En 2017, la Comisión europea inició un procedimiento a Polonia en virtud del artículo 7 para abordar un posible riesgo de incumplimiento de los valores de la UE. Desde entonces, el Parlamento ha pedido repetidamente al Consejo que actúe, y en 2020 advirtió sobre nuevas recaídas. La situación se ha deteriorado aún más desde entonces, incluso a través de la criminalización de la educación sexual y la prohibición de facto del aborto.
Los eurodiputados que participaron a la Misión en Polonia redactarán un informe que resuma sus conclusiones, que se debatirá públicamente en las dos comisiones.
La visita de tres días en Polonia de la Delegación del PE finalizó el miércoles 23 de febrero, los eurodiputados se reunieron con políticos, jueces, la sociedad civil y periodistas para evaluar la situación del estado de derecho.
Los eurodiputados recopilaron información de primera mano sobre las preocupaciones de larga data del Parlamento, con un enfoque particular en la independencia del poder judicial, el estado de los derechos fundamentales y la libertad de prensa. La decisión del Tribunal Constitucional polaco que proclama que la ley nacional tiene primacía sobre los Tratados de la UE también fue discutida con varios interlocutores.
En la delegación participaron nueve eurodiputados: Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), Konstantinos Arvanitis (La Izquierda, EL), Lukas Mandl (EPP, AT), Róża Thun und Hohenstein (Renew, PL) y Beata Kempa (ECR , PL), del Comité de Libertades Civiles; y Othmar Karas (PPE, AT), Gabriele Bischoff (S&D, DE), Gerolf Annemans (ID, BE) y Daniel Freund (Verdes/ALE, DE), de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Se reunieron con parlamentarios, miembros del poder judicial, incluso jueces que han sido sancionados en virtud de la legislación impugnada por el Tribunal de Justicia de la UE y víctimas de vigilancia ilegal utilizando el software Pegasus. Los eurodiputados también hablaron con representantes de los medios de comunicación y ONG que se centran en la justicia, el estado de derecho, las mujeres y los derechos LGBTI y de los migrantes. Finalmente, se reunieron con representantes de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE (ODIHR) y el Comisionado de Derechos Humanos de Polonia.
Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES), presidente de la Comisión de Libertades Civiles, destacó que “la situación del estado de derecho en Polonia se ha deteriorado aún más desde nuestra última visita en 2018. Nuestro objetivo es apoyar a la clara mayoría de la población polaca que creen firmemente en los valores europeos. Hemos escuchado sobre las experiencias personales de diferentes ciudadanos, jueces, académicos y activistas. Las autoridades polacas deben comprender que la situación solo mejorará respetando y aplicando todos los criterios establecidos por los tribunales europeos sobre la independencia del poder judicial. La Comisión no puede tolerar que los jueces sean acosados, perseguidos y sancionados con medidas disciplinarias en un estado miembro europeo simplemente por aplicar la ley de la UE. Además, tenemos serias preocupaciones sobre la falta de transparencia con respecto a la situación en la frontera con Bielorrusia, donde no se permite el acceso a políticos, periodistas y ONG mientras hay vidas humanas en juego”.
“Visitamos Polonia en un momento de grave crisis en su vecindad inmediata, que enfrenta una contienda entre democracia y autoritarismo. Por eso es más importante que nunca tener claro nuestro compromiso con nuestros valores fundamentales: la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales. La adhesión a estos valores no es un asunto abstracto. Exige la plena aplicación de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por parte de las autoridades polacas, sin demora. Solicitamos que la Comisión haga que la aplicación completa, al cien por cien, de estas sentencias sea una condición previa para la liberación de fondos del Fondo de Recuperación de la UE”, dijo Othmar Karas (PPE, AT), primer vicepresidente del PE.
Gabriele Bischoff (S&D, DE), primera vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, añadió: “La situación del estado de derecho en Polonia no es solo una cuestión nacional, sino una cuestión europea. La primacía del derecho de la UE es la base del proyecto europeo y está consagrada en la constitución polaca. Hemos escuchado con profunda preocupación testimonios sobre ataques a la independencia judicial. No se respetan los valores europeos de igualdad y no discriminación, especialmente hacia las personas migrantes, las mujeres y la comunidad LGBTI+. También discutimos las recientes revelaciones sobre el espionaje de Pegasus y sus consecuencias para la libertad de prensa y elecciones justas. Esta información será importante a medida que nos preparamos para establecer un comité de investigación del Parlamento Europeo sobre el uso de este software espía en la UE. También hacemos un llamado al Consejo para que vaya más allá de la simple celebración de audiencias sobre el procedimiento del Artículo 7 y tome los siguientes pasos apropiados”.
