La ayuda concedida por España al administrador de infraestructuras ferroviarias ADIF para la construcción de un centro de ensayos de alta velocidad en Andalucía no corresponde a un auténtico objetivo de interés común, es lo que ha deducido la Comisión Europea, es más, no contribuye a promover un desarrollo sostenible de la región.
Luego de una investigación pormenorizada de los planes españoles de financiación por un importe de €358,6 millones, para la construcción de un centro de ensayos con trenes de alta velocidad y equipos afines denominado «Centro de Ensayos de Alta Tecnología Ferroviaria (CEATF)», cerca de Málaga, en Andalucía.
El CEATF es un circuito ferroviario en el que los trenes pueden circular a muy alta velocidad (hasta 520 km/h), con instalaciones adicionales para el ensayo, la homologación y la puesta a punto de material ferroviario y de elementos de infraestructura y superestructura.
Según los planes notificados por España a la Comisión en septiembre de 2013, la financiación pública debía otorgarse al gestor español de la infraestructura ferroviaria, ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), que sería el propietario del CEATF.
La investigación de la Comisión reveló que, de hecho, España ya pagó a ADIF, a partir de 2011, €140,7 millones, antes de que la Comisión adoptara su Decisión, infringiendo así las normas de la UE.
Además, la investigación de la Comisión puso de manifiesto que el proyecto no se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales, ya que no responde a un auténtico objetivo de interés común. No parece existir ningún interés en el mercado por desarrollar productos que funcionen a esas altas velocidades, ya que no serían comercialmente viables. A falta de demanda de tales servicios específicos, el uso de las instalaciones del CEATF se limitaría, en la práctica, al ensayo de trenes y equipos hasta las velocidades comercialmente viables de 320 a 350 km/h, para las que ya existen centros de ensayo en la UE. Ya se realizan ensayos en redes ferroviarias comerciales. El CEATF no haría sino duplicar esas infraestructuras existentes.
Solo tendría escasos efectos a corto plazo mediante la creación de empleos temporales en el sector de la construcción durante la construcción de la infraestructura. El coste público habría sido desproporcionadamente alto y España no consiguió demostrar que las ventajas del proyecto compensaran los costes de construcción y las pérdidas de explotación.
Así pues, la financiación pública crearía un falseamiento de la competencia, al subvencionar a un nuevo participante en el mercado. Por todo ello, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la ayuda es incompatible con el mercado interior y ha ordenado a España recuperar de ADIF los fondos que ya le han sido abonados.
