El frente externo: alianza con ASEAN contra el lavado y la corrupción
China ha querido demostrar esta semana que su discurso anticorrupción no se 
limita a sus fronteras. En vísperas de la 15ª Conferencia de Fiscales Generales China-ASEAN, celebrada en Hong Kong, el fiscal general Ying Yong subrayó que Pekín intensificará la cooperación con sus homólogos del Sudeste Asiático para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales transfronterizo.
Desde su lanzamiento en 2004, esta conferencia se ha consolidado como un foro clave para tratar la seguridad regional, adaptando sus prioridades a los cambios en los patrones delictivos. Lo que en sus inicios se centraba en crimen organizado, terrorismo o narcotráfico, hoy aborda también apuestas cibernéticas, fraude financiero y criptomonedas.
“El lavado de dinero está cada vez más vinculado a otros delitos como el narcotráfico, el fraude financiero y la corrupción. Esta interconexión altera el orden regulatorio y amenaza la seguridad económica y la estabilidad social”, declaró Ying.
El mensaje es claro: China busca erigirse en referente normativo en Asia, reforzando la cooperación judicial y fiscal en temas de alta sensibilidad. La estrategia incluye compartir información, coordinar investigaciones, armonizar estándares legales y educar a la ciudadanía sobre los riesgos de nuevas formas de fraude.
El frente interno: sentencias ejemplares para disciplinar al Partido
En paralelo a esta proyección internacional, el Partido Comunista de China (PCCh) exhibe mano dura dentro de sus propias filas. Dos condenas recientes lo muestran con claridad.
Tang Renjian: del ministerio al banquillo
El exministro de Agricultura y Asuntos Rurales fue condenado a muerte con dos años de indulto por aceptar sobornos que superaron los 268 millones de yuanes (37,7 millones de dólares). Su trayectoria había sido larga —desde gobernador de Gansu hasta ministro—, pero el tribunal de Changchun concluyó que utilizó todos sus cargos para beneficiar a particulares y empresas a cambio de pagos ilícitos.
Aunque la sentencia capital suele conmutarse por cadena perpetua si el acusado coopera, el fallo envía un mensaje inequívoco: la corrupción en sectores estratégicos como la agricultura no será tolerada.
Liu Zhiqiang: la caída de un viceministro de Justicia
El segundo caso es el de Liu Zhiqiang, exviceministro de Justicia, condenado a 13 años de prisión y una multa de 3 millones de yuanes por recibir más de 42 millones en sobornos. Su carrera abarcó puestos en seguridad pública y justicia, pero terminó con expulsión del Partido, juicio público y confiscación de bienes.
En ambos casos se repite el patrón:
-
Expulsión del Partido como preludio a la condena judicial.
-
Confesión y devolución de bienes como atenuantes que permiten reducción de penas.
-
Visibilidad pública de los juicios, destinados a dar ejemplo a otros cuadros.
Justicia o control político
A ojos occidentales, estas penas pueden parecer desmesuradas. Pero en el marco político chino cumplen una doble función: ejemplaridad y disciplina partidaria. El mensaje interno es que ningún cargo, por alto que sea, está a salvo de la campaña anticorrupción iniciada hace más de una década por Xi Jinping.
Externamente, la narrativa refuerza la imagen de China como potencia que combate la corrupción con severidad, al tiempo que ofrece cooperación internacional para blindar la región frente al blanqueo y la delincuencia transnacional.
La simultaneidad no es casual: mientras se estrecha lazos con ASEAN, Pekín muestra al mundo que aplica en casa lo que predica fuera.
Una cruzada con varias capas
La ofensiva anticorrupción china tiene, en definitiva, tres capas complementarias:
-
Política interna: disciplinar al Partido y evitar fugas de poder que amenacen la cohesión del régimen.
-
Proyección internacional: presentarse como socio fiable para la seguridad regional, especialmente en un Sudeste Asiático vulnerable al crimen organizado.
-
Legitimidad social: demostrar a la opinión pública que el enriquecimiento ilícito no quedará impune.
En este equilibrio entre justicia, control político y diplomacia, China busca afianzar su rol de potencia normativa en Asia. Y lo hace con una advertencia que resuena dentro y fuera de sus fronteras: la corrupción no es solo un delito, sino una amenaza existencial para el Estado y la sociedad.
