El Gobierno italiano superó un grave problema, el procedimiento de infracción. En medio de los nombramientos de los vértices de la Unión europea, la alemana que bajo bandera holandesa creó una situación extrema de tensión. La Comisión ha apreciado el esfuerzo presupuestario adicional anunciado esta semana por las autoridades italianas y ha llegado a la conclusión de que está lo suficientemente fundado como para no proponer al Consejo la apertura de un procedimiento de déficit excesivo (PDE) por el incumplimiento por parte de Italia del criterio de deuda en este momento.
Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, ha declarado: «El objetivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no es castigar o sancionar a nadie, sino velar por que los gobiernos persigan unas finanzas públicas saneadas y solucionen rápidamente los problemas cuando surjan. Me complace señalar que esto es así hoy. El Gobierno italiano respondió al mensaje de la Comisión, hace un mes, de que un procedimiento de déficit excesivo estaba justificado mediante la adopción de una serie enérgica de medidas para garantizar el cumplimiento del Pacto. Supervisaremos atentamente su aplicación en el segundo semestre del año. Además, estamos dispuestos a garantizar que el proyecto de presupuesto de 2020 que se presentará este otoño se ajuste al Pacto. No me cabe duda de que trabajaremos sin solución de continuidad a este respecto con la próxima Comisión».
Los Estados miembros también instaron a Italia a «adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de conformidad con el procedimiento aplicable en el marco del procedimiento de déficit excesivo», y añadieron que «la Comisión y el Comité podrían tener en cuenta otros elementos que Italia podría presentar».
El 1 de julio, el Gobierno italiano adoptó su presupuesto de mediados de 2019 y un decreto-ley, con una corrección para 2019 que asciende a 7 600 millones de euros o al 0,42 % del PIB en términos nominales. Como consecuencia de ello, se prevé que el déficit global de Italia alcance el 2,04 % del PIB en 2019 (frente al 2,5 % en las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión), objetivo consagrado en el presupuesto de 2019 adoptado por el Parlamento italiano. La corrección estructural es ligeramente superior y asciende a 8 200 millones de euros, es decir, al 0,45 % del PIB, lo que supone una mejora del saldo estructural de alrededor del 0,2 % del PIB (frente a un deterioro del 0,2 % en las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión). La diferencia con respecto al importe nominal se debe a unos ingresos puntuales inferiores a lo previsto de la amnistía fiscal por un importe de 600 millones de euros, lo que empeora el objetivo presupuestario en términos nominales, aunque no lo hace en términos estructurales. Estas cifras no tienen en cuenta la flexibilidad del 0,18 % concedida provisionalmente a Italia por «acontecimientos inhabituales» relacionados con el derrumbe del puente Morandi y con los riesgos hidrogeológicos, que deberán confirmarse a posteriori sobre la base de los datos de la ejecución de 2019.
Teniendo en cuenta las disposiciones adoptadas el 1 de julio, se prevé que Italia cumpla en líneas generales el esfuerzo exigido por el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) en 2019, reduciendo la brecha del 0,3 % del PIB estimada sobre la base de las previsiones de primavera de la Comisión. Además, el esfuerzo presupuestario adicional realizado por el Gobierno para 2019 es tal que compensa también en parte el deterioro del saldo estructural registrado en 2018.
Por último, por lo que se refiere a 2020, el Gobierno italiano ha reiterado su compromiso de conseguir una mejora estructural en consonancia con los requisitos del PEC, sobre todo mediante un nuevo examen del gasto y la revisión de los gastos fiscales, así como una mejora de las previsiones con un mantenimiento de la política económica que refleja las tendencias favorables observadas hasta ahora en 2019. Esta información se expuso en una carta del primer ministro, Giuseppe Conte, y del ministro de Economía y Hacienda, Giovanni Tria, enviada el 2 de julio a la Comisión.
