Ya la Resolución del Parlamento Europeo del 9 de junio 2016 había expuesto claramente los problemas que aquejaban a la sociedad venezolana y a la política venezolana.
En esta oportunidad, pasados más de seis meses, los presidentes de la comisión de Asuntos Exteriores y la subcomisión de Derechos Humanos, David McAllister (PPE, Alemania) y Pier Antonio Panzeri (S&D, Italia), respectivamente, mostraron su preocupación por la situación del líder opositor venezolano Leopoldo López tras la decisión del Supremo venezolano de ratificar su condena a 14 años de prisión.
“Pedimos al Gobierno venezolano la liberación del líder opositor Leopoldo López y del resto de presos políticos encarcelados por expresar sus opiniones.
Los parlamentarios argentinos de la Unión Cívica Radical instaron a la Presidencia del Parlamento del Mercosur a intervenir frente a la situación del Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales el Sr. Williams Dávila representante por Venezuela a quien el gobierno de su país decidió anular el pasaporte impidiendo su salida, aduciendo una supuesta denuncia por pérdida del mismo que jamás existió.
Atento a tal situación lo que respecta a los países del MERCOSUR, Venezuela ha incorporado a su acervo normativo el Reglamento del Mercosur sobre documentos de viaje en los países miembros, por lo que esa norma legal permite la normal concurrencia sin pasaporte de los parlamentarios de cualquier país a las reuniones del Parlamento.
Por otra parte, Conforme al Protocolo constitutivo del Parlamento del MERCOSUR al que el Estado de Venezuela ha adherido corresponde exigir el cumplimiento del art. 12 sobre las prerrogativas e inmunidades el cual en su punto 3 que destaca “Los desplazamientos de los miembros del Parlamento, para comparecer a su local de reunión y de allí regresar, no serán limitados por restricciones legales ni administrativas”.
El parlamentario William Dávila integra un partido de la oposición al del gobierno venezolano y ha vivido ya experiencias de retiro de su pasaporte en agosto del año pasado cuando fuera deportado desde Nicaragua a donde había concurrido a dar apoyo a opositores al gobierno de ese país.
En su resolución del 8 de junio de 2016, el Parlamento Europeo pidió a las autoridades que respeten y garanticen el derecho constitucional a las manifestaciones pacíficas. También reclamó a Caracas que se garantice la seguridad y el ejercicio libre de sus derechos a todos los ciudadanos, en particular los defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas políticos y miembros de ONG independientes.
