En el 2021, Puno representaba el 2% del producto nacional, pero ese año el gasto público en la región fue el 3,3% del total nacional, y los proyectos de inversión pública alcanzaron el 3,7% del total (MEF). Es decir, Puno, recibe más de lo que da. El problema está en la corrupción local y regional, lo que inflama a la gente. Según el contralor Nelson Shack, en Puno se han dejado de gastar en cinco años S/2.600 millones, con los que se hubiera podido cerrar muchas brechas.
Entre el 2007 y el 2021, su ingreso por habitante aumentó 4% al año; en el resto del país, solo 2,8% (Iván Alonso). La actividad que más ha crecido en la última década y media es la construcción, 7,4% al año. La cantidad de ciudadanos peruanos y extranjeros que llegaron a establecimientos de hospedaje entre el 2001 y el 2019 pasó de 240.000 a 1′295.000, multiplicándose por 5,5% (INEI, 2022). La producción de quinua se multiplicó casi por tres entre el 2001 y el 2022, exportando una parte importante, y la producción de papa por 3,1, para atender el mayor consumo de las ciudades generado por la gran cantidad de personas que salían de la pobreza.
En efecto, entre el 2004 y el 2019, la pobreza en Puno cayó abismalmente, del 79,3% al 34,7%. Surgió una clase media emergente, un capitalismo popular que incluso acudió a la banca formal a buscar financiamiento. En efecto, el valor de los créditos de la banca múltiple entre el 2001 y el 2021 se multiplicó por ¡29!, pasando de S/82 millones a S/2.388 millones. Una expansión exponencial.
Entonces, es posible que el crecimiento de ese extendido capitalismo popular emergente haya chocado con el límite impuesto por una tributación y unas regulaciones excesivas impuestas por Lima, que les impedían formalizarse o mantenerse en la formalidad y pagar sus obligaciones al mismo tiempo, en circunstancias de caída económica general, estallando contra el sistema bajo el liderazgo de una izquierda radical precisamente antisistema que atizó la indignación generada por la posverdad de unos poderes limeños que derrocaron a su representante Pedro Castillo. Y con el soporte de una minería ilegal que tampoco se puede formalizar debido a normas imposibles de cumplir.
Puno.- La Contraloría General de la República informó que la región Puno perdió durante el año 2019 más de 666 millones de soles como consecuencia de la corrupción y la inconducta funcional, que representa el 13.2% del presupuesto público ejecutado en dicho departamento ese año.
Así lo reveló el estudio “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú” elaborado por la Contraloría General que hizo una aproximación cuantitativa a partir del perjuicio económico detectado en informes de control posterior emitidos a nivel nacional el 2019, que fue extrapolado (calculado) al universo del gasto total ejecutado por el Estado en dicho año.
En la región Puno, la Contraloría General emitió en dicho periodo un total de 870 informes de control (2 de control previo, 816 de control simultáneo y 52 de control posterior, siendo con éste último que se identificó la presunta responsabilidad penal, civil y administrativa de 182 funcionarios públicos)
Perjuicio a nivel nacional
El estudio revela que el año pasado el país perdió más de 23 mil millones de soles como consecuencia de la corrupción y la inconducta funcional, que se concentra principalmente en la ejecución presupuestal de los sectores Transportes y Comunicaciones, Salud y Educación.
Se emitieron más de 1400 informes de control posterior a nivel nacional y se identificó un perjuicio económico superior a 921 millones de soles, pero eso no es todo lo que se habría perdido debido a que el control es selectivo.
Por nivel de gobierno, el mayor perjuicio económico se registraría en Lima (S/ 10 359 millones), seguido inmediatamente por el Callao (S/ 1132 millones). Asimismo, por nivel de gasto, el mayor perjuicio se registra a nivel del gobierno nacional, con S/ 13 670 737 714 (debido a que concentra más presupuesto público), mientras que el perjuicio a nivel subnacional es de S/ 9 626 298 968
De acuerdo al estudio, los sectores donde se registraron las mayores pérdidas por corrupción habrían ocurrido en los sectores de Transportes y Comunicaciones (25%), Salud (16.2%), Educación (15.6%), respecto de la ejecución presupuestal 2019 que ascendió a más de 156 mil millones de soles.
“Este cálculo, producto de una extrapolación, es un punto de partida debido a que no es posible conocer exactamente las pérdidas generadas porque la corrupción no tiene un registro o contabilidad, es una actividad clandestina, por lo cual lo que se hace es dimensionarlo para conocer su magnitud y de esa manera tomar decisiones”, explicó el contralor general Nelson Shack quien presentó el citado estudio y adelantó que en el mes de octubre se realizará un megaoperativo de control en el Callao y se extenderá paulatinamente regiones mencionadas.
A fin de contribuir a solucionar este problema en la administración pública, que se concentra principalmente en la ejecución de obras públicas, el contralor general solicitó al Congreso de la República que priorice el debate respecto a las medidas para romper el triángulo colusorio existente entre los funcionarios públicos, los contratistas y los supervisores. Asimismo, señaló que se necesita una profunda reforma política y del sistema de justicia.
