Tres expedientes de investigación han sido abiertos para esclarecer si determinadas prácticas de venta en línea impiden a los consumidores, en infracción de las normas antimonopolio de la UE, ejercer su libertad de elección de un modo transfronterizo a la hora de comprar productos electrónicos de consumo y videojuegos y de contratar estancias hoteleras a precios competitivos.
La comisaria Margrethe Vestager, responsable de la Política de Competencia, señalò que «los casos escrutados corresponden a los sectores de la electrónica de consumo, los videojuegos y el alojamiento hotelero. Están analizando si esas empresas están contraviniendo las normas de competencia de la UE al aplicar una restricción desleal de los precios de venta al público o al excluir a los consumidores de algunas ofertas por motivo de su nacionalidad o ubicación.»
Una razón que impulsa la investogación se debe a que «las ventas en línea transfronterizas en el interior de la UE no aumentan sino son más lentas.»
Si existen una serie de obstáculos reguladores que entorpecen el comercio electrónico transfronterizo hay también indicios de que las propias empresas podrían estar levantando barreras a dicho comercio con el ánimo de fragmentar el mercado único de la UE siguiendo las líneas de las fronteras nacionales y así evitar la competencia.
Las tres investigaciones pretenden afrontar los problemas específicos de la restricción de los precios de venta al público, la discriminación por motivos de ubicación y el bloqueo geográfico.
Estas prácticas pueden dificultar las compras transfronterizas o las compras en línea en general y, en último término, perjudicar a los consumidores al privarles de una mayor capacidad de elección y unos precios más bajos al recurrir al comercio electrónico.
Fabricantes de electrónica de consumo
La Comisión está investigando a Asus, Denon & Marantz, Philips y Pioneer las cuales han quebrantado las normas de competencia al restringir la capacidad de los vendedores en línea a la hora de fijar sus propios precios para productos electrónicos de consumo de uso muy corriente como electrodomésticos, ordenadores portátiles y productos de alta fidelidad.
Videojuegos
La Comisión está investigando los acuerdos bilaterales celebrados entre Valve Corporation, propietaria de la plataforma de distribución de juegos Steam, y cinco desarrolladoras de videojuegos: Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media y ZeniMax. La investigación centra el objetivo en las prácticas de bloqueo geográfico merced a las cuales las empresas impiden a los consumidores comprar contenidos digitales (en este caso videojuegos para ordenadores personales) en razón de la ubicación o el país de residencia de los consumidores.
Tras la compra de determinados videojuegos para ordenadores personales, los usuarios han de confirmar que su copia del juego no ha sido pirateada antes de poder empezar a jugar. Para ello, introducen una clave de activación en Steam, plataforma de distribución de la empresa Valve.
La investigación se centra en determinar si los acuerdos controvertidos requieren o han requerido en algún momento el uso de claves de activación con fines de bloqueo geográfico.
Discriminación en los precios de los hoteles
A raíz de las denuncias recibidas de los clientes, la Comisión está investigando ciertos acuerdos sobre servicios de alojamiento hotelero celebrados entre los principales operadores turísticos europeos, por una parte: Kuoni, REWE, Thomas Cook y TUI, y determinados hoteles, por otra: Hoteles Meliá. La Comisión acoge favorablemente la iniciativa de los hoteles para desarrollar e introducir mecanismos innovadores de fijación de precios que maximicen la ocupación de las habitaciones, pero ni los hoteles ni los operadores turísticos pueden discriminar a los clientes en función de su ubicación. Los acuerdos en cuestión podrían contener cláusulas que discriminen a determinados clientes en razón de su nacionalidad o su país de residencia, como consecuencia de cuya aplicación no podrían ver la disponibilidad real del hotel o reservar habitaciones a los mejores precios.
Tal situación podría vulnerar las normas de competencia de la UE al impedir que los consumidores reserven plazas hoteleras en las mejores condiciones ofertadas por los operadores turísticos en otros Estados miembros, debido simplemente a su nacionalidad o su localidad de residencia. Podría dar lugar, además, a la compartimentación del mercado único.
