En la actualidad unos 800 grupos de expertos asesoran a la Comisión en todos los ámbitos políticos. Los miembros de los grupos de expertos puedan ser designados a título individual o en representación de los Estados miembros, terceros países, órganos de la UE e internacionales, empresas, sindicatos, la sociedad civil, el mundo académico u otras partes interesadas.
Se recurre a los grupos de expertos en la preparación de nueva legislación o de actos delegados o de ejecución, en la aplicación de la legislación existente o, con carácter más general, en el desarrollo de orientaciones estratégicas. Estos grupos no adoptan decisiones (su papel es meramente consultivo), pero pueden formular dictámenes y recomendaciones y presentar informes a la Comisión. La Comisión y sus funcionarios son completamente independientes a la hora de tener en consideración los dictámenes y los conocimientos recabados de estos grupos de expertos. Las decisiones de la Comisión se adoptan siempre en el interés general de la Unión Europea.
La Comisión Juncker se ha comprometido a reforzar la transparencia en todos sus ámbitos de trabajo. Trabajar con grupos de expertos es una de las muchas maneras en que la Comisión recoge las opiniones y asesoramiento externos sobre los que basar su trabajo. Las consultas públicas y las consultas específicas con los interesados, las audiencias públicas, las conferencias y los estudios son otras de las valiosas herramientas que complementan el diálogo institucional con el Parlamento Europeo y el Consejo.
En 2005 se introdujo el primer marco institucional horizontal para los grupos de expertos, que fue revisado por última vez en 2010. La Decisión asumida supone una respuesta positiva a muchas de las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo Europeo, como resultado de su investigación por iniciativa propia, y a las sugerencias de los diputados del Parlamento Europeo y de los representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
Frans Timmermans, vicepresidente primero, ha declarado: «A la hora de diseñar normas y políticas debemos contar con conocimientos técnicos externos para tener una visión clara de la situación real. Los ciudadanos tienen derecho a esperar que este proceso se realice de forma transparente y equilibrada. Gracias a las medidas que adoptamos hoy, la Comisión podrá recabar conocimientos técnicos de alta calidad sin incurrir en conflictos de intereses y estará preparada para rendir cuentas de ello a los ciudadanos. La decisión de hoy es el resultado de las fructíferas consultas mantenidas con los miembros del Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo Europeo y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, socios clave en la adopción de un enfoque transparente de cara a la elaboración de políticas de la UE. Es un paso más en la transformación del «modo de funcionar» de Bruselas».
Con arreglo a las nuevas normas, los departamentos de la Comisión estarán obligados a seleccionar a los miembros de los grupos de expertos a través de convocatorias públicas de candidaturas, excepto a los que representan a los Estados miembros, a terceros países y a los organismos de la UE e internacionales. Estas convocatorias se publicarán en el Registro de los Grupos de Expertos y deberán establecer claramente los criterios de selección, incluidos los conocimientos técnicos necesarios y los grupos de interés destinatarios. Se hará todo lo posible por garantizar una representación equilibrada, teniendo en cuenta las áreas de conocimiento y de interés, el género y el origen geográfico y el mandato del grupo de expertos de que se trate. El aumento de la transparencia en el proceso de selección es un factor importante a la hora de lograr una composición equilibrada.
Los expertos que soliciten representar intereses u organizaciones específicos solo podrán ser seleccionados como miembros de un grupo de expertos si están inscritos en el Registro de Transparencia. Esta condición se aplicará de forma retroactiva a todos los miembros de los grupos de expertos existentes a finales de 2016. También se mejorará la organización del Registro de los Grupos de Expertos mediante una nueva clasificación de los miembros de los grupos para aportar mayor claridad y transparencia. La nueva clasificación separará organizaciones como empresas, ONG y sindicatos de entidades públicas que antes se incluían en la misma categoría. Se crearán nuevas subcategorías para permitir un mayor control público del equilibrio de intereses.
