La posición geográfica de Italia, desde siempre, la ha condicionado, siendo reconocida como cuna cultural, militar y política desde el Imperio Romano. Italia ha lidiado, hasta el día de hoy, con el desafío de mantener un equilibrio tanto con su continente, Europa, como con los países con los cuales comparte el Mediterráneo.
Los países más sensibles para Italia en el Mediterráneo, históricamente, son aquellos en los que se gestionan cuestiones migratorias y de seguridad. Entre estos destacan: Libia, debido a su papel como país de tránsito de migrantes hacia Europa y sus lazos económicos y energéticos con Italia; Túnez y Argelia, por las rutas migratorias que pasan por sus costas hacia Italia; Turquía, por su influencia en la región y los flujos migratorios hacia el sur de Europa; Egipto, debido a sus lazos comerciales, de seguridad y su proximidad al Canal de Suez; y Malta, como un punto clave de tránsito para los migrantes en el Mediterráneo central.
Muchos de estos países adolecen de una visión de desarrollo que supera el sentido del poder absoluto y del poder de las armas: el poder militar. Carentes de una sociedad civil consolidada, hemos presenciado los resultados de la «primavera árabe», que más tarde las mujeres cedieron, retirándose y entregando lo conseguido a los hombres árabes, quienes siguen su especialidad: la violencia.
Libia: Un país rico en recursos naturales, ha desarrollado un protagonismo en África. Es el “canal de salida de la migración africana a Europa”. En este contexto, se ha destacado Osama Elmasry Njeem, un general libio de la policía judicial, funcionario público de alto rango y líder de la rama de Tripoli de la Institución de Reforma y Rehabilitación, vinculada a 
las Fuerzas de Defensa Especiales (SDF), una milicia respaldada por el gobierno libio. Almasri está acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, tortura y violación, cometidos en el centro de detención de Mitiga, en Trípoli.
Italia mantiene una relación diplomática activa con Libia, centrada en la cooperación económica, energética y en la gestión de la migración. A inicios de enero de 2025, la empresa italiana Eni anunció una inversión de 8 mil millones de euros en Libia, en línea con el «Plan Mattei» para África, que busca fortalecer los lazos entre Italia y los países africanos. Sin embargo, la relación también ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de algunas organizaciones de derechos humanos, que han señalado preocupaciones sobre la gestión de la migración por parte de Libia y el trato a los migrantes en centros de detención.
Desde su entrada en el gobierno en octubre de 2022, Giorgia Meloni, con una larga experiencia en el Parlamento italiano desde 2006, es la primera mujer elegida para ocupar el cargo de presidenta del Consejo de Ministros. Llegó con un programa de gobierno y uno de sus objetivos es el “Plan Mattei”, una propuesta de campaña electoral para desarrollar África e impedir la migración a Europa. El Decreto-Ley n. 161/2023 establece las bases legales para el plan. En enero de 2024, se presentó durante el Vértice Italia-Africa en Roma, al que asistieron 46 países africanos y 25 organismos multilaterales. Es política nacional desde julio de 2024. Desde junio de 2025, es de incumbencia de la Unión Europea, y en el Vértice «The Mattei Plan for Africa and the Global Gateway», Giorgia Meloni y Ursula von der Leyen anunciaron acuerdos por un valor de aproximadamente 1,2 mil millones de euros.
Situación en Libia
La situación política en Libia es compleja y fragmentada, caracterizada por una lucha de poder entre dos gobiernos rivales y una creciente influencia de actores externos.
Gobierno de Unidad Nacional (GNU): Con sede en Trípoli y liderado por Abdul Hamid Dbeibah, este gobierno es reconocido internacionalmente por las Naciones Unidas. Sin embargo, su mandato expiró en diciembre de 2021, y desde entonces ha enfrentado desafíos para organizar elecciones y consolidar su autoridad.
Gobierno de Estabilidad Nacional (GNS): Formado en marzo de 2022 en Sirte, este gobierno es apoyado por la Cámara de Representantes, con sede en Tobruk, y el Ejército Nacional Libio (LNA) bajo el mando de Khalifa Haftar. Aunque no reconocido por la ONU, ejerce control efectivo sobre el este del país.
La intervención de actores internacionales ha exacerbado la situación. Turquía apoya al gobierno de Dbeibah, mientras que Rusia ha incrementado su presencia en el este del país, estableciendo vínculos con Haftar y sus aliados. Esta dinámica ha generado preocupaciones en Europa sobre la manipulación de flujos migratorios y la seguridad regional.
A pesar de los esfuerzos de la ONU para facilitar un proceso político inclusivo, las divisiones internas y la falta de consenso entre las facciones libias han retrasado la convocatoria de elecciones. La comunidad internacional sigue instando a un diálogo nacional para lograr una solución política sostenible. En resumen, Libia continúa enfrentando desafíos significativos en su camino hacia la estabilidad política, con una fragmentación interna y una creciente influencia de actores externos que complican aún más la situación.
Caso Almasri: Implicaciones para Italia y la Migración
Osama Almasri, cuyo nombre completo es Osama Elmasry Njeem, es un general libio de la policía judicial, funcionario público de alto rango y líder de la rama de Tripoli de la Institución de Reforma y Rehabilitación, actualmente en el cargo. Esta institución está vinculada a las Fuerzas de Defensa Especiales (SDF), una milicia respaldada por el gobierno libio. Almasri está acusado por la Corte Penal Internacional (CPI) de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, tortura y violación, cometidos en el centro de detención de Mitiga en Trípoli.
