El martes 18, los eurodiputados debatirán la situación en Perú, cuya economía se ve gravemente afectada por meses de violentas protestas.
Perú se sumió en el caos político y se produjeron enfrentamientos callejeros mortales en diciembre del año pasado, tras la destitución del presidente Pedro Castillo y el ascenso al poder de Dina Boluarte. Aunque la organización de nuevas elecciones es una de las principales demandas de los manifestantes, hasta el momento no se ha anunciado nada.
Decenas de personas han muerto y los disturbios también han tenido un efecto negativo en la economía peruana, particularmente en los sectores clave de la minería y el turismo.
El Parlamento Europeo ha preparado un «vistazo» de la situación del Perú.
Agitación política en Perú
La agitación política en la región andina continúa. Tras las manifestaciones masivas, el malestar social y la política de inestabilidad en Chile, Bolivia y Ecuador en los últimos años, ahora es Perú el que sufre una profunda crisis política. Todo comenzó luego de que el Congreso destituyera al entonces presidente, Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022, luego de su intento de autogolpe. Su Vicepresidenta, Dina Boluarte Zegarra, se convirtió en la primera mujer jefa de Estado del Perú y en la sexta presidente en cinco años. Desde entonces han estallado violentas protestas en todo el país, con decenas de muertos en enfrentamientos con los militares. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Boluarte, la disolución del Congreso y elecciones anticipadas.
Acusación de Pedro Castillo
El 6 de junio de 2021, los peruanos emitieron su voto por el presidente del país para el período 2021-2026. Pedro Castillo, el izquierdista de Perú Libre (Partido Político Nacional Perú Libre), ganó en la segunda vuelta por el 50,13% de los votos válidos, contra la candidata derechista de Fuerza Popular Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.
La presidencia de Castillo enfrentó una serie de desafíos, incluyendo enfrentamientos entre el ejecutivo y la oposición que controlaba el poder legislativo, las desigualdades social y amplia economía informal. La recuperación socioeconómica pospandémica fue otro desafío particularmente difícil, considerando que Perú tuvo el número de muertos por COVID-19 de 200 000 personas, uno de los más altos del mundo. Desde que asumió el cargo en julio de 2021, Castillo reorganizó su gabinete varias veces y enfrentó dos intentos de juicio político por parte del Congreso. El 7 de diciembre de 2022, horas antes de un tercer intento, Castillo decidió anular la Constitución al ordenar la disolución del
Congreso, llamando a nuevas elecciones y dictaminando por decreto, mientras tanto, las instituciones del país, incluidos militares y policías, denunciaron las acciones del presidente como inconstitucionales y se negaron a soportalo. Después de intentar buscar asilo en la embajada de México en Lima, Castillo fue arrestado por los cargos de conspiración y rebelión, antes de ser impugnado con éxito por los legisladores. Castillo se encuentra en prisión preventiva, enfrentando cargos de rebelión, entre otros.
Presidencia de Dina Boluarte y manifestaciones multitudinarias
Dina Boluarte Zegarra se convirtió en la primera mujer jefa de Estado y sexta presidenta de Perú en cinco años, luego que el Congreso le tomó juramento el 7 de diciembre. En el gobierno de Castillo, se desempeñó como primera vicepresidenta y ministra de desarrollo e inclusión social. Sin embargo, carece de respaldo oficial del partido en el Congreso y depende de una alianza ad hoc. Aunque en su primer discurso presidencial Boluarte dijo que gobernaría hasta julio de 2026, (fin del mandato de Castillo), las manifestaciones masivas la hicieron cambiar de opinión y llamar a la pronta elecciones en 2023. Sin embargo, el Congreso rechazó su propuesta y votó a favor de cambiar las elecciones de abril de 2026 a abril de 2024. Al momento de escribir este artículo, no hay una imagen clara de cuándo se llevarán a cabo las elecciones.
Tras la acusación de Castillo, los manifestantes establecieron bloqueos en las principales ciudades y sus alrededores, iniciaron incendios y organizaron ataques contra comisarías y cadenas de televisión. Respaldado por la federación más grande del país de sindicatos y la mayor asociación de indígenas, los manifestantes están pidiendo la renuncia de Boluarte, Liberación de Castillo, disolución del Congreso y nuevas elecciones. El estado de emergencia nacional, declarado el 14 de diciembre, que suspendió el derecho de reunión y la libertad de tránsito, entre otras cosas, ha sido prorrogado dos veces por el gobierno de Boluarte.
