucionalizada.
Debemos desromantizar de una vez por todas esa narrativa que nos ha hecho tolerar lo intolerable. El 71% de la población ocupada en el Perú trabaja en condiciones informales. No hablamos de negocios creativos o autogestionados con futuro. Hablamos, en su mayoría, de trabajos de subsistencia, sin acceso a crédito, sin tecnología, sin redes de protección social. Y el resultado es contundente: un trabajador formal en el Perú produce, según distintos estudios, entre 6 y 11 veces más que uno informal. En términos de ingresos, la diferencia puede superar el 100% mensual. ¿Cómo puede un país aspirar al desarrollo si más de dos tercios de su población económica activa vive atrapada en circuitos de bajísima productividad?
La informalidad, lejos de ser un motor, es un freno al crecimiento. Y lo más grave: perpetúa la desigualdad intergeneracional. Hijos de trabajadores informales tienen menos acceso a educación de calidad, salud, capacitación laboral. Es un ciclo perverso de exclusión estructural. Romper esa trampa exige intervenir con claridad y decisión.
Segunda conclusión–Informalidad en el Comercio
Lo que muestran los datos es contundente: la informalidad en el comercio no es una preferencia cultural ni una falta de voluntad por formalizarse. Es, sobre todo, una reacción racional frente a un sistema que no acompaña el crecimiento. El comercio es, de lejos, el núcleo de la informalidad en el Perú. Concentra el 33% de todos los negocios informales del país, y su incidencia supera el 86%. Estamos hablando de un sector donde casi nueve de cada diez negocios operan fuera del sistema, no porque quieran, sino porque la ruta formal simplemente no es viable para ellos.
El Perú tiene 8.2 millones de unidades productivas informales, y 5.5 millones son no agropecuarias: bodegas, pequeños restaurantes, talleres, servicios menores, ventas por catálogo, comercios de barrio. Es un ecosistema que sostiene la economía popular. Además, 36.3% de esos negocios tienen entre 1 y 5 años de antigüedad, lo que revela que son emprendimientos frágiles, jóvenes, con muy poco capital y con alta rotación. Son negocios que viven al día.
El componente humano es igual de relevante. El 52.3% de los negocios informales son conducidos por mujeres, y en comercio esa participación llega al 48.3%. Esto nos dice que el comercio informal es un espacio clave de autonomía económica femenina. Además, la mayor parte de quienes emprenden tienen entre 30 y 44 años, es decir, población en plena etapa productiva, con hijos y responsabilidades familiares. Para estas personas, formalizarse no es solo un trámite: es un riesgo que puede comprometer su ingreso diario.
La geografía también explica mucho. Lima concentra el 33% de los negocios informales, pero hay regiones con niveles críticos: Apurímac, Loreto y Ucayali superan el 90% de informalidad. En estas zonas, abrir un pequeño comercio puede demorar entre 26 y 71 días, según la municipalidad. Tramitar licencias, pagar ITSE y cubrir notarías puede costar entre S/ 500 y S/ 1,500, montos que equivalen al 20% o 30% del capital inicial de un emprendedor típico. Y cumplir con obligaciones formales demanda cerca de 380 horas al año, semanas enteras fuera del negocio. ¿Cómo esperamos que un comerciante pequeño pueda asumir esa carga?
Las motivaciones confirman esta realidad. El 57.6% de quienes emprenden en la informalidad lo hacen por necesidad económica; 15.8%, para generar mayores ingresos. Solo el 2.6% lo hace por tradición familiar. Esto derrumba la idea de que la informalidad es una costumbre. Más bien, es una respuesta defensiva frente a un entorno que exige demasiado a quienes tienen muy poco.
Aquí está el punto central: la informalidad en el comercio no es una elección, es una estrategia de sobrevivencia. Y mientras no exista un camino gradual, simple y accesible para crecer, no veremos una transición real hacia la formalidad. Hoy el sistema castiga al pequeño comerciante cuando quiere avanzar. Y mientras eso no cambie, seguiremos produciendo un país de millones de negocios pequeños, sin escala y sin capacidad de invertir.
La conclusión es clara: si queremos un Perú más formal, tenemos que rediseñar las reglas pensando en el comercio, que es el sector con mayor impacto social. Necesitamos trámites más simples, procesos más rápidos, costos proporcionales al tamaño del negocio y una ruta que acompañe el crecimiento, en lugar de penalizarlo. La formalidad debe dejar de ser un salto al vacío y convertirse, por fin, en un camino posible, rentable y sostenible.
Tercera conclusión.
El Perú se ha convertido en el hub continental del oro ilegal.
Esta afirmación, que hace cinco años parecía exagerada, hoy es respaldada por datos duros. Nuestro país concentra el 44% del oro ilegal que se exporta desde Sudamérica. Solo en 2025, se proyecta que el valor del oro que sale sin trazabilidad ni control fiscal bordeará los 12 mil millones de dólares. Una cifra comparable a lo que el país recauda anualmente en IGV interno. Este comercio ilegal, lejos de ser marginal, está alcanzando el volumen de las exportaciones legales. Ya no hablamos solo de minería artesanal: estamos ante una red criminal transnacional que involucra contrabando, lavado de activos, evasión fiscal y captura territorial.
