China rompe su silencio sobre Venezuela no por principios, sino cuando intereses estratégicos largamente consolidados comienzan a verse amenazados. El endurecimiento del discurso revela más de lo que pretende ocultar.
China está presente en Venezuela desde hace más de una década. Los acuerdos que ha suscrito con el régimen chavista no son de conocimiento público. Lo que sí se conoce es el estilo de su política exterior: contratos opacos, silencios estratégicos y una deliberada dificultad para el escrutinio. No comprendemos su lengua ni su alfabeto, y menos aún los términos exactos de los compromisos asumidos con un Estado que, bajo Nicolás Maduro, ha derivado en una dictadura.
Durante todos estos años no se registró por parte de China preocupación alguna por la vida cotidiana de los venezolanos: ni por la salud, ni por la pobreza, ni por las muertes, detenciones arbitrarias, encarcelamientos, asesinatos o marchas reprimidas. Tampoco hubo pronunciamientos frente al éxodo de millones de personas que, a pie, cruzaron fronteras latinoamericanas huyendo del colapso de su país. Ese drama humano no mereció editoriales, advertencias ni llamados al derecho internacional. El silencio fue absoluto.
Hoy, sin embargo, las plumas comienzan a moverse en Pekín. Con rapidez, China Daily publica un editorial que busca generar “conciencia crítica” y orientar la interpretación global de los hechos. El texto condena lo que define como “el flagrante uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela, incluyendo ataques aéreos a gran escala y la captura forzosa de su presidente y su esposa”, calificándolo como una violación grave del derecho internacional, de las normas que rigen las relaciones entre Estados y de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
El editorial va más allá y lanza una advertencia directa a América Latina y el Caribe, señalando que se trataría de “un precedente alarmante” que amenaza la soberanía y la seguridad regional y que sacude los cimientos del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.
China acusa además a Estados Unidos de haber llevado a cabo una “maniobra de poder para apropiarse de recursos”. La reacción parece haber sido provocada por la franqueza con la que el presidente Donald Trump y su gabinete expusieron los objetivos de la operación. Esa sinceridad descolocó a Pekín, habituado a una diplomacia de silencios calculados y formulaciones ambiguas.
Resulta llamativo que esta indignación no se haya manifestado cuando China firmó, junto con Rusia, un acuerdo de cooperación estratégica y “protección mutua” apenas un mes antes de la invasión rusa a Ucrania. Tampoco cuando comenzaron los muertos, ni ante las triangulaciones comerciales y energéticas que permitieron a China proteger sus propios intereses —y los rusos— sin asumir costos políticos visibles. Ese capítulo, al parecer, no cuenta.
El silencio chino se ve ahora interrumpido por el grito abierto, directo y urticante de Trump: queremos el petróleo venezolano. Queremos modernizar su infraestructura, afirman. Se trata de un crudo pesado que requiere tecnología y maquinaria que las empresas estadounidenses pueden aportar, con la expectativa de recuperar la inversión y obtener beneficios. Cuba, China y Rusia han utilizado durante años el petróleo venezolano, lo han trasladado para refinarlo en otros territorios, sin que exista constancia de inversiones estructurales destinadas a modernizar la industria ni de propuestas para gestionar los desechos altamente contaminantes que produce este tipo de extracción. Eso, al menos, no ha sido objeto de debate público.
El editorial de China Daily sostiene que “cualquier apariencia de búsqueda de justicia o estabilidad fue destruida en una flagrante demostración de hipocresía ilegal” y compara el caso venezolano con la guerra de Irak, evocando “otro capítulo en el largo historial de Washington de apoderarse de los recursos de otros países con falsos pretextos”. La comparación no es inocente: apunta a desacreditar el método y a erosionar la legitimidad moral de la intervención.
Hay, sin embargo, un pasaje que merece especial atención desde América Latina. Cuando el editorial afirma que “la acción militar también busca intimidar a los países de la región y disuadirlos de profundizar la cooperación con otros socios en los campos que Estados Unidos intenta dominar”, el diagnóstico resulta paradójicamente sincero. Allí queda al descubierto la verdadera preocupación: la defensa de intereses estratégicos propios. No es la soberanía venezolana lo que inquieta, sino la posibilidad de perder posiciones construidas a lo largo de años en un espacio geopolítico considerado clave.
El texto apela también a las declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres. No deja de resultar llamativo que una institución cuya sede ha sido escenario de posicionamientos favorables a Rusia durante la invasión a Ucrania sea ahora invocada como árbitro moral absoluto. Parecería que, al cambiar de hemisferio, cambian también las lógicas de interpretación.
Conviene introducir aquí una precisión fundamental: no se ha producido, hasta donde se conoce, una invasión en el sentido clásico del término. No hay tropas estadounidenses desplegadas en territorio venezolano ni ocupación militar sostenida. Se trata, más bien, de una operación quirúrgica extrema, ejecutada en un contexto de prolongado desinterés y pasividad internacional frente al colapso venezolano, pasividad de la que también han sido parte actores que hoy levantan la voz.
Conviene asimismo observar que parte de la indignación expresada desde Pekín se apoya en una defensa selectiva de la soberanía. China invoca el respeto al derecho internacional y a la no injerencia mientras, en la práctica, desarrolla acuerdos estratégicos en América Latina que a menudo se negocian sin transparencia regional ni consulta a los países directamente afectados.
En el ámbito marítimo, la presencia recurrente de flotas pesqueras chinas en el límite —y en ocasiones más allá— de las doscientas millas de varios Estados latinoamericanos ha generado tensiones persistentes, especialmente en el Pacífico sur, Perú y Argentina lo han denunciado. A ello se suman acuerdos bilaterales con países como Brasil que impactan directamente en economías vecinas sin que medie coordinación regional efectiva. Estos hechos forman parte del contexto ausente en los editoriales que hoy pontifican sobre soberanía.
Durante más de una década, China mantuvo una relación estrecha con el régimen venezolano sin que ello se tradujera en pronunciamientos públicos ante la degradación institucional, el colapso social o el éxodo masivo. Ese silencio prolongado contrasta con la contundencia del discurso actual y obliga a preguntarse si la preocupación que hoy se expresa responde a una defensa universal de principios o a la percepción de que intereses estratégicos largamente consolidados están siendo puestos en cuestión.
La defensa del derecho internacional no puede construirse sobre criterios variables según el actor o el territorio involucrado. Cuando se invoca la soberanía como valor fundamental, esta debe entenderse de manera integral: no solo frente a intervenciones militares visibles, sino también frente a prácticas económicas, extractivas y geopolíticas que, aunque menos espectaculares, afectan de manera profunda la autonomía real de los Estados.
Foto: año 2023, visita de Maduro a Xi Jin Ping, visita de seis días.
