Se realizó el 23 de junio la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente solicitada por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, con el fin de presentar el Informe sobre la Situación en Venezuela. Esta reunión estuvo enmarcada en el art. 20 de la Carta Democrática Interamericana solicitando «una apreciación colectiva de la situación» en Venezuela con la finalidad que se adopten «las decisiones que se estime conveniente».
La Canciller Delsy Rodríguez, fue la primera en tomar la palabra «oponiéndose a la Orden del Día» acusó directamente al Secretario General Luís Almagro de intervencionista, de estar parcializado en favor de la oposición, de ser promotor de un golpe de estado en Venezuela, de no reconocer al Presidente Maduro, dejando un mal precedente para todos los países miembros, de utilizar a la OEA para acosar a Venezuela, acusó a los Estados Unidos de Norteamérica y se opuso rotundamente a la Orden del día, es decir a la presentación del Informe del Secretario Luis Almagro, así como, acusó a la OEA de juzgar a Venezuela.
Se convocó a votación a todos los países miembros, la aprobación contó son el SI 
de 20 países contra el NO de 12 países y dos abstenciones. Los países que apoyaron a Venezuela fueron los países ALBA y los miembros de PETROCARIBE. La moción fue presentada por Venezuela, Nicaragua y Bolivia, cuyo representante pidió la renuncia del Secretario General Almagro.
Acto seguido el Secretario General 
Luis Almagro dio lectura a su informe, reflexionando previamente sobre el valor de los principios democráticos.
El Secretario General Almagro deseaba sustentar las razones por las cuales estima que existe una grave alteración del orden constitucional en ese país así como un rápido deterioro de la crisis en Venezuela, poniendo como base de su sustentación que «la defensa de la democracia es uno de los principales mandatos de la OEA y la base fundamental de las relaciones internacionales en las Américas.»
En ese sentido y de acuerdo al artículo 3 de la Carta, donde se señalan los elementos esenciales de la democracia, como son: «el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto[…]; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos».
En el artículo 4 se delinean los componentes esenciales para el ejercicio de la democracia: «la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los Gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa».
Además de que la alteración del orden constitucional se manifieste en el trastrocamiento del orden democrático en Venezuela, en esta oportunidad solicita se consideren «las vidas, la salud y la seguridad del pueblo venezolano a la luz de estos compromisos.» pues se está viviendo una «crisis humanitaria» ante la cual el Consejo Permanente debería tomar las medidas necesarias así como deberían expresarse «claramente sobre los prisioneros políticos y los informes persistentes de tortura» también «apoyar la voluntad del pueblo venezolano en su llamado a un referendo revocatorio.»
Refiriéndose al ejercicio del poder por parte de un Gobierno, recordó que este es un «servicio público; una vocación de servicio para el bien común. No es un negocio en donde las personas buscan un beneficio o el poder. La ética política nos conmina a ser coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones. Es mucha la tensión entre la ética y la política como para ensalzar a los líderes sin abusar del poder que se les confiere. Cuando los Gobiernos y los políticos no cumplen con estas normas, vemos que los ciudadanos se frustran con sus líderes políticos» concluyendo «lo que hemos atestiguado en Venezuela es la pérdida del propósito moral y ético de la política. El Gobierno se ha olvidado de defender el bien mayor, el bien colectivo.»
Recalcó que los niveles de pobreza que se están viviendo en Venezuela no son conformes a la riqueza natural del país, ni a la abundancia de sus recursos, encontrándose este país a enfrentar «una severa crisis humanitaria y uno de los más altos índices de delincuencia en el mundo».
Señalando que la causa es el «enfrentamiento entre las ramas del Gobierno ha ocasionado el fracaso del sistema político y una ruptura de la gobernabilidad, lo que a su vez ha agravado las condiciones económicas, sociales y humanitarias del país.»
Las consecuencia en la economía son las siguientes: una inflación que ha llegado a 720%; un PIB que disminuirá un 8% más en 2016; la deuda externa ha alcanzado los $130.000 millones; tiene la peor tasa de desempleo; el 73% de los hogares y el 76% de los venezolanos vivieron en la pobreza en 2015; el salario mínimo equivale aproximadamente a 13,75 dólares al mes equivale a menos de $50 centavos por día; la moneda ha perdido el 99% de su valor desde 2013 por el tipo de cambio controlado; las empresas internacionales han cerrado sus puertas porque nadie puede pagar; la población enfrenta una escasez de alimentos y medicamentos sin precedente en todo el país.
El Secretario General Almagro señaló «estos problemas no los causan fuerzas externas. La situación que enfrenta Venezuela hoy día es el resultado de las acciones que han emprendido y siguen emprendiendo quienes están en el poder. Venezuela podría y debería ser uno de los países más prósperos e influyentes en la región. Pero más bien es un Estado plagado de corrupción, pobreza y violencia. La población sufre las consecuencias.»
