Perú atraviesa una crisis institucional que no puede reducirse a un simple episodio de inestabilidad gubernamental. Durante más de veinte años, el sistema político ha experimentado una profunda transformación: los partidos han perdido progresivamente su identidad ideológica y cohesión programática, transformándose en plataformas de poder fragmentado.
La configuración política actual refleja equilibrios parlamentarios construidos mediante negociaciones entre bloques regionales e intereses contingentes, en lugar de proyectos gubernamentales estructurados. En este contexto, el poder ejecutivo tiende a priorizar la estabilidad parlamentaria sobre la implementación de reformas a largo plazo.
Formalmente, las instituciones funcionan y la separación de poderes es operativa. Sin embargo, el hecho más revelador de la fragilidad del sistema es que casi todos los presidentes peruanos recientes —Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo— han estado involucrados en procesos penales o medidas restrictivas de la libertad personal. Esto pone de manifiesto no solo la responsabilidad individual, sino una crisis sistémica en la relación entre la política, la justicia y la gestión del Estado.
El punto de inflexión político
La situación se agravó con la llegada de Pedro Castillo a la presidencia. Según varias observaciones legales realizadas en su momento, el partido Perú Libre no debió ser admitido a las elecciones presidenciales debido a irregularidades formales, como la falta de un programa de gobierno integral y la imposibilidad de definir la fórmula vicepresidencial dentro del plazo establecido.
Posteriormente, el Congreso de la República autorizó el inicio de un proceso penal contra Jorge Salas Arenas, magistrado de la Corte Suprema y expresidente del Consejo Nacional Electoral, por el presunto delito de negociación incompatible en materia de nombramientos administrativos. El caso reabrió las dudas sobre la confianza en las instituciones responsables de garantizar el proceso electoral.
El Gobierno y la «deuda social»
Los acontecimientos de estos días han puesto de relieve una dinámica política a menudo evocada, pero rara vez explicada: la existencia de una supuesta «deuda social» con las fuerzas parlamentarias que facilitaron la formación del gobierno y la elección de José María Balcázar, fue él mismo quien así la denominó «deuda social».
Según el actual Primer Ministro, esta deuda representa una obligación política de incluir a ciertos grupos en la distribución de responsabilidades ministeriales. En este contexto, la formación del gabinete no respondería primordialmente a criterios técnicos o programáticos, sino a equilibrios políticos preexistentes.
Diagnóstico de Hernando de Soto
«Miren, los triunfos del Occidente capitalista, ya sea socialdemócrata o conservador, y los triunfos del capitalismo chino son precisamente el resultado de la separación de los intereses de quienes ostentan el poder político y de quienes ostentan el poder económico. Ya sea el sistema suizo o el Partido Comunista Chino, no importa; es esta separación entre el poder político y el económico la que dio origen a la revolución industrial, la que permitió la creación de riqueza. Hasta entonces, hasta que esto ocurrió, la propiedad, por ejemplo, era un asunto exclusivamente estatal. Ahora es un asunto independiente. Así que empezamos a eliminar cualquier punto de convergencia entre ambos, para ver qué pasaba con personas independientes que, en épocas electorales, pudieran decidir entre el bien y el mal.»
A la luz de este diagnóstico, lo ocurrido durante el intento de formar un nuevo gabinete es particularmente significativo.
Hernando de Soto presentó al presidente Balcázar una propuesta de gobierno que exigía la sustitución de siete ministerios. Como declaró posteriormente:
«Lo que quería presentarle al presidente era una lista de ministros compuesta por personas que no tenían ese tipo de formación, ni marxista-leninista ni la que podría usarse para amasar fortunas incalculables».
La lista se entregó durante un desayuno de trabajo celebrado entre las 8 y las 10 de la mañana en el domicilio de De Soto. Se programó una reunión para esa tarde, donde se celebraría la ceremonia de juramentación, que confirmaría su nombramiento al Gabinete.
Sin embargo, a las 6 de la tarde de ese mismo día, De Soto se enteró por televisión de que el presidente juramentaba a su nuevo gabinete, confirmando a los mismos ministros que él había propuesto reemplazar. No había sido invitado a la ceremonia, y entre los nominados se encontraba la ministra de Economía, quien figuraba entre los cambios sugeridos.
Otro factor sorprendente fue la influencia del partido liderado por César Acuña, del partido Alianza para el Progreso, que, a pesar de no ganar la presidencia, contaba con un número significativo de ministerios y subsecretarios: ocho.
Para De Soto, este episodio confirma una dinámica estructural en la que la superposición de intereses políticos y económicos impide una verdadera separación entre la gestión estatal y el poder político. De ahí su afirmación:
«La corrupción continuará».
En sus conclusiones, De Soto recordó los diferentes modelos de capitalismo —norteamericano, europeo, suizo y chino—, argumentando que el modelo más destructivo es el que él llama el capitalismo corrupto, caracterizado por la fusión del poder político con los intereses económicos. Según su análisis, es precisamente esta dinámica la que corre el riesgo de consolidarse en el Perú actual.
Desde la noche del 24 de febrero, el economista participó en numerosas entrevistas televisivas en las que reconstruyó públicamente lo sucedido, extrayendo dos conclusiones de especial importancia para comprender la crisis política peruana.
La primera se refiere a una creencia generalizada en el debate público nacional: la idea de que la responsabilidad de la crisis recae únicamente en los votantes peruanos, incapaces de elegir adecuadamente a sus representantes. Según De Soto, esta interpretación es sesgada, ya que las decisiones políticas finales suelen responder a dinámicas poselectorales de acuerdo y distribución del poder, sobre las cuales los votantes no tienen control directo.
La segunda consecuencia se refiere a la responsabilidad de las fuerzas políticas y parlamentarias que, si bien no comparten la orientación ideológica del gobierno, contribuyeron a su formación mediante acuerdos políticos que posibilitaron la actual configuración del poder. En este contexto, los partidos tradicionalmente posicionados en el centro y el centroderecha se enfrentan cada vez más a las críticas públicas por haber facilitado dicho equilibrio. Los principales responsables son el partido de Rafael Bernardo López-Aliaga y Cazorla, llamado «Porki», y su partido, «Solidaridad Nacional».
Conclusión
La crisis peruana, por lo tanto, no parece ser un simple conflicto político contingente, sino la manifestación de una tensión más profunda entre las instituciones formales y las prácticas de poder. Cuando se debilita la separación entre la toma de decisiones políticas y la gestión económica, el Estado pierde progresivamente su papel de garante de las normas comunes. El desafío que enfrenta hoy el Perú no se refiere sólo a la estabilidad de un gobierno, sino a la capacidad de sus instituciones para restablecer la confianza, la previsibilidad y la autonomía frente a los intereses que compiten por el control del Estado.
