Esta semana el Parlamento europeo sesiona en Estrasburgo, uno de los temas que serán debatidos en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior es el informe de la Diputada Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Decisión marco 2004/757 / JAI del Consejo, de 25 de octubre 2004 que establece disposiciones mínimas sobre los elementos constitutivos de los actos delictivos y las penas en el ámbito del tráfico ilícito de drogas, en lo que respecta a la definición de droga.
El Parlamento Europeo quiere penalizar las nuevas sustancias psicotrópicas. Un sistema de alerta rápida permitirá evaluar y prohibir con mayor rapidez presuntas sustancias nocivas.
El Comité recomendó que la posición del Parlamento en primera lectura tras el procedimiento legislativo ordinario modifique la propuesta de la Comisión de la siguiente manera:
Adición de mezclas que contienen sustancias psicoactivas en la definición del término «droga» en el sentido del proyecto de directiva: los miembros añadieron una mezcla o solución que contenía una o más sustancias enumeradas en el proyecto de directiva a sustancias consideradas «drogas» en el sentido de el texto.
Sanciones: establecer normas mínimas comunes en toda la Unión sobre la definición de delitos de tráfico de drogas y las sanciones deberían contribuir en última instancia a la protección de la salud pública y la reducción de los daños relacionados con el tráfico y el consumo de drogas. Los miembros añadieron que la directiva no preveía la penalización de la posesión de nuevas sustancias psicotrópicas para uso personal, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a tipificar como delito la posesión de drogas para uso personal a nivel nacional.
Información: la Comisión debe evaluar el impacto de la Decisión marco 2004/757 / JAI sobre el suministro de medicamentos, incluso sobre la base de la información proporcionada por los Estados miembros. A tal fin, los Estados miembros deberían proporcionar información detallada sobre los canales de distribución de sustancias psicotrópicas en su territorio utilizados para el suministro de sustancias psicoactivas destinadas a la distribución en otros Estados miembros, como tiendas especializadas y minoristas en línea, así como sobre otras características de sus respectivos mercados de drogas. El OEDT debería ayudar a los Estados miembros a recopilar y compartir información y datos precisos, comparables y fiables sobre el suministro de medicamentos.
Al mismo tiempo, los Estados miembros deberían proporcionar a la Comisión datos sobre diversos indicadores de intervenciones policiales nacionales en su territorio, incluidas instalaciones de producción de drogas desmanteladas, delitos relacionados con el suministro de medicamentos, precios minoristas nacionales de los medicamentos y análisis forenses de incautaciones de drogas.
Actos delegados: la penalización de una nueva sustancia psicoactiva podría considerarse una mera medida de ejecución. Requería tener en cuenta las consideraciones pertinentes del derecho penal. Añadiendo al Anexo nuevas sustancias psicoactivas debe hacerse a través de un acto delegado.
La facultad de adoptar actos delegados debe aplicarse tanto a las enmiendas de los anexos de la decisión marco original como también, por extensión, a la definición del término «droga».
Entrada en vigor: los Estados miembros deben poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para aplicar las disposiciones de la Decisión marco a estas nuevas sustancias psicotrópicas dentro de los doce meses posteriores a la entrada en vigor de la enmienda al anexo.
Una estrategia inclusiva en la lucha contra las drogas: un nuevo considerando establecía que, para reducir efectivamente la demanda de nuevas sustancias psicoactivas que plantean graves riesgos sanitarios, sociales y de seguridad, se debería difundir información sobre salud pública basada en la evidencia y advertencias tempranas a los consumidores. Una parte integral de una estrategia inclusiva y participativa para prevenir y reducir el daño.