Según la Defensoría del Pueblo, 66 peruanos murieron y más de 1,300 resultaron heridos en enfrentamientos entre los manifestantes, por un lado, y las fuerzas militares y policiales nacionales, por el otro. Estos últimos enfrentan denuncias de violaciones de derechos humanos y uso excesivo de la fuerza durante los enfrentamientos. El 10 de enero, el Ministerio Público abrió investigaciones previas contra la presidente Boluarte, el presidente del Gobierno, el ministro del Interior y el ministro de Defensa en relación con los homicidios de personas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad tras la destitución de Castillo. El 25 de enero, un grupo de legisladores presentó una moción para destituir a Boluarte, acusándola de abuso y uso desproporcionado de la fuerza. Sin embargo, el Congreso rechazó la moción el 4 de abril.
La crisis política ha debilitado la economía peruana: tres meses de cortes de ruta, cierre de empresas y las restricciones a la movilidad han tenido un impacto negativo en la minería, en el turismo y en la agricultura en particular.
La inflación ha superado el 8%, el nivel más alto en 25 años. En enero, por primera vez en 22 meses, el PIB del Perú cayó un 1,12%. El malestar social se ve ensombrecido actualmente por las fuertes inundaciones provocadas por el ciclón Yaku, que cobró varias vidas e infligió más problemas a la economía. Las fuertes lluvias han dañado la infraestructura del país. Los costes se estiman en unos 300 millones de euros.
La situación política en Perú también está afectando las relaciones del país con sus vecinos regionales. Los presidentes (de izquierda) de Argentina, Bolivia, Colombia y México denunciaron la destitución y detención de Castillo. Luego de que el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunciara que su país había otorgado asilo a la familia de Castillo, esto provocó un incidente diplomático entre ambos países. Perú declaró al embajador de México en Lima ‘persona non grata’ y le ordenó salir del país. En febrero de 2023, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó la entrega de la dirección de la Alianza del Pacífico al presidente Boluarte, explicando que no quería ‘legitimar una copa’.
Posición de la Unión Europea
La UE saluda la transición democrática y constitucional del poder tras el fallido intento de golpe de Estado de Castillo. Declaraciones oficiales de la UE también reafirmaron el legítimo derecho del pueblo peruano a la manifestación pacífica y deploró la pérdida de vidas en el contexto de los recientes enfrentamientos violentos con la policía. La UE condenó cualquier uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden y recordó que el respeto por los derechos humanos es esencial. También subrayó la urgencia de investigar los hechos y adoptar las posibles medidas correctivas.
Posición del parlamento europeo
En comunicado de prensa conjunto del 8 de diciembre de 2022, el Presidente de la Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina, Pilar Del Castillo, y el Presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, David McAllister, expresó ‘su apoyo total e incondicional a la democracia institucionalidad y orden constitucional en el Perú’, y manifestó ‘su respaldo a la nueva Presidenta Dina Boluarte’.
La Unión Europea y la República del Perú son socios afines unidos a través de los vínculos implícitos en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación de 2003 y su acuerdo comercial integral de 2012. El Acuerdo comercial de la UE con tres de los cuatro estados miembros de la Comunidad Andina (Bolivia no se ha adherido Acuerdo comercial) se aplica provisionalmente con Perú desde el 1 de marzo de 2013 y con Colombia desde el 1 de agosto de 2013. Ecuador se sumó al acuerdo el 1 de enero de 2017.
Perú ha votado de manera similar con la UE sobre resoluciones de la Asamblea General de la ONU relacionadas con la guerra de Rusia contra Ucrania. En 2022, la UE y Perú fortalecieron aún más sus relaciones con dos nuevos acuerdos. El primero es un memorando de entendimiento político, que amplió el alcance del diálogo y la cooperación en áreas de interés común, como las transiciones verde y digital, los derechos humanos y la democracia, la migración y la lucha contra las drogas y el crimen organizado. El segundo es un acuerdo marco de participación, que permitió a Perú enviar personal y/o equipamiento a misiones y operaciones PCSD militares o civiles de la UE.
La UE-CELAC
La Cumbre está prevista para los días 17 y 18 de julio de 2023 bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.
