Informe sobre el Estado de Derecho en 2022
Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en España
El sistema judicial español ha seguido experimentando importantes cambios. El hecho de que la renovación del Consejo General del Poder Judicial esté pendiente desde diciembre de 2018 continúa siendo motivo de preocupación. Ante esa situación, se han reiterado los llamamientos para que se modifique el sistema de nombramiento de sus vocales en consonancia con las normas europeas, de forma que al menos la mitad de los jueces y magistrados que lo componen sean elegidos por sus homólogos. Se han aprobado enmiendas legislativas que aumentan la transparencia en las relaciones entre el Gobierno y el fiscal general del Estado, pero persiste cierta inquietud ante la coincidencia temporal en el mandato de ambos. La Comisión de Ética Judicial emitió un dictamen sobre las obligaciones deontológicas de los jueces y magistrados que retoman sus funciones judiciales después de haber ocupado un cargo político. Se está avanzando en cuanto a la calidad del sistema judicial gracias, por ejemplo, a medidas que facilitan el acceso de las personas con discapacidad a la justicia. Sigue avanzando la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la Ley reguladora del derecho de defensa. La digitalización de la justicia ha progresado a muy buen ritmo y se están subsanando las deficiencias existentes. Prosiguen los esfuerzos para hacer frente a las dificultades relacionadas con los recursos del poder judicial. La duración de los procesos judiciales sigue suponiendo un problema, pero se están elaborando proyectos legislativos destinados a aumentar la eficiencia del sistema judicial. España sigue aplicando una serie de medidas para enfrentarse a la corrupción y prevenirla. Se está estudiando la adopción de un plan nacional de lucha contra la corrupción, que se espera contribuya a desarrollar una política integral de prevención y disminución de la corrupción. Pese a que se han ampliado los recursos de la Fiscalía, la investigación y el enjuiciamiento de los casos de corrupción de alto nivel no han dejado de ser motivo de preocupación, pues los procesos siguen siendo largos y complejos. Por lo que se refiere a la prevención de la corrupción, España sigue desarrollando un sólido marco de integridad para la Administración Pública con el que se aspira, en particular, a prevenir los conflictos de intereses y fijar normas de incompatibilidad. El Gobierno está ultimando el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de interés y el proyecto de Ley sobre Prevención de Conflictos de Intereses del personal al servicio del sector público. Se espera, además, que el Gobierno apruebe el proyecto de Ley sobre la protección de los alertadores. La Oficina de Conflictos de Intereses ha reforzado su papel, proporcionando directrices e impartiendo actividades de formación sobre ética a los funcionarios públicos. El marco legislativo general de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación sigue siendo sólido y estable. Se ha promulgado una ley dirigida a transponer la modificación de 2018 de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual, que incluye nuevas disposiciones legislativas sobre la transparencia de la propiedad de los medios audiovisuales. Sin embargo, persisten ciertos escollos en cuanto a la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación escritos y a la autonomía operativa y los recursos del organismo regulador del sector audiovisual. Se está trabajando para reforzar el acceso a la información. El Gobierno ha seguido aplicando un acuerdo con el que se persigue facilitar el trabajo de los profesionales de la información, pese a lo cual los periodistas han seguido enfrentándose a ciertos problemas. Las Cortes nombraron a los miembros de algunos órganos constitucionales con peso en el sistema de contrapoderes institucionales, incluido el Defensor del Pueblo, lo que puso fin a los importantes retrasos acumulados. El Tribunal Constitucional dictó dos sentencias en las que anulaba las medidas de emergencia adoptadas para luchar contra la pandemia de COVID19. Están en curso varias iniciativas destinadas a aumentar la participación pública en la elaboración de políticas y a reforzar la cooperación entre la Administración Pública y la sociedad civil. Se está tramitando en las Cortes la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que sigue suscitando preocupación, particularmente entre la sociedad civil. Se han emprendido actividades destinadas a promover una cultura de primacía de la ley, como la organización de un programa de formación sobre el sistema de justicia español destinado a periodistas.
RECOMENDACIONES
Además de recordar los compromisos realizados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en cuanto a ciertos aspectos del sistema judicial, se recomienda a España que:
refuerce el estatuto del fiscal general del Estado, especialmente en lo que respecta a disociar en el tiempo el mandato de este con el del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia y autonomía del Ministerio Fiscal;
proceda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario y que emprenda, inmediatamente después de la renovación, una reforma del proceso de nombramiento de los vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la materia;
continúe las labores necesarias para presentar una iniciativa legislativa sobre los grupos de presión, con especial atención a la creación de un registro público obligatorio de dichos grupos; tome medidas para hacer frente al problema de la duración de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos, para así aumentar la eficiencia de la sustanciación de los casos de corrupción de alto nivel;
garantice que la autoridad reguladora de los medios de comunicación audiovisuales disponga de recursos suficientes, para así reforzar su eficacia, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los reguladores de los medios de comunicación, especialmente en lo que se refiere a que cuenten con recursos adecuados a sus funciones;
mejore el acceso a la información, especialmente mediante la reforma de la Ley sobre secretos oficiales.