Por otro lado, explicó que el Gobierno Maduro «a fin de responder a esta escasez creada, el Estado ha intervenido cada vez más en la producción de alimentos, incluyendo a través de la expropiación o nacionalización: 1)De productores de café; 2) De ingenios azucareros; 3) De productores de arroz y pasta; 4) De Agriozlena, la principal compañía distribuidora de semillas; 5) De Lácteos Los Andes, el principal productor de lácteos; 6) De más de 10,000 hectáreas de ranchos ganaderos y lecheros; 7) De por lo menos 5 productores de harina de maíz; 8) De dos fabricantes de aceites y 9) De la empresa Polar, la principal cadena de supermercados de Venezuela.» Esto ha dado lugar a una economía de mercado informal o «negro» de productos regulados, se une a esta crítica situación la carencia de medicinas, de agua, energía, así como la fuerte emigración de profesionales.
La Asamblea Nacional de Venezuela declaró una emergencia nacional en el sistema de salud, promulgando una ley especial para «atender la crisis humanitaria en salud», por medio de la cual buscan asistencia internacional para responder a esta crisis. Sin embargo, la Corte Suprema la ha declarado inconstitucional.
«Venezuela está en un estado perpetuo de lucha civil.» a lo cual se agregan comprobadas pruebas gracias a un estudio reciente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional referido a los gastos del Gobierno, que ascienden a $69.000 millones por presunta corrupción, existen quejas por la desaparición de ingresos derivados del petróleo del orden de los $300.000 millones de dólares. Venezuela ocupa el lugar 158 de 168 países según la clasificación de Transparencia International.
No existe libre ejercicio de la libertad de expresión ni posibilidad de realizar la comunicación en prensa escrita, Los medios de comunicación son sujetos regularmente a procedimientos penales y administrativos, la población está impedida de viajar, vive con censura indirecta y el acoso.
«Cuando el hombre que te acusa de ser traidor a la patria también controla las fuerzas armadas, los órganos de inteligencia, la policía nacional y el poder judicial, se trata de un acto abierto de intimidación. La falta de un auténtico diálogo político ha llevado a los ciudadanos a salir a la calle a protestar para hacerse oír.»
El enero de 2015, autorizó explícitamente el uso de armas de fuego para controlar encuentros públicos y protestas pacíficas. Esto contradice directamente la propia Constitución de Venezuela.
De 11 presos políticos en 2013, en 2016 hay 4,253 detenciones, arrestos o encarcelamientos acusados de haber protestado o criticado el Gobierno de Venezuela. En la cárcel se encuentran Leopoldo López y Antonio Ledezma, entre otros. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ha encontrado más de 300 casos de detención arbitraria en Venezuela.
Concluyó «tener presos políticos es claramente un acto de un régimen autoritario…..Eso no es democracia.»
Agregó que «el pueblo venezolano se enfrenta a un Gobierno que ya no le rinde cuentas. Un Gobierno que ya no protege los derechos de los ciudadanos. Un Gobierno que ya no es democrático.»
En 1999, el entonces Presidente Hugo Chávez consagró la figura del referendo revocatorio en la Constitución de Venezuela como un vehículo para asegurar la “democracia participativa y protagonista”.
Este proceso está previsto en la Constitución. En Venezuela, todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. El artículo 72 señala que se puede convocar a un referendo revocatorio “transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria”. Si el referendo da como resultado la revocación del Presidente durante los primeros cuatro años, entonces “se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes”. Si el plebiscito se lleva a cabo después de los primeros cuatro años, el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la presidencia durante el período restante. Para activar el proceso revocatorio se requieren las firmas del 1% de electores que soliciten un referendo. Luego esa activación tiene que ser apoyada por al menos el 20% del público elector. Para revocar el mandato presidencial la tasa de participación electoral debe ser superior al 25% y el número votos válidos debe ser igual o mayor al número de votos con los cuales se eligió al Presidente. Nadie está por encima de la Constitución.
«Estamos aquí para apoyar a un Estado miembro y ayudarlo a volver al camino de la democracia – en ese sentido, apoyo la idea de que se constituya un grupo de países amigos de Venezuela de la OEA.»
El debate posterior a la presentación del informe repitió las opiniones presentadas en el inicio de la reunión. Como conclusión tomó la palabra la Canciller Delsy Rodríguez, quien manifestó haber solicitado el voto a la Orden del día deliberadamente, para conocer mejor a los países intervencionistas, calificó el informe de Almagro como un «adefesio» que Venezuela rechaza por la ideología pseudo-fascista, que desea dar apertura a los capitales, con concepción peligrosa, que se suma a los petitorios de los Estados Unidos, demuestra que desconoce expresamente que hay un gobierno legítimo y se parcializa a una oposición que quiere derrocar al Presidente constitucional, su informe esta lleno «de odio manifiesto» y que invocar el articulo 110 se refiere al país que amenaza la estabilidad de la región, rechazando abiertamente que Venezuela sea una amenaza. Haciendo evidente que ellos sólo ayudan a los países, «no ha podido demostrarse que haya habido una alteración grave del orden constitucional de Venezuela.»