Tras asistir a un partido de fútbol de la Juventus, fue arrestado en Turín. No se ha especificado públicamente cuánto tiempo estuvo en Europa antes de su llegada a Italia. Se sabe que llegó a Turín con un auto con placa francesa. En Italia se reportó como un viaje turístico, pero su arresto y posterior liberación generaron controversia debido a su historial de abusos en Libia y su vinculación con grupos armados. La Corte Penal Internacional CPI emitió una orden de arresto contra Osama Elmasry Njeem el 18 de enero de 2025, acusándolo de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en la prisión de Mitiga, en Trípoli, desde febrero de 2015. Los cargos incluyen asesinato, tortura, violación y persecución, entre otros.
Pasados unos días de detención, Italia ordenó la repatriación de Almasri a Libia con un avión del Estado italiano. Italia justificó su decisión, argumentando que representaba un «peligro social», sin embargo, la CPI expresó su preocupación por la falta de cooperación de Italia. Sin duda, Italia optó por protegerse y no exponerse a represalias en un terreno que este país conoce bien.
Sin embargo, Libia, que ha sido un socio clave de Italia en términos de migración y seguridad, no mostró una colaboración efectiva con las autoridades italianas, mucho menos con la Corte Penal Internacional (CPI), es más, utilizó la situación para exhibir la liberación de Almasri como una victoria política del régimen libio, colocando y colocándose, Almasri, como un vencedor, transmitiendo una imagen de mayor efecto en Libia.
Este acto puede interpretarse como una clara señal de que Libia está más interesada en consolidar su soberanía y autoridad interna.
La Seguridad Nacional
Muchas veces, las acciones políticas en nombre de la seguridad del Estado se enfrentan a la justicia y afectan el cumplimiento de los derechos humanos. En muchos casos, las decisiones tomadas en nombre de la seguridad nacional pueden estar motivadas por la necesidad de proteger a los ciudadanos o asegurar el orden. Algunas veces son decisiones políticas para garantizar la seguridad pública y evitar un desastre mayor, ya sea en forma de terrorismo, inestabilidad social o colapso sanitario. Sin embargo, también obliga a plantearse preguntas importantes sobre el equilibrio entre la seguridad y los derechos civiles.
La seguridad pública, cuando se enfrenta a amenazas inminentes, a veces requiere de acciones excepcionales que pueden afectar las libertades individuales, pero estas decisiones deben ser proporcionales, temporales y con transparencia, para evitar que se conviertan en abusos de poder.
Estado del Arte del Caso Osama Almasri Najim
La repatriación de Almasri tuvo su fundamento en la Corte de Apelación de Roma, quien ordenó la liberación de Osama Elmasry Njeem (también conocido como Almasri) el 21 de enero de 2025 debido a irregularidades en el proceso de arresto, específicamente la falta de una solicitud formal del Ministerio de Justicia italiano. Posteriormente, el Tribunal de Ministros abrió una investigación por presunta complicidad en crímenes de guerra y lesa humanidad, inicialmente incluyendo a la primera ministra Giorgia Meloni.
Sin embargo, el 4 de agosto de 2025, el Tribunal de Ministros archivó la posición de Meloni, concluyendo que no estaba informada ni involucrada en la decisión de liberar y repatriar a Almasri. Por otro lado, se solicitó la autorización para proceder con el juicio contra tres ministros:
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Carlo Nordio, Ministro de Justicia.
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Matteo Piantedosi, Ministro del Interior.
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Alfredo Mantovano, Subsecretario de Estado con delegación en los servicios de inteligencia.
Las acusaciones contra ellos incluyen favorecimiento personal agravado, peculato agravado (en el caso de Piantedosi y Mantovano) y negativa a actos de oficio agravada (en el caso de Nordio).
El proceso parlamentario para autorizar el juicio está en curso. La Comisión de Autorizaciones de la Cámara de Diputados debe emitir un informe antes de finales de septiembre, y la votación final en el pleno está prevista para octubre, con votación secreta en el Parlamento.
Giorgia Meloni, ha excluido que ella no estuviera al corriente de las decisiones, pues es la jefa de Gobierno que toma decisiones en forma colegial con sus Ministros. No ha aceptado ser excluida del proceso, y asegura que estará sentada defendiendo la unidad de su gobierno. Su decisión se contrapone abiertamente al comportamiento desleal de Giuseppe Conte hacia Matteo Salvini, a quien dejó ejecutar una disposición tomada durante el ejercicio de su presidencia.
En última instancia, Giorgia Meloni tendrá que rendir cuentas de sus decisiones, como cualquier líder político en un sistema democrático. Sin embargo, no se percibe en su postura un intento de favorecer a nadie, sino una búsqueda de equilibrio entre la seguridad nacional y el respeto por las instituciones. En este caso, es comprensible que la balanza se incline hacia la seguridad nacional, dada la complejidad de las relaciones con Libia y las implicaciones para el control de la migración. Si bien la Magistratura está encargada de velar por la justicia, a veces parece que intenta comprender las decisiones políticas en un contexto donde la seguridad del Estado es prioritaria. Esta percepción ha llevado a Meloni a declarar que algunos magistrados se comportan como si estuvieran politizados, lo que genera tensiones sobre la autonomía de la justicia y el papel de la política en la toma de decisiones cruciales para la nación.
Entre septiembre y octubre, conoceremos con mayor claridad lo que realmente significa la política de equilibristas que Italia debe asumir. Un país que, a pesar de carecer de recursos suficientes, se ve obligado a navegar un delicado equilibrio entre la seguridad nacional y las presiones internacionales. En este contexto, la actitud pragmática de Italia, sumada a su actitud amigable hacia los países vecinos de la otra orilla del Mediterráneo, será fundamental para que Italia mantenga una posición estratégica sólida. Aunque el camino es arduo, el compromiso del país con la comprensión mutua y la cooperación regional le permitirá gestionar sus intereses en una región compleja, fortaleciendo sus lazos internacionales mientras protege los intereses nacionales.
