La Comisión ha propuesto una Directiva sobre unas «condiciones de trabajo previsibles y transparentes» que ofrece al trabajador que comience en un nuevo puesto de trabajo el derecho a ser informado por escrito sobre los aspectos esenciales de su relación laboral. La Directiva propuesta se elaboró sobre la base de una consulta pública específica y una evaluación exhaustiva de la legislación existente.

En concreto, la Comisión tiene como objetivo reducir el riesgo de una protección insuficiente de los trabajadores mediante las medidas siguientes:

  • Alinear el concepto de trabajador con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo.
  • Incluir dentro del ámbito de aplicación de la Directiva formas de empleo que ahora están en muchos casos excluidas. Se incluye en este caso a los trabajadores domésticos, los trabajadores que tienen empleos marginales a tiempo parcial o los trabajadores con contratos de muy corta duración, y se amplía a nuevas formas de empleo, como los trabajadores según demanda, los trabajadores que realizan trabajos por vales y los trabajadores de las plataformas.
  • Garantizar que los trabajadores reciban directamente un paquete de información actualizada y ampliada al inicio del empleo desde el primer día, en lugar de los dos meses siguientes a la fecha de inicio, como es el caso en la actualidad.
  • Crear nuevos derechos mínimos, como el derecho a una mayor previsibilidad del trabajo para las personas que trabajan fundamentalmente con un calendario variable, la posibilidad de solicitar la transición a una forma más estable de empleo y recibir una respuesta por escrito, o el derecho a una formación obligatoria sin ninguna retención en el salario.
  • Reforzar los medios de aplicación y las vías de recurso como última instancia para resolver posibles discrepancias, en caso de que el diálogo no sea suficiente.
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La Directiva propuesta deberá ser adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, y aplicada por los Estados miembros, bien mediante legislación o a través de convenios colectivos de los interlocutores sociales. Con un reconocimiento pleno de la importancia del diálogo social, los interlocutores sociales podrían modular los derechos mínimos propuestos por la Directiva, siempre y cuando se respetara el nivel general de protección.

Esta iniciativa es una de las acciones de la Comisión para poner en práctica el pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado en la Cumbre Social para Empleos Justos y Crecimiento celebrada en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017.