Peor aún, este oro ilegal fluye sin dificultad hacia mercados internacionales. Dubai, India, Suiza, Estados Unidos: todos reciben parte del oro peruano sin verificar su origen. Esto ocurre porque internamente carecemos de sistemas robustos de trazabilidad, y externamente aún no exigimos mecanismos de debida diligencia en las cadenas de suministro globales. Es urgente actuar antes de que este sistema colapse nuestra legitimidad comercial.
Cuarta conclusión.
La minería ilegal no solo daña el medio ambiente. Está vaciando el erario público.
El costo fiscal de la ilegalidad es demoledor: más de 7.500 millones de soles se pierden cada año en tributos que no ingresan al fisco debido a la minería informal e ilegal. Esa cifra equivale a cinco veces el presupuesto anual del Ministerio del Ambiente, o al costo de 1.500 escuelas públicas. Y lo más grave: esa evasión está creciendo. Con cada tonelada de oro ilegal que sale sin pagar impuestos, se fortalece una economía paralela que opera al margen de la ley, sin ningún compromiso con la redistribución ni la inversión pública.
Esta no es una cifra anecdótica. Es un agujero fiscal estructural que debilita la capacidad del Estado para atender a su población. Si no enfrentamos con firmeza esta hemorragia tributaria, cualquier reforma social, educativa o de infraestructura será inviable.
Quinta conclusión.
El REINFO ha dejado de ser una política pública. Hoy es un instrumento de impunidad.
El Registro Integral de Formalización Minera se pensó como una puerta de entrada a la legalidad. Pero la evidencia es implacable: de los casi 87.000 inscritos, solo el 2% ha logrado formalizarse. El 74% está suspendido. Y lo más preocupante: mientras un minero figure como “en proceso”, la fiscalía y la policía no pueden intervenir. Es decir, el REINFO hoy opera como un salvoconducto. Como una licencia para operar informalmente bajo la apariencia de legalidad.
No se puede formalizar eternamente. No se puede pedir que el Estado tolere indefinidamente actividades que no cumplen ni el mínimo legal. El REINFO necesita o cerrarse por completo, o reformularse desde sus cimientos. Pero lo que no puede seguir es funcionando como un refugio administrativo para operadores ilegales que devastan territorio y evaden impuestos.
Sexta conclusión
Estamos destruyendo bosques y ríos con velocidad industrial.
En los últimos tres años, solo en Madre de Dios se han deforestado más de 30.000 hectáreas de selva primaria debido a la minería ilegal. Pozas de mercurio, maquinaria pesada, campamentos clandestinos: no hablamos de minería de subsistencia. Hablamos de una cadena industrial delictiva que está arrasando con nuestros ecosistemas.
Y no es solo Madre de Dios. Loreto, Ucayali, Huánuco, incluso parte de Cusco y Puno enfrentan escenarios similares. Estamos perdiendo biodiversidad, afectando cuencas hídricas, envenenando a comunidades enteras. El impacto es ambiental, sí, pero también sanitario, económico y cultural. Recuperar esas áreas tomará décadas y recursos millonarios. Cada año que no actuamos, perdemos un pedazo irrecuperable de nuestro patrimonio natural.
Séptima conclusión.
La minería formal es parte de la solución, no del problema.
En medio de este panorama, la gran lección es que sí hay un modelo que funciona. La minería formal, bien fiscalizada, aporta el 9% del PBI nacional. Solo en el último año, ha generado más de S/18.300 millones en impuestos. Ha transferido más de S/8.000 millones a gobiernos regionales y locales vía canon y regalías. Y ha generado 238.000 empleos formales, con todos los derechos laborales y altos estándares ambientales.
Este modelo no es perfecto. Pero funciona. Y debe ser protegido. No podemos permitir que la violencia, las invasiones ilegales y el desgobierno territorial acaben con el único motor que sigue generando empleo formal y recaudación fiscal en regiones históricamente postergadas.
Reflexión final.
No podemos seguir conviviendo con dos países. Uno que cumple la ley, tributa y apuesta por el futuro. Y otro que evade, destruye y opera al margen del Estado.
El Perú no puede permitirse esa dualidad. Si no cerramos el REINFO, si no exigimos trazabilidad obligatoria para el oro, si no hacemos reformas tributarias y laborales que inviten a formalizar, seguiremos perdiendo el control.
Hoy, el oro ilegal nos cuesta 12 mil millones de dólares y la soberanía de vastas zonas del país. Recuperar el orden no es una opción, es un deber. Es el precio mínimo para garantizar que nuestros hijos vivan en un país que respeta la ley, la vida y el trabajo digno.
Muchas gracias.
