La indiferencia de Dina Boluarte ante el sufrimiento de los peruanos expone un gobierno desconectado y sin rumbo, mientras el país se convierte en símbolo de desigualdad y abuso de poder.
Cuando Pedro Castillo dio su golpe de Estado y acabó en la sede de la Prefectura en la avenida España, estaba seguro de que el caos surgiría en el Perú, un deseo para nada edificante que, para su frustración, no se realizó. Dina Boluarte reivindicó su vicepresidencia y se instaló en Palacio de Gobierno. Sin embargo, la transición estuvo lejos de ser pacífica.
Luego de 11 meses de investigación la fiscal general Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra Boluarte. Según el Informe de la Defensoría del Pueblo «Crisis política y conflicto social: Reporte de personas fallecidas. Periodo: Del 7 de diciembre de 2022 al 7 de abril de 2023.» «En nueve regiones del Perú se registraron 67 muertes en el contexto de las protestas sociales. En orden descendente según la cantidad de muertes, se trata de personas de las siguientes regiones: Puno (29), Ayacucho (10), Apurímac (7), Cusco (6), La Libertad (5), Arequipa (5), Junín (3), San Martín (1) y Lima (1)» continua el Informe «93% son varones y el 7 % son mujeres, que perdieron la vida en el contexto de las protestas sociales. El grupo etario de personas comprendido entre 18 a 29 años de edad tuvieron el mayor número de muertes (27). Todos son varones. Dentro de la cifra total de personas fallecidas (67) se encuentran 11 niñas, niños y adolescentes, de los cuales 10 son varones y una es mujer. Dos de ellos tenían menos de cuatro años y los otros nueve tenían edades entre los 15 y 17 años.»
Por su parte el Informe de Aministía Internacional «¿Quién disparo la Orden?» analiza cómo las decisiones tomadas desde la Presidencia de Dina Boluarte y otros niveles altos del gobierno permitieron el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, señalando que la cadena de mando pudo haber facilitado violaciones graves de derechos humanos durante las protestas entre 2022 y 2023.
Mientras tanto, Boluarte continúa en el cargo y parece más centrada en sus intereses personales. Ha destacado a la policía que la resguardaba para enviarla a España, evitando así que sea interrogada por las acusaciones de encubrir a Vladimir Cerrón, líder político prófugo de la justicia. Este hecho, evidencia un uso del aparato estatal para proteger intereses personales y encubrir actos ilícitos, en lugar de garantizar la justicia y la seguridad ciudadana.
Dina Boluarte sigue en el cargo, logra satisfacer sus caprichos más íntimos: cirugías, signos exteriores de riqueza, dispone beneficios a costa del Estado y se sigue manteniendo en el poder, ¿ético? No, no lo es, avergüenza que sea mujer.
Quien mira el Perú desde lejos y algunas veces desde cerca, no logra entender qué está pasando, la gente está tensa, no hay seguridad, pareciera un libreto confeccionado para que los peruanos estemos «mansos», sino, te puede pasar de todo. Ya no hay marchas, la economía en ciertos sectores está en crisis, los sicarios, los extorsionadores actúan impunemente, eso no es marca peruana, es «marca venezolana», tiene aterrados a los peruanos. Lo mejor, es que ella niega que eso esté sucediendo, es más el libreto, así lo llamo yo, para ella, “va a la grande, está perfecto”, mientras la gente vive burlada.
El lunes 13 el Financial Times publica en su página 8 un artículo de media página titulado “Las amenazas de muerte de los mafiosos drenan el dinero de los peruanos” en la sección Latin America: Extortion del corresponsal Joe Daniels.
El artículo del Financial Times aborda la grave crisis de extorsión en Perú, resaltando cómo las bandas criminales, muchas de ellas integradas por venezolanos, han expandido su influencia en el país, afectando a ciudadanos comunes y pequeños empresarios. Según el reportaje, las amenazas de muerte enviadas por WhatsApp se han convertido en un mecanismo común para extorsionar dinero de las víctimas. Las cifras de violencia se han disparado, y 2024 ya es el año más violento en décadas.
El artículo señala cómo esta situación ha llevado a una parálisis en ciertos sectores económicos, aumentando la pobreza y el miedo. Se destaca también el impacto de grupos como el Tren de Aragua, que ha extendido su red criminal en la región, y cómo las políticas actuales no logran frenar esta ola de criminalidad.
En contraste, en la página 21 del mismo diario, en el mismo día, bajo un título “EL Dilema El Salvador”, presenta un país que ha logrado estabilidad y seguridad gracias al modelo de seguridad aplicado por Nayib Bukele, que ha reducido dramáticamente los índices de criminalidad en ese país. El periódico menciona que, aunque el modelo de Bukele es polémico debido a las denuncias de violaciones de derechos humanos, ha conseguido restaurar la sensación de seguridad entre la población. Esto ha generado un debate sobre hasta qué punto un enfoque autoritario puede ser la solución en países afectados por altos niveles de delincuencia.
Sin embargo, el contraste no busca establecer una comparación directa entre Perú y El Salvador, pues las realidades y las amenazas que enfrentan ambos países son distintas. Mientras que El Salvador lidia con pandillas como la MS-13, Perú enfrenta una amenaza múltiple que incluye redes criminales internacionales, la infiltración del crimen organizado y el impacto de políticas de izquierda progresista vinculadas al socialismo del siglo XXI. Estas amenazas exigen soluciones adaptadas a la complejidad del contexto peruano.
