La Unión Europea ha trabajado con socios venezolanos e internacionales para una solución pacífica y democrática liderada por Venezuela para poner fin a la prolongada crisis política y social. Las elecciones presidenciales creíbles, transparentes e inclusivas en 2024 son una parte clave de esa solución.
En este contexto, la UE expresa su profunda preocupación por las decisiones destinadas a impedir que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales, como ha sido el caso de María Corina Machado y otras figuras políticas. Estas decisiones socavan la democracia y el estado de derecho y solo profundizarán la crisis política y social de larga data en Venezuela.
La Unión Europea recuerda las 23 recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2021, donde una recomendación prioritaria es “suprimir la prerrogativa del Contralor General de despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que negativamente impactos en el derecho a la defensa”. Resaltamos una vez más la importancia de hacer pleno uso de estas recomendaciones para mejorar las condiciones electorales en Venezuela.
La Unión Europea continuará trabajando con socios internacionales y se basará en los esfuerzos internacionales y regionales, como la Conferencia de Bogotá sobre Venezuela celebrada en abril pasado, para buscar el fin de la crisis política, socioeconómica y humanitaria y contribuir al esfuerzo liderado por Venezuela para restaurar democracia, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.
La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condena la inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público a María Corina Machado, según se anunció hoy en Caracas.
Dicha decisión es arbitraria y contraria al Estado de Derecho. Vulnera derechos políticos y civiles elementales, incluidos los estipulados en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca del derecho a elegir y ser elegido.
El régimen recurre a las inhabilitaciones y proscripciones para aferrarse al poder y liquidar cualquier semejanza con la democracia mientras profundiza la crisis política, social, humanitaria y económica que vive el país. La Secretaria General impugna esta decisión y exige las condiciones necesarias para que Venezuela tenga elecciones justas, libres y transparentes en 2024, y pueda así alcanzar su democratización.
