El pleno del Parlamento europeo votó el jueves en contra de prolongar la excepción a las normas de privacidad, para que las plataformas de internet detecten voluntariamente material de abuso sexual de menores.
Con 228 votos a favor, 311 en contra y 92 abstenciones, los eurodiputados rechazaron la propuesta de la Comisión, lo que concluye la primera lectura legislativa sobre la extensión de la derogación vigente de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. El objetivo de la extensión era mantener el mecanismo temporal mientras se negocia un marco jurídico permanente para prevenir y combatir el abuso sexual de menores en línea.
La posición del Parlamento, adoptada el 11 de marzo de 2026, era favorable a prorrogar las medidas por menos tiempo (hasta agosto de 2027, en vez de abril de 2028, como proponía la Comisión). Los eurodiputados también planteaban limitar el alcance de las medidas para garantizar su proporcionalidad.
Las negociaciones con el Consejo sobre la prórroga terminaron sin acuerdo. El reglamento temporal expirará por tanto el 3 de abril de 2026.
Antecedentes
La exención voluntaria ya se prorrogó en 2024. El Parlamento está listo para las negociaciones sobre el marco jurídico permanente para luchar contra el material de abuso sexual infantil en internet desde noviembre de 2023. Desde que el Consejo adoptó su posición en noviembre de 2025, están en curso las conversaciones sobre ese marco permanente.
¿Cómo lucha la UE contra el abuso sexual infantil en internet?
Protección de la intimidad
El Parlamento Europeo quiere encontrar un equilibrio entre la protección de la infancia en el ámbito digital y la defensa de derechos fundamentales como el derecho a la intimidad. La posición de los eurodiputados sobre el Reglamento para luchar contra el abuso sexual infantil no respalda el escaneo generalizado de la web ni la vigilancia generalizada de las comunicaciones privadas, ni tampoco la creación de puertas traseras en las aplicaciones para debilitar el cifrado.
Obligaciones de los proveedores: evaluación y mitigación de riesgos
Según el reglamento propuesto, los proveedores de servicios de alojamiento o comunicación interpersonal estarían obligados a realizar una evaluación del riesgo de la posible presencia en sus servicios de contenidos sexuales que impliquen a menores. Una vez que los proveedores identificaran el nivel de riesgo, deberían aplicar medidas paliativas para hacerle frente.
El reglamento ofrecería una amplia lista de posibles medidas de mitigación que los proveedores pueden optar por aplicar. Entre ellas figuran el principio de seguridad desde el diseño (desarrollar productos o servicios de forma que eviten posibles daños), los controles parentales obligatorios, el establecimiento de mecanismos de denuncia de los usuarios y el uso de sistemas de verificación de la edad cuando exista riesgo de captación de menores.
El reglamento también introduciría medidas de mitigación obligatorias específicas para los servicios dirigidos directamente a los niños, las plataformas utilizadas principalmente para la difusión de contenidos pornográficos y determinados servicios de chat dentro de los juegos.
Los proveedores de servicios tendrían autonomía para elegir las tecnologías que utilizarán para cumplir sus obligaciones de detección. Las normas prevén un procedimiento simplificado para las empresas más pequeñas.
Órdenes de detección como medida de último recurso
Si los proveedores incumplen sus obligaciones, una autoridad judicial podrá dictar una orden de detección sólo como último recurso. Esta orden obligaría al proveedor a emplear determinadas tecnologías para detectar material conocido y nuevo de abuso sexual infantil.
Las órdenes de detección sólo se utilizarían si hubiera sospechas razonables de que usuarios individuales o grupos están vinculados a material de abuso sexual infantil. Las órdenes estarían limitadas en el tiempo y quedarían excluidas de su ámbito de aplicación las comunicaciones cifradas de extremo a extremo y los mensajes de texto. Este planteamiento pretende garantizar el mantenimiento de la privacidad y la seguridad de los usuarios de servicios digitales.
Apoyo a víctimas y supervivientes
La propuesta del Reglamento para luchar contra el abuso sexual infantil incluye la creación de un Centro de la UE para la Protección de la Infancia. Este centro recibiría, filtraría, evaluaría y remitiría a las autoridades nacionales competentes y a Europol las denuncias de contenidos de abusos sexuales a menores. También prestaría apoyo a las autoridades nacionales, llevaría a cabo investigaciones e impondría multas.
La propuesta de la Comisión incluye derechos específicos para que las víctimas soliciten información sobre material en línea que las represente y el derecho a pedir la retirada de estos contenidos. El Parlamento amplía estos derechos para incluir el derecho a recibir apoyo y asistencia del Centro de la UE para la Protección de la Infancia, así como de las autoridades a nivel nacional.
Extensión de las normas temporales
En noviembre de 2023, el Parlamento aprobó su mandato de negociación para la nueva ley de lucha y prevención de los abusos sexuales a menores en línea, que servirá de base para las negociaciones con los países de la UE para determinar el texto final del reglamento.
Las normas temporales que eximen a las empresas digitales de las normas de privacidad electrónica cuando buscan material de abusos sexuales a menores expiraron en agosto de 2024. Para evitar un vacío legal, el Parlamento y el Consejo acordaron en febrero de 2024 prorrogar la excepción hasta abril de 2026. Este acuerdo provisional fue adoptado formalmente por el Parlamento en abril de 2024.
Al mismo tiempo, los colegisladores pretenden alcanzar un acuerdo sobre el marco jurídico a largo plazo y evitar nuevas prórrogas de la excepción temporal.