Lo que se destaca del modelo salvadoreño no es su aplicabilidad en otros países, sino la voluntad política detrás de sus acciones. En Perú, esa voluntad parece estar ausente. Mientras Boluarte y su administración priorizan beneficios personales, la ciudadanía peruana sigue expuesta al maltrato, la inseguridad y la ausencia de una estrategia clara para enfrentar las amenazas múltiples que asolan al país.
Si a esto, que ofende escribir y leer, ¿cómo debemos calificar el comportamiento del ministro del interior que no quiso recibir a Joe Daniels?. Han dado muestra, ambos: presidenta y ministro, de ser irresponsables y carentes de sensibilidad ¿puede gente así ocuparse de la población de un país? Cuando la seguridad ciudadana es uno de los pilares fundamentales de cualquier gobierno, y negarse al diálogo, en este contexto, debilita aún más la confianza en las instituciones.
El Perú necesita un liderazgo que no solo aspire al poder, sino que lo ejerza con ética, responsabilidad y compromiso con el bienestar colectivo. La solución no es copiar modelos extranjeros, sino encontrar respuestas propias, basadas en la realidad y en las necesidades del país. El debate sobre seguridad no puede quedarse en los extremos de la represión autoritaria o la permisividad progresista; debe centrarse en la construcción de un camino sostenible que combine justicia, seguridad y desarrollo.
El verdadero desafío no es solo identificar al líder adecuado, sino garantizar que éste represente y responda a las necesidades del pueblo peruano. Porque el cambio, para ser duradero, debe nacer desde dentro y estar arraigado en la voluntad colectiva de una nación.
¿Qué hay en la cabecita de Boluarte? ¿Qué gana Dina Boluarte de esta situación?
Dina Boluarte no parece obtener ningún beneficio positivo en esta crisis; al contrario, su gobierno pierde legitimidad y confianza. En un país donde la ciudadanía vive atemorizada y desmoralizada, la incapacidad del gobierno para enfrentar estos problemas de forma efectiva y transparente solo refuerza la desconexión entre el poder y el pueblo. Sin embargo, es necesario preguntarse: ¿realmente no hay una estrategia detrás de este aparente caos?
Aunque ninguna razón es justificable desde una perspectiva ética o democrática, algunos posibles escenarios podrían arrojar luz sobre esta dinámica:
- Control mediante el miedo: Un clima de inseguridad mantiene a la población en un estado de sumisión, priorizando la seguridad personal sobre cualquier tipo de organización política o resistencia social.
- Desviar la atención: La inseguridad sirve como una distracción que desvía el foco de temas críticos como la corrupción, la falta de políticas públicas o las crisis económicas.
- Beneficios a terceros: Sectores específicos, como empresas de seguridad privada o redes vinculadas al crimen organizado, podrían estar lucrando con esta situación, mientras el gobierno cierra los ojos.
- Preparar el terreno para otros intereses: Un pueblo desmoralizado y fracturado es presa fácil para agendas externas o internas que buscan apropiarse del país. La pasividad del gobierno y la falta de un liderazgo claro podrían no ser simples fallas, sino un diseño estratégico que facilite la entrega del país a intereses oscuros o externos.
- Protección personal: Es posible que Boluarte esté trabajando más para garantizar su salida indemne que para resolver los problemas del país. En lugar de asumir la responsabilidad de su cargo, podría estar asegurando acuerdos que le permitan asilarse en otro país y evitar rendir cuentas por sus actos.
En este contexto, lo que «gana» la presidenta Boluarte no es sólo un beneficio real, sino un debilitamiento del tejido social que, a corto plazo, puede traducirse en menor presión política sobre su administración. Sin embargo, a mediano y largo plazo, este enfoque erosiona aún más la confianza en las instituciones, aumenta el descontento y exacerba la crisis social, económica y política en el país. ¿Le importa eso a Boluarte? yo creo que no.
La historia no será amable con quienes, teniendo el poder para proteger y servir, eligieron ignorar el clamor de su pueblo. Boluarte debe recordar que no está en el cargo para perpetuar sus intereses ni los de unos pocos aliados, sino para servir a la nación. Sin acciones contundentes y sin una verdadera voluntad política, su legado será recordado como uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia.
El costo para la sociedad peruana es inmenso: un pueblo paralizado por el miedo, una economía asfixiada por la inseguridad y una ciudadanía que pierde cada vez más la fe en sus líderes. Para el gobierno de Boluarte, las consecuencias de no actuar podrían ser devastadoras en términos de gobernabilidad y credibilidad. La historia no perdonará a quienes, teniendo el poder para proteger y servir, eligieron ignorar el clamor de su pueblo.
El Perú no puede seguir siendo el escenario donde el bienestar de millones de peruanos se sacrifica para preservar los intereses de unos pocos. Este no es el país que merecemos ni el que soñamos. Pero para lograrlo, es urgente un liderazgo que defienda a su gente, que reconstruya la confianza y que proteja la soberanía del país frente a quienes buscan utilizarlo como moneda de cambio. No podemos permitir que el Perú sea vendido al mejor postor, ni que su gente sea sacrificada para garantizar la impunidad de unos pocos. Es hora de exigir un liderazgo comprometido con la gente, no con los privilegios. Dina Boluarte debe recordar que está en el cargo para servir a los peruanos, no para perpetuar su propia agenda.
El verdadero Perú no es miedo ni resignación: es lucha por el desarrollo, unión y esperanza.
