En la Unión europea, la tierra agrícola es un bien escaso y especial, que merece una protección especial. Algunos Estados miembros imponen restricciones a su compra, no obstante, la inversión extranjera es una importante fuente de capital, tecnología y conocimiento. Puede aumentar la productividad agrícola y mejorar el acceso a las finanzas para las empresas locales. Las normas de la UE sobre la libre circulación de capitales son esenciales para garantizar esta inversión transfronteriza.
En mayo de 2016, la Comisión Europea solicitó a Bulgaria, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia que cumplieran las normas de la UE sobre la venta de tierras agrícolas. Ciertas leyes de estos Estados miembros restringen a las personas y empresas de la UE la compra de tierras de cultivo, lo cual, se consideran discriminatorias o excesivamente restrictivas. Estas leyes se introdujeron después de la expiración de las excepciones transitorias a la libertad de comprar tierras agrícolas, que algunos Estados miembros obtuvieron cuando se unieron a la UE.
El Parlamento Europeo realizó una investigación exhaustiva sobre los desafíos que enfrentan los Estados miembros de la UE en sus mercados agrícolas. Estas preocupan en particular la mayor concentración de la tierra o la especulación excesiva de precios con la tierra.
Antes esta situación, la Comisión Europea ha emitido una guía para ayudar a los Estados miembros a proteger las tierras agrícolas de amenazas como la especulación excesiva de los precios y la concentración de la propiedad.
Sostiene que los Estados miembros de la UE tienen derecho a restringir las ventas de tierras agrícolas para preservar las comunidades agrícolas y promover la agricultura sostenible. Pero al hacerlo, deben cumplir con la legislación de la UE, en particular con las normas sobre la libre circulación de capitales. En 2015, la Comisión inició procedimientos de infracción contra los Estados miembros que discriminan a los inversores de otros países de la UE y crean restricciones desproporcionadas a la inversión transfronteriza. La Comisión proporciona indicaciones a los Estados miembros sobre lo que pueden hacer para regular la venta de tierras agrícolas, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Las características principales de la orientación de la Comisión
La Comunicación aclara que el Estado miembro es competente para decidir sobre medidas para controlar las ventas de tierras de cultivo. Tal como lo aclaró el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, algunas restricciones pueden ser aceptables bajo ciertas condiciones:
- Autorizaciones previas de autoridades nacionales para la adquisición de terrenos;
- límites en el tamaño de la tierra que se adquirirá;
- derechos que permiten que ciertas categorías de compradores compren tierras de cultivo antes de que se vendan a otras. Los compradores que se benefician de estos derechos pueden incluir arrendatarios, vecinos, copropietarios y el Estado;
- Intervención del precio estatal.
Sin embargo, la legislación de la UE no permite restricciones discriminatorias como los requisitos generales de residencia como pre-condición para la adquisición de tierras.
Las restricciones desproporcionadas de la inversión transfronteriza también son ilegales. De acuerdo con la jurisprudencia, es particularmente desproporcionado:
- Imponer obligaciones de autocultivo;
- Prohibir que las empresas compren tierras;
- Requerir cualificaciones en la agricultura como condiciones previas para la compra de tierras.
La Comunicación responde a una llamada en marzo del Parlamento Europeo, en la que se pedía a la Comisión que estableciera un conjunto claro e integral de criterios para las regulaciones del mercado de tierras para garantizar igualdad de condiciones en el cumplimiento de la legislación de la UE.
