III-. La derecha política y empresarial, el Tribunal Constitucional (TC) y, la oposición a esta nueva Ley 20.940.
Desde un comienzo existió un clima anti reforma en los círculos conservadores que perdura hasta estos días. Los empresarios y sus medios de comunicación desataron una campaña en contra de esta discreta “reforma” laboral, evitando ir un debate con altura de miras sobre un cambio tan trascendental para el país. Los sectores de la derecha política y los gremios empresariales, pese a la debilidad del proyecto de ley, emprendieron una resistencia pocas veces vista, denostando sus objetivos, tergiversando sus contenidos y recurriendo a los medios de comunicación en una gran ofensiva anti reforma y una política antisindical.
La derecha política, los grupos económicos y los mega-medios escritos, incluida la mayoría de los canales de televisión, desde un principio declararon un NO rotundo a todo lo que implicara cambios de las reglas del juego en el terreno de las relaciones laborales que imperaron desde el retorno a la democracia. De este modo existió una campaña brusca, delirante y tergiversadora de la impronta reformista que proponía el actual gobierno. No se escatimaron esfuerzos por oponerse, en parte sustentándose en cierto tipo de encuestas –parciales en sus enfoques y planteos- que han ido pregonando la inexorable caída de la aprobación ciudadana respecto de las reformas en curso. El espíritu de estas campañas –entre otras muchas iniciativas opositoras- quedó plasmado en una costosa inserción en diarios nacionales, titulada: “Crece el consenso técnico que pide corregir la Reforma Laboral” suscrita por relevantes militantes de la Democracia Cristiana; dos figuras políticas del Partido Socialista; un ex precandidato presidencial y ex ministro de Hacienda del primer gobierno de Bachelet, Andrés Velasco; académicos, políticos de derecha y liberales.
Por su parte, el TC, tal como se esperaba sancionó de esta manera el proyecto de modernización del sistema de relaciones laborales:
Solicitud de inconstitucionalidad de la titularidad sindical en la negociación colectiva: se acordó acoger la pretensión de inconstitucionalidad por 6 votos contra 4.
Solicitud de inconstitucionalidad de la extensión de beneficios: se acordó acoger parcialmente respecto a los nuevos afiliados al sindicato, rechazándose en lo demás, por empate de votos, con un voto particular.
En relación, a los otros dos, en los cuales no observó inconstitucionalidad, el acuerdo fue el siguiente:
Solicitud de inconstitucionalidad del acceso de información de remuneraciones: se acordó rechazar la petición, en empate de votos, respecto de la planilla de los trabajadores involucrados en la negociación y por ocho votos respecto de las otras informaciones.
Solicitud de inconstitucionalidad respecto de la obligatoriedad de la negociación inter empresas: se acordó rechazar la pretensión de inconstitucionalidad en empate de votos (7).
IV-. La larga marcha del sindicalismo y sus debilidades frente al escenario político actual.
4.1. La larga marcha a través de las instituciones.
Una larga marcha ha recorrido el movimiento sindical desde el retorno a la democracia con el objetivo de poder derribar un Código Laboral impuesto por la dictadura y no transformado por los cuatro gobiernos de la Concertación y por el actual gobierno de la Nueva Mayoría. En efecto, el sindicalismo chileno a partir del anuncio presidencial del 29 de diciembre de 2014 a la fecha ha tenido que acudir a numerosas instancias e instituciones del Estado para hacer valer su voz y ser atendido por las autoridades. También ha hecho presente su postura en los organismos internacionales como en el caso de la OIT. Un repaso del derrotero de la Reforma Laboral habla de un proceso plagado de obstáculos: los primeros pasos fueron en las audiencias de la Comisión de Trabajo y Previsión de la Cámara de Diputados, esperando la votación en esta Cámara; luego en la Comisión del Senado, en donde la votación terminó siendo relativamente adversa a las ya discretas aspiraciones sindicales. Hubo Comisión Mixta de Diputados y Senadores en donde volvió a salir una propuesta de reforma muy negociada, la cual debió ser ratificada por ambas cámaras.
Al ser ratificada, la derecha política recurrió al TC, que declaró inconstitucional la titularidad sindical y parte de lo referente a la extensión de beneficios de la negociación colectiva por afiliación, tal como lo hemos señalado anteriormente. En este escenario, fue inaudita la expresión del Ministro de Hacienda –mediados del año 2016- en cuanto a que el debate sobre la reforma laboral resultaba desgastante para el gobierno. Frente al año y cuatro meses que llevó este debate, cabe recordar que el mundo del trabajo chileno, sus organizaciones gremiales y sindicales han soportado más de 37 desgastantes años de vigencia del Código Laboral de 1979, cuya matriz ha quedado intacta hasta este momento. Por cierto, no se puede negar que se observan avances –aunque exiguos- en relación al ámbito laboral en estos 27 años de retorno a la democracia. Sin embargo, el mundo del trabajo en Chile, sus organizaciones sindicales sociales y políticas esperaban una reformulación de las relaciones laborales que restituyera efectivamente los derechos de trabajadores y trabajadoras del país, conculcados y pisoteados durante décadas. (segunda parte de tres partes)